24 abr. 2018

El voto de la Ministra Rosa Weber en el habeas corpus de Lula



Gran debate entre los amigos Conrado Hubner y Miguel Godoy! Ejemplo excepcional (acá y allá) de lo que pueden hacer los buenos juristas

Conrado: https://epoca.globo.com/politica/Conrado-Hubner/noticia/2018/04/colegialidade-solitaria.html

Miguel y Luiz Henrique: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/uma-ode-ao-direito-processual-constitucional-21042018

23 abr. 2018

Holanda es un narcoestado

https://www.clarin.com/politica/patricia-bullrich-holanda-narcoestado-mismos-funcionarios-dicen_0_Bkr_l6c2z.html

Excelente excusa para remover de una vez a la Ministra! El tiempo es hoy, el momento es ahora!

22 abr. 2018

PROFESORAS Y PROFESORES DE DERECHO POR EL ABORTO LEGAL



Celebramos la apertura del debate en el Congreso para modernizar la regulación del aborto porque representa un avance en la obligación de respetar, promover y garantizar los derechos de las mujeres.
La legislación vigente desde hace casi un siglo, ya establece un conjunto de casos en los que el aborto es legal (ante el peligro para la vida o la salud de la mujer, o violación). Referirse de forma excluyente a normas que amparan la protección de la vida gestacional o al comienzo de la vida no aporta una comprensión completa de la cuestión, porque de las aludidas reglas no se desprende ninguna obligación estatal a la punición.

Las y los juristas aquí firmantes consideramos un deber profesional encarar este diálogo postergado para actualizar la legislación basándonos en la Ley fundamental y los instrumentos internacionales de derechos humanos que gozan de jerarquía constitucional, sin ignorar la jurisprudencia nacional e internacional que ha interpretado estas normas.

Ni la Constitución ni los instrumentos internacionales de derechos humanos ni las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) han establecido un deber de aplicar el derecho penal en relación al aborto. La CSJN en el fallo F., A.L. (2012) como la CoIDH en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica (2012), han afirmado el deber de conjugar los derechos de las personas a la dignidad, la igualdad y la libertad frente al interés en la protección de la vida gestacional. En el caso F., A.L., la CSJN ha considerado que la ponderación entre los derechos de las mujeres y la protección de la vida intrauterina es competencia del poder legislativo democrático. Nuestro Congreso evalúa hoy la regulación jurídica adoptada en 1921 que dio lugar a un régimen que ha vulnerado los derechos de las mujeres sin detener el incremento del número de abortos.

Nuestra Constitución exige que la regulación de los intereses en juego tome seriamente los derechos de las mujeres, ampliados en la reforma de 1994 con la prescripción de promover la igualdad entre los sexos contenida en el artículo 37, en el 75 inciso 23, y en los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana de Derechos Humanos, por ejemplo.

El Congreso debe además tener en cuenta que diversos organismos internacionales de derechos humanos han reclamado a la Argentina el abandono del derecho penal en la regulación del aborto por resultar violatorio de derechos fundamentales de las mujeres. Deberá considerar, al mismo tiempo, que las democracias constitucionales más avanzadas tienden a reducir o abandonar la penalización, probadamente ineficaz.

Tomarse en serio el compromiso con la vida implica adoptar medidas efectivas para reducir los abortos inseguros: mejores políticas sociales, educación para la sexualidad, acceso a un menú amplio de opciones y consejerías anticonceptivas, servicios de aborto legal y un sistema integral de cuidados para que las personas vivan sus experiencias parentales en un contexto de igualdad. El derecho penal no es el camino.

Víctor Abramovich (Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Lanús)
Hugo Acciarri (Universidad Nacional del Sur)
Javier Aga (Decano Facultad de Derecho, Universidad Nacional del Litoral) Marcelo Alegre (Universidad de Buenos Aires)
Gonzalo Alvarez (Universidad de Buenos Aires)
Silvina Alvarez (Universidad Autónoma de Madrid)
Gabriel Ignacio Anitua (UBA/UNPaz)
Sebastián Arruiz (Universidad Nacional del Sur)
Virginia Badino (Universidad de Buenos Aires)
Mary Beloff (Universidad de Buenos Aires)
Fabiana Berardi (Universidad Nacional de la Pampa)
Paola Bergallo (Universidad Torcuato Di Tella, CONICET)
Cecilia Bertole (Universidad Nacional de la Pampa)
Juan Bertomeu (Instituto Tecnológico Autónomo de México)
Mónica Blanco (Universidad Nacional del Sur)
Cristina Bonavento (Universidad Nacional del Sur)
Hernán Bouvier (Universidad Nacional del Sur)
Emiliano Buis (Universidad de Buenos Aires)
Eugenio Bulygin (ExDecano Universidad de Buenos Aires-Derecho)
Alejandro Salvador Cantaro (Universidad Nacional del Sur)
Ricardo Caracciolo (Universidad Nacional de Córdoba)
Nancy Cardinaux (Universidad de Buenos Aires-CONICET)
Carlos Alberto Carnevale (Universidad Nacional del Sur)
Laura Clérico (Universidad de Buenos Aires-CONICET)
Lucía Colombato (Universidad Nacional de la Pampa)
María Graciela Cortazar (Universidad Nacional del Sur)
Aníbal D’Auria (Universidad de Buenos Aires)
Pablo Di Geronimo (Universidad Nacional del Sur)
Carolina Duprat (Universidad Nacional del Sur)
Diego Duprat (Universidad Nacional del Sur)
Carlos Espósito (Universidad Autónoma de Madrid)
Martín Farrell (Universidad de Buenos Aires)
Raúl Gustavo Ferreyra (Universidad de Buenos Aires)
Sandra Frustagli (Universidad Nacional de Rosario)
Silvia Gabriel (Universidad de Buenos Aires)
Roberto Gargarella (Universidad de Buenos Aires-Universidad Torcuato Di Tella) Mariano Genovesi (Universidad de Buenos Aires)
Laura Giosa (Decana Universidad Nacional del Centro, Universidad de Buenos Aires) Marisa Herrera (CONICET, Universidad de Buenos Aires)
Matías Irigoyen Testa (Universidad Nacional del Sur)
Aída Kemelmajer (Universidad Nacional de Cuyo, Academia de Derecho)
Máximo Langer (University of California Los Angeles-Derecho)
Adelina Loiano (Universidad de Buenos Aires)
Natalia Luterstein (Universidad de Buenos Aires)
Julio Maier (Universidad de Buenos Aires)
María Amelia Marchisone (Universidad Nacional de San Luis)
Florencia Marotta-Wurgler (New York University)
Francisco Marull (Universidad Nacional de la Pampa)
Claudio Martyniuk (Universidad de Buenos Aires)
Alejandro Osio (Universidad Nacional de la Pampa)
Laura Pautassi (Universidad de Buenos Aires-CONICET)
María Victoria Pellegrini (Universidad Nacional del Sur)
Mónica Pinto (exDecana Universidad de Buenos Aires-Derecho)
Marcelo Raffin (Universidad de Buenos Aires)
Maximiliano Rusconi (Universidad de Buenos Aires)
Roberto Saba (Universidad de Buenos Aires-Universidad de Palermo)
María Victoria Schiro (Universidad Nacional del Centro)
Martín Sigal (Centro de Derechos Humanos, UBA-Derecho)
Ignacio Tedesco (Universidad de Buenos Aires)
Pamela Tolosa (Decana Facultad de Derecho, Universidad de Bahía Blanca)
Eduardo Rivera López (Universidad Torcuato Di Tella)
Andrés Rosetti (Universidad Nacional de Córdoba)
Guillermo Treacy (Universidad de Buenos Aires)
Leandro Vergara (Universidad de Buenos Aires-Decano Universidad de Palerrmo)
Marta Vigevano (Universidad de Buenos Aires)
Guillermina Zabalza (Universidad Nacional del Centro)
Raúl Eugenio Zaffaroni (Universidad de Buenos Aires)
Silvina Zimmerman (Universidad de Buenos Aires)

17 abr. 2018

Nueva sesión sobre el aborto, en Diputados

Buenos testimonios de Agustina R.M., y Natalia V. Felicitaciones a ellas!

12 abr. 2018

Tremenda columna sobre Lula

De lo mejor escrito sobre el tema, en El País, acá

Presentación sobre el aborto en el Congreso




Dado que ya se han expuesto muchos de los argumentos más importantes y conocidos a favor de la despenalización del aborto, quisiera concentrarme en tres cuestiones menos exploradas, relacionadas con las ideas de democracia, derechos, e interpretación del derecho.

Comienzo haciendo referencia a la cuestión democrática, que sintetizo en este argumento: la validez jurídica de una norma depende de que ella se apruebe con el acuerdo de las personas a las que la norma afecta. Para decir lo mismo con un ejemplo: si en la Sudáfrica de hoy rigiera una ley sobre la discriminación racial, escrita exclusivamente por la minoría blanca, ello no representaría, simplemente, un insulto legislativo hacia la mayoría de color. Estaríamos frente a una ley afectada en su validez jurídica, que debería ser repudiada en términos democráticos. Y ello así, porque la validez de una ley no deriva de la mera circunstancia de que una determinada cantidad de manos se levanten al mismo tiempo para sancionarla. La vigencia de una ley puede depender de la fuerza en que se apoya; pero su validez –que es lo que nos importa- depende del acuerdo democrático que la sostiene. Se trata de un principio ya instalado en el derecho argentino. Piénsese en las obligaciones que fija la Constitución, en relación con las comunidades indígenas, en el art. 75 inc. 17 de la Constitución, o a través las exigencias del Convenio 169 de la OIT: hoy, en la Argentina, las normas que afectan a tales comunidades no son válidas, si sus miembros no son consultados por anticipado.

La normativa que rige el aborto en la Argentina, es producto de un acuerdo celebrado en 1921, por varones acomodados y de religión católica, en la mayoría de los casos. No se trata de que los varones y los católicos no deban formar parte del acuerdo al que hoy podamos llegar sobre el aborto. Se trata de que ellos no pueden seguir siendo dueños exclusivos de ese acuerdo, menos aún marginando a quienes más van a sufrir las consecuencias de lo que ellos decidan. Por lo dicho, las normas que regulan el aborto en la Argentina, no son sólo vetustas o desafortunadas. Se trata de normas impugnables jurídicamente, y que este Congreso tiene la obligación de reemplazar -reemplazar por otras, informadas, ahora sí, por la voz de una diversidad antes ignorada. Al respecto, la legislatura deberá tomar nota, de una vez por todas, del histórico compromiso asumido por nuestra Constitución a favor de los derechos de las mujeres. Léanse, sino, artículos como el 37, o el 75 inc. 33, en su reclamo por una “igualdad real de oportunidades”, o en su insistencia (y esto es notable, por segunda vez en el mismo texto) sobre la promoción de acciones positivas para las mujeres. Pocos documentos en el mundo, como nuestra Constitución, han puesto su foco tan claramente sobre las mujeres, para definir, a partir de ellas, cuáles son las precondiciones que debe cumplir todo acuerdo democrático. La legislación sobre el aborto, en consecuencia, debe aprobarse atendiendo a esos claros reclamos constitucionales.

Luego de estas notas sobre el principio democrático, querría decir algo sobre la cuestión de los derechos. Contra la tradición del derecho natural, conviene decir que los derechos no se descubren en el firmamento, como las estrellas o los planetas. Por el contrario, y como dijera Carlos Nino,  los derechos representan uno de los más grandes inventos de la humanidad –son creaciones nuestras. Por ello tenemos el deber de discutir sobre los derechos, como aquí lo venimos haciendo.

En segundo lugar, diría algo relacionado con la posibilidad de decidir democráticamente sobre los derechos. Hoy existe una clara mayoría social que apoya el aborto, por lo cual los demócratas que estamos a favor de la despenalización podríamos ahorrarnos el esfuerzo argumentativo, llamar a una consulta popular, e imponer por la fuerza de la democracia nuestra decisión sobre los restantes. Pero no es eso lo que debemos hacer, ni es lo que estamos haciendo: debemos resolver los profundos desacuerdos que tenemos sobre los derechos, no a través de la fuerza, sino conversando democráticamente. No debemos hacer nosotros lo que una minoría ha venido haciendo hace siglos, con los derechos de las mujeres.

Cuando reconocemos el derecho fundamental que tenemos, de discutir y regular los derechos, avanzamos de un modo significativo en discusiones como las que aquí se celebran. Permítanme dar un ejemplo de lo que digo: en su presentación frente a esta Sala, la constitucionalista María Angélica Gelli dio uno de los pocos argumentos contrarios al aborto merecedores de atención. Ella sostuvo que quienes defienden el aborto a partir del art. 19, construyen su postura asumiendo que dicho artículo sólo habla del principio de autonomía, y olvidando que el mismo establece un límite fuerte en el "daño sobre terceros" El problema del argumento de Gelli (que depende del controvertido supuesto según el cual el embrión es constitucionalmente un tercero) es que desestima nuestro derecho a regular los derechos –a regular, en este caso, el "daño a terceros". Para que se entienda lo que digo: el art. 19 de ningún modo establece que nuestras acciones no pueden afectar a terceros; ni dice que toda acción que perjudique a un tercero deba resultar prohibida o penada. Por ejemplo, el derecho de huelga, como el derecho a la crítica política, están constitucionalmente protegidos, por más que su ejercicio legítimo pueda perjudicar muchísimo a muchos terceros. Más todavía, en casos como los citados, la protección del derecho original (a la expresión, o a la huelga) puede desplazar por completo al derecho afectado de los terceros (por ejemplo, mi derecho a la crítica política es susceptible de desplazar por completo el derecho al honor del funcionario público involucrado). Todo depende, entonces, del tipo de derechos de los que hablamos, y de las formas particulares en que los regulemos. La discusión no se termina, entonces, sino que recién comienza, cuando se alude a los daños sobre terceros.

Finalmente, me referiré brevemente a la cuestión interpretativa. De las muchas teorías que hoy coexisten, en materia interpretativa, hay dos en particular que se destacan. Por un lado, encontramos a quienes consideran que la interpretación constitucional es una ciencia que se encuentra a cargo de los científicos del derecho. Por otro lado, muchos pensamos que la interpretación del derecho depende de nuestros más profundos acuerdos colectivos. En estos días, escuchamos numerosas posturas del primer tipo: juristas que interpretan a la Constitución combinando normas de jerarquía por completo disímil, y ofreciendo datos inverosímiles: juristas que al final del día nos revelan el significado verdadero del derecho, que ellos conocen y todos los demás, supuestamente, desconocemos.

Piénsese, por caso, en la argumentación presentada aquí por Rodolfo Barra. Barra ofreció una lectura interpretativa que convierte al bloque constitucional en un manojo de reglas estrictas con respuestas cerradas. Presentó como universal una posición que era la suya propia; extraña para cualquier otro; ciega a la jurisprudencia de nuestra Corte; y ajena a lo dicho por la Corte Interamericana. Si se me permite, se trató de un ejercicio similar al de épocas pasadas, cuando encontrara en la Constitución un derecho de re-reelección que ningún otro sabía que estaba. Pero el punto que quiero hacer es otro. Quiero decirle a los legos que pueden quedarse tranquilos: la Constitución no es, como la presentan algunos, un coto de caza con acceso restringido. Mucho menos en casos como éstos, en los que no hablamos de reglas fijas, sino de estándares abiertos -autonomía, igualdad, daños- que hacen un llamado para que, entre todos, argumentemos. El significado de la Constitución, en casos como el del aborto, caracterizados por un profundo desacuerdo moral que nos atraviesa enteros, no debe entenderse nunca como dependiente de códigos secretos; conversaciones privadas; o historias que desconocemos. El significado de la Constitución depende de los acuerdos a los que lleguemos, de forma abierta, inclusiva y franca. Por ello mismo, definir hoy lo que dice nuestro derecho, en materia de aborto, exige que escuchemos con especial cuidado a las voces que hasta hoy hemos acallado: las voces de las abusadas, las explotadas, las maltratadas, las humilladas y las ofendidas. La legislación del aborto, que hoy tenemos, como la que autoriza disparidades salariales, o la que se desentiende de la violencia de género, son resultado directo de esa exclusión que viene dándose en los hechos. La igualdad necesita de otro derecho. Otro derecho debe ser posible.

11 abr. 2018

Mañana en el Congreso

Mañana jueves, desde las 930 de la mañana, en el Congreso, discutiendo sobre el aborto

10 abr. 2018

El argumento de Gelli sobre el "daño a terceros"

La querida colega M.A.Gelli, en su exposición "contra" el derecho al aborto (puede verse alrededor del min. 23, acá), critica a algunos amigxs, en la lectura que hacen del art. 19, y el derecho a la privacidad (Gelli menciona otros argumentos, pero me concentro en éste, que me parece el único realmente sustantivo). Quienes defienden el aborto a partir del art. 19 -señala Gelli- construyen su argumento asumiendo que el artículo sólo habla del principio de autonomía, y levantan desde allí un sistema entero destinado a proteger la autodeterminación de la mujer. Se olvidan, sin embargo -agrega- que el art. 19 establece un límite a la autonomía, en el "daño a terceros". La presencia de una "persona humana," entonces, impediría el avance o la simple consagración del derecho a la autonomía, ya que de ese modo, lo que parecía una acción "privada" permisible, colisiona en verdad con los derechos de un tercero.

Ahora bien (más allá de que su argumento depende de una noción polémica de "persona humana"), no entiendo el sentido y no veo el peso, del argumento de "daño a terceros" de Gelli (que me recuerda a los tristes momentos en que teníamos que defender el derecho a la protesta -aquí también, debo decir, en crítica a M.A.G.). Lo que hace la Constitución en el art. 19 es proteger "las acciones privadas" de las personas que de ningún modo "perjudiquen a un tercero", definiendo de ese modo a la idea de la autonomía. Ello no significa que las acciones de las personas no puedan perjudicar (constitucionalmente) a un tercero; ni que toda acción que perjudique a un tercero deba considerarse prohibida. Como siempre: el derecho de huelga está constitucionalmente protegido, aunque su ejercicio legítimo puede perjudicar muchísimo a muchísimos terceros. La crítica política radical, o la caricatura, pueden -como sabemos- destrozar la carrera pública de un candidato, o aún de un Presidente. Pero nada de todo eso significa que no se pueda "perjudicar" a terceros, de un modo constitucionalmente amparado; ni implica, en absoluto, que no puedan regularse legalmente los modos permisibles de la afectación a terceros (i.e., regular las ofensas al honor, conforme a si la persona afectada es un funcionario público; una figura pública; o un simple particular; etc.). En definitiva, se puede defender la autodeterminación de la mujer, y regular cualquier afectación real, potencial, posible, sobre terceros. Más todavía, en honor de la autonomía, esa regulación puede implicar el completo desplazamiento del derecho del tercero involucrado (i.e., se acepta que la crítica política desplace el afectado derecho al honor del funcionario público).

Aborto: Los debates de hoy


qué generación: Paola, Marcelo, Martín!

Hoy en el Congreso: Alegre sobre el aborto

Vamos compañero!

Exposición sobre la despenalización del aborto en la Cámara de Diputados.
Marcelo Alegre (UBA)

1. No hay honor mayor para un ciudadano que ser consultado por las y los representantes del pueblo. Nada tengo que agregar sobre las razones para el aborto legal dadas por las mujeres que hace años vienen bregando por este avance, que significaría, tal vez, nuestra entrada jurídica al mundo desarrollado. Sí quisiera referirme al contexto en qué se da este debate, la necesidad de buscar puntos de coincidencia y entender los límites del Congreso en esta materia.

2. El primer punto de coincidencia es que todos, de uno u otro lado, queremos que se produzcan menos abortos. Lo que debemos resolver es cuál es el camino más eficaz para este fin ante el fracaso evidente de la criminalización, que al hacer de muchos abortos una práctica clandestina ha venido poniendo en riesgo la vida, la salud y la autonomía de las mujeres. Las democracias más desarrolladas tienden a reducir los abortos concentrando sus recursos (siempre limitados) en políticas de salud, sociales, educativas, etc. El Dreceho Penal no es la solución.

3. La apertura de este debate no implica que el Congreso pueda legislar en cualquier sentido. Existen límites constitucionales a este debate. Ni la Constitución ni los tratados exigen criminalizar los abortos, como quedó claro en la discusión en la Convención de 1994. Los juristas tienen derecho a brindar su propia lectura de la Constitución y los tratados, pero tenemos la responsabilidad profesional de no ignorar la jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana, que han dicho que la criminalizacion absoluta, que muchos aún defienden, viola los derechos humanos de las mujeres.

4. Quienes se oponen a modernizar nuestra legislación insisten con la idea de que los embriones y fetos son “niños pequeños”. Este Congreso no puede derogar la Ley de Gravedad, y tampoco puede transformar un embrión en un niño. Si tomamos en serio este argumento de que el embrión es un niño, de él se seguirían algunas consecuencias absurdas (deberíamos celebrar los cumpleaños 9 meses antes) pero sobre todo algunas consecuencias terriblemente crueles con las mujeres. Si el embrión es un niño pequeño, el aborto debería castigarse como un homicidio y deberían eliminarse las excepciones hoy vigentes. Ninguna mujer podría abortar, incluso en caso de haber sido violada o si su salud corriese riesgos. Y en caso de riesgo para la vida, lo consistente sería tirar una moneda. ¿Por qué insisten con un argumento cuyas implicancias son absurdas, y que conllevaría a retrasar el reloj de la historia un siglo, al momento anterior a 1921 en que se reconocieron permisos para ciertos abortos? Este es el momento para la moderación y el encuentro. Si la penalización ha fracasado, si se trata de una norma casi en desuso, ¿por qué insistir con la estrategia represiva? ¿No será tal vez que la única motivación es el extremismo ideológico?

5. Esta discusión implica un paso más en la lenta secularización jurídica de la Argentina, el proceso por el cual la sociedad asume la regulación de sus problemas, dejando de lado el rol tutelar de una religión en la vida civil. Algunos hitos son: Las reformas al clero de Bernardino Rivadavia, la Constitución de 1853 en la que la mayoría liberal impuso el respeto a la libertad de cultos y limitó la relación entre Estado y catolicismo al plano económico; la ley 1420 que prohibió la enseñanza religiosa en horario de clases, la ley de divorcio, la ley de matrimonio igualitario. Todas estas normas tienen en común el rechazo a la imposición a la sociedad de las pautas morales de una religión. Ahora bien, todos estos logros fueron protagonizados por una mayoría católica y pluralista, sin la cual el progreso sería mucho más lento. Hoy la mayoría católica y tolerante debe protagonizar este nuevo avance. En 2018 la Iglesia no puede pretender seguir regulando la sexualidad y la reproducción de una sociedad plural, tolerante y multirreligiosa.

6. Ojalé este debate aporte elementos para que el gobierno apoye la despenalización sin reservas. El Presidente se ha definido como un feminista tardío. El feminismo es incompatible con la penalización del aborto, que juega un rol clave en la subordinación de las mujeres, afirmando el dominio estatal sobre sus cuerpos, limitando su libertad reproductiva, y acentuando su desigualdad de oportunidades. Esperemos que finalmente el Presidente abandone el eslogan “Estoy por la vida”, que no es más que un insulto y acompañe y respalde como corresponde a sus ministros de Salud y Seguridad, que ya se han pronunciado sobre la irracionalidad de penar los abortos.

7 Este tema exige una alta responsabilidad política. Se ha dicho que los legisladores deben votar con libertad de conciencia. En esta cuestión no está en juego la conciencia. Un ejemplo de problema de conciencia es qué le diríamos a una hija que considera abortar. Sería necio pretender legislar una respuesta única a esa situación.

Pero la cuestión a resolver por el Congreso es muy diferente: ¿Debemos continuar como sociedad utilizando la fuerza del Estado para amenazar con una pena a las mujeres que abortan? Esta es una cuestión política, que afecta a religiosos y no religiosos. Por lo tanto los partidos deben pronunciarse orgánicamente.

8. Una segunda manera de eludir la responsabilidad es proponer, en esta etapa, un referendum. Un referendum es un último recurso, cuando las instituciones representativas han fracasado. No nos adelantemos. Que los representantes trabajen, cumplan su rol de deliberar y legislar y no le devuelvan la pelota a la sociedad.

8. Termino con una cita de un gran estadista, profundamente católico pero cuyo compromiso con el derecho, con la igualdad, con la libertad, siempre estuvo por encima de su pertenencia religiosa. “Estamos defendiendo la vida y estamos trabajando de la manera más importante, que es la única que concebimos como posible para que se evite la tragedia del aborto, pero no a través de la penalización, sino del auxilio y la asistencia del Estado argentino” (Raúl Alfonsín, 1994)

8 abr. 2018

Lula libre (pd: Malamud)



Unas pocas, breves, reflexiones personales sobre la cárcel a Lula

La prisión a Lula no me satisface, por varias razones, empezando por la más básica, y es que no creo en el poder disuasivo de la cárcel, ni la considero una buena herramienta para reprochar nada a nadie. Me parece un resabio de irracionalidad pre-moderna,

Políticamente, la prisión a Lula tampoco me alegra porque –más allá de todo lo que legítimamente puede reprochársele a Lula- él llegó a simbolizar la posibilidad de la integración social a través de la política; en donde él mismo corporizó la posibilidad del cambio social “desde abajo.”

Las “discusiones” que se han promovido en estos días, desde la izquierda, en contra del proceso a Lula, generan una enorme tristeza, y dan para pensar que no tenemos salida decente desde la izquierda. Para negar lo que no le gusta –la corrupción atroz; la derechización del PT; el valor del proceso a Lula- la izquierda sigue pasando de la ceguera (“no veo lo que no quiero ver”), a la lectura conspirativa (“los militares, el sionismo y los medios, en combinación con los Estados Unidos…”), al malabarismo técnico-jurídico, del que se mofaría en cualquier otro caso.

De lo mucho que habría que decir  respecto de quienes vienen condenando a Lula (uno tras otro), diría lo siguiente: Moro no es un juez de derechas, ni corrupto, sino un juez de perfil alto, admirador del “mani pulite” italiano. La Cámara Federal que condenó con sentencia firme a Lula, lo hizo en un proceso absolutamente impecable, y a través de un grupo de jueces no-partidarios e irreprochables (quien niegue este hecho crucial, por favor, que aporte algún buen dato). Finalmente, Lula acaba de perder el hábeas corpus en el Supremo Tribunal Federal con el voto en contra de jueces decentes, nombrados por él (¡!): Fachin, Fux, Barroso, Carmen Lucia, y Rosa Weber. Mientras tanto, los votos a favor de Lula, fueron por jueces nombrados por la oposición (supuestamente golpista): Marco Aurelio, Celso de Mello, y Gilmar Mendes, el juez más controvertido (uno de los pocos que carga con graves acusaciones de corrupción sobre sus espaldas). Es decir, quien quiera decir que la condena a Lula provino de jueces políticamente dependientes, habla pensando en la Argentina, y no informado a partir de Brasil. Y quien quiere asociar a las decisiones del máximo tribunal con una conspiración de la derecha golpista, tiene un caso difícil: los votos debían haber sido exactamente al revés!!!

Quien quiera leer el reciente fallo del STF, lo encuentra acá:
http://thomsonreuterslatam.com/wp-content/uploads/2017/07/sentenc3a7a-lula.pdf y un excelente resumen de la prueba documental encontrada, en el parágrafo 418 (gracias Eze M.). No se ve en absoluto la gran arbitrariedad que algunos denuncian, y se desmiente la idea acerca de la "ausencia de prueba".

Dos sobre Lula y el PT: una por izquierda, y otra por derecha. Primero, por izquierda. Es imperdonable, inaceptable, intolerable, que un líder de izquierda se haya involucrado tanto (él y con él a toda la izquierda) en actos de corrupción, como lo hizo Lula. No lo digo por el caso del tríplex, que me tiene sin cuidado, sino por haber montado, con José Dirceu, el “mensalao”(10.000 US por mes, financiado por bancos, a los legisladores que compraban –desde el 2003 al 2005, en que estalla el escándalo, al menos). Así se apuntala y fortalece a la clase política corrupta que hoy todos denunciamos como vergüenza mundial. El monstruo actual tiene mucho que ver con la creación de corrupción de ayer, inédita en la historia de Brasil (es interesante el testimonio de Fernando H. Cardoso al respecto: él, que no era ningún santo, no podía creer los límites que se había animado a atravesar el “mensalao”).

La otra sobre Lula y el PT, desde la derecha (aunque la consolidación de una clase corrupta es de por sí un gesto indigno de la izquierda): Por influencia de Lula y de su partido, Dilma llegó al gobierno con Michel Temer de vicepresidente; el banquero Joaquim Levy en Hacienda; y Nelson Barbosa, también de derechas, en Planificación.*1 Es decir: a la lectura sobre la “conspiración de la derecha,” debe advertírsele que ni el programa económico de derechas que hoy rige, ni mucho menos el impresentable de Michel Temer, fueron inventos o imposiciones de la derecha. Se trató del típico caso de la izquierda devenida, a su pesar, con gusto o con sarna, paulatinamente en derecha.

Políticamente, no veo nada peor en Brasil que la derecha actual en el gobierno, a la vez que no recuerdo un clima político más contaminado de racismo y clasismo en ese país. Al mismo tiempo, deseo larga vida (y recuperación definitiva) para las políticas de integración social promovidas por Lula, en su momento: la memoria del pueblo no olvida ni olvidará nunca lo bueno que se hiciera desde el gobierno de Lula. Sin embargo, el precio a pagar no puede ser nunca el que la izquierda pagó con creces: primero entregó la decencia; y luego, a sus propios compromisos ideológicos. 


(*1 Aunque repudió la decisión del STF, Myriam Bregman sostuvo, de modo coincidente "Esto lo decimos siendo desde la izquierda opositores a Lula y su partido por tener responsabilidad política en todo el desarrollo de los acontecimientos y el avance de la derecha, empezando porque han gobernado con ella").

pd.: Interesante artículo de Andrés Malamud sobre el tema, acá

7 abr. 2018

El huevo de la serpiente

Mucho de lo "nuevo" y "malo," acá
https://www.lanacion.com.ar/2123452-correo-la-agn-ignoro-un-informe-critico-hacia-el-gobierno

"La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó dos informes sobre la deuda del Correo, la firma que administra la familia Macri, pero evitó pronunciarse sobre el concurso que tramita en la Justicia, el expediente judicial que generó un escándalo hace un año."

6 abr. 2018

Cómo no pensar la justicia en Brasil

https://www.pagina12.com.ar/106129-ficciones-judiciales (texto de E.Barcesat, en P12)

Ejemplo de jurista argentino, en el periodismo argentino, hablando del derecho extranjero: comentario vacuo, superficial, sin un dato, mal escrito, apresurado, demagógico, sobre-actuado, lleno de adjetivos, carente de ideas, políticamente sesgado, interesado únicamente en decir que "todo es lo mismo," y que la justicia brasileña reproduce las vergüenzas (actuales, porque las pasadas no las veía) de la justicia argentina. El jurista infiere lo que se le ocurre, de lo que tiene ganas, para llegar a la conclusión que ya tenía pensada, antes de confrontar los hechos ("Qué le impuso a la magistrada apartarse de su propia doctrina? Ciertamente, la infición del poder político, mediático –y también militar"). Todo el artículo fue escrito para concluir con esta frase: "Igual ocurre en la Argentina, con la persecución política a los funcionarios de mayor jerarquía del ex gobierno". Artículo-papelón, pero al mismo tiempo típico en cierta clase de "profesionales" locales, afectados todavía por el virus de la década anterior. 

Lo cierto es que los jueces, en Brasil, se eligen a través de concursos muy exigentes, de un modo (tal vez demasiado) profesionalizado, que evita lo que es distintivo de países como el nuestro, Bolivia, Venezuela o Ecuador, en donde la selección de los jueces tiene un carácter abiertamente político, lo cual ayuda a generar (junto con otros pésimos incentivos, que incluyen a la actuación de los servicios de inteligencia), y como resultado esperable, la politización de la justicia, vínculos directos y estables con el poder.

En los hechos, el TSF de Brasil tomó una decisión que estaba habilitada a tomar; que hubiera sido polémica en cualquier caso; que fue sostenida por algunos de sus mejores integrantes (incluyendo a Barroso, Fachín, Carmen Antunes), honestos y bien formados; y rechazada en sus votos por algunos de sus miembros más cuestionados, incluyendo al personaje más cuestionado y polémico del tribunal (Gilmar M.), que lideró la votación A FAVOR de Lula. En sus instancias inferiores, la justicia brasileña combina jueces probos, progresistas, honestos, con jueces muy conservadores, burocráticos, y profesionales. Un poco de todo, pero, subrayaría, con ausencia mayor de lo que en la Argentina es presencia mayor: jueces preparados para servir a quienes los nombraron, o interesados en no ser sujetos a sanciones por el poder de turno.

En definitiva, otra falta de respeto, propia del derecho y el periodismo locales. 

4 abr. 2018

Gradualismo/ Independencia Judicial/ Más democracia/

Reportaje extenso y amable, que me hacen en Nuevos Papeles, acá Gracias Danila!

3 abr. 2018

DCA y unas declaraciones penosas: Zaffaroni, Nino y la cultura garantista

Este nuevo, largo reportaje a Diana Cohen Agrest resulta sorprendente, para decirlo de un modo elegante. En particular, sorprendente para cualquiera más o menos familiarizado con el derecho, la filosofía jurídica, y la teoría penal en particular. Otra vez: se trata de una mujer que sufrió una pérdida gravísima (la peor posible) e irreparable. Pero ello no puede amparar sus graves dichos en materia penal.


Una variante más del "todo es lo mismo" y del "todo vale," en el reportaje se confunde todo, mientras impunemente se van afirmando falsedades; proclamando como verdades errores; dando por sentados hechos inverosímiles. Enumero (y comento) algunos:

* "Cuando Alfonsín asumió el poder, se comenzó a confundir la autoridad con el autoritarismo" Es una afirmación insólita luego de la dictadura: teníamos todos muy claro lo que habían sido los extremos del autoritarismo. Y agrega "Se intentó invertir todos los valores": quién? Alfonsín?? Nino??

* "Nino defendía la función disuasiva de la pena". Nino defendía una "teoría consensual" de la pena, que no negaba la disuasión, pero que tenía su centro en otro lugar, vinculado con sus estudios sobre la autonomía de la persona.

* "Voy a decir algo para unir a los seguidores de Zaffaroni y de Nino: la teoría de Hans Kelsen...sostiene que al cometerse un delito se transgrede la norma...De modo que un delito donde se viola a una mujer, se mata o se secuestra se transforma simplemente en "transgresión de la norma". Allí desaprecen las personas". Toda esta afirmación es un delirio, y peligroso. A Kelsen lo siguen algunos, para explicar o describir al derecho, no por su visión sobre la pena. Y la afirmación sobre la "transgresión de la norma" que reemplaza a las personas es de una irresponsabilidad que asusta.

"Aquí en la Argentina se mata...gracias en parte a la doctrina de Zaffaroni". Siendo Zaffaroni alguien con quien tengo muchas diferencias, esta afirmación es de una gravedad atroz: reflexionar, en particular, sobre los derechos de los delincuentes (que son seres humanos, por si debe aclarárselo), nada dice a favor de que alguien mate a otro, o que la muerte esté bien. Por los demás, las reformas a los Códigos Penales en las que trabajó Zaffaroni estuvieron muy lejos de quitar la pena por homicidios o secuestros o violaciones, por ejemplo.

"El ideal [de la pena propuesto por] Zaffaroni...efectivamente se cumplió...porque si existen Justicia Legítima, corrupción en el sistema penal y jueces comprados...es en gran medida por ese concepto." Otra gran muestra de cómo mezclar todo con todo, ensuciando personas y teorías que no me gustan en el camino. Qué tiene que ver una cosa con la otra? Qué tiene que ver el reconocimiento de que la pena sirve para poco, con la corrupción, los jueces comprados, Justicia Legítima. Ya estamos en un nivel de mala fe serio, que debería repararse (también el periodista JFD debería haber intervenido en este tipo de casos, para no aceptar afirmaciones temerarias de este tipo).

"El buenismo" consitiría en "justificar al victimario en que, por su condición social, no podía hacer otra cosa". Ejemplo tristísimo de la crítica propia de DCA. Puede haber gente tonta, y jueces corruptos, pero estamos hablando en un contexto en donde las cárceles están más pobladas que nunca en la historia argentina. Dónde está el buenismo??

"La cárcel.. tiene por objetivo la reinsercción social, pero la condena es a plazos. Qué pasa si un violador...no se rehabilitó?...lo deben largar igual" Es al revés: como la cárcel no está ayudando a la rehabilitación, lo que debe repensarse es la cárcel. Sin cambiar la cárcel o el modo en que la concebimos, el método de DCA nos llevaría a mantener a las personas detenidas indefinidamente,. Ello porque no pueden rehabilitarse nunca, en las condiciones presentes.

Penosísimo

30 mar. 2018

La Ciambra


Tremenda película, imperfecta, mal final, pero retrato extraordinario de los gitanos en Calabria. La única vez que habla, el abuelo le dice al nieto: "No lo olvides nunca. Somos nosotros contra el mundo"

24 mar. 2018

Discutiendo a Nun

Qué bueno que las nuevas-viejas generaciones nos animemos a homenajear a, y discutir con, nuestros maestros! Se vienen las jornadas Nun, acá el programa, donde participo junto con Claudia Danani, Gabriel Kessler, José Emilio Burucúa, J.Carlos Chiaramonte, Carlos Altamirano, Alejandro Grimson, Sebastian Pereyra, Mariana Heredia, Agustin Salvia, Carlos Strasser, Maristella Svampa, Pablo Alabarces, Pablo Seman, Gerardo Aboy y Eduardo Rinesi



22 mar. 2018

Red universitaria y ciudadana por la Democracia, en México

Junto con extraordinarios colegas, formamos parte fundacional de esta iniciativa, destinada a impedir un posible fraude electoral en las futuras elecciones mexicanas.
http://derechoshumanos.org.mx.convey.pro/l/JBggorg


Preocupados por el estado precario en que se encuentra la democracia mexicana y ante la crisis de credibilidad en que se encuentran las instituciones electorales en el país, un grupo de académicos, periodistas, activistas e integrantes de la comunidad cultural, en México y en el extranjero, hemos acordado conformar una Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD).

La experiencia con las elecciones presidenciales de 1988, 2006 y 2012, así como con las elecciones para gobernador en el Estado de México y en Coahuila en 2017, entre otros casos recientes, demuestran que hay muchos actores (políticos, económicos, institucionales, mediáticos, sociales e internacionales) que todavía no han asumido plenamente las reglas del juego democrático.

En general, la grave crisis de impunidad, corrupción, censura y violaciones a los derechos humanos que afecta de manera profunda la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en todo el país ha sido ampliamente documentada por numerosos estudios académicos, periodísticos e informes de organismos nacionales e internacionales.

Ante los peligros que acechan a la vida democrática en México, hacemos un llamado a la sociedad civil, nacional e internacional, a estar alerta y a tomar medidas concretas para garantizar que se respete la soberanía popular en las elecciones del próximo 1 de julio de 2018.

Específicamente, convocamos a tomar las siguientes acciones:

Movilizar una vasta red de observadores electorales ciudadanos, nacionales e internacionales, para cubrir la mayor cantidad de casillas electorales posibles tanto el día de la elección como durante los conteos distritales del 4 y 5 de julio.
Denunciar de manera sistemática y rigurosa, frente a las instituciones electorales, en los organismos internacionales y con los medios de comunicación, todas y cada una de las violaciones a la normatividad que se cometan durante el proceso electoral.
Organizar y articular las diferentes iniciativas ciudadanas existentes, o en proceso de construcción, a favor de la celebración de elecciones libres y limpias en México, al nivel nacional e internacional, con el fin de aumentar su impacto a favor de la autenticidad de las elecciones del 1 de julio.
Como Red Universitaria y Ciudadana por la Democracia (RUCD) nos proponemos ser un espacio abierto y plural de articulación, divulgación y acción a favor de la democracia en México.

Convocamos a todos los mexicanos, y a todos los ciudadanos del mundo solidarios con el pueblo mexicano, a que se registren desde ahora como observadores electorales y que articulen sus esfuerzos con esta nueva iniciativa.

El presente y el futuro de la democracia mexicana no debe quedar solamente en manos de las instituciones electorales o los partidos políticos. Los ciudadanos y la sociedad civil también tienen una responsabilidad histórica. De nuestra participación dependerá que se respete el derecho constitucional del pueblo mexicano a elegir libremente a sus gobernantes en las urnas este próximo 1 de julio.

Para información sobre como registrarse como observador electoral acreditado por el Instituto Nacional Electoral se recomienda consultar la siguiente página:

 http://dialogosdemocracia.humanidades.unam.mx/participa/

Invitamos a todos los individuos y agrupaciones, en México y el extranjero, que quisieran articular sus acciones con la RUCD a comunicarse al correo: Democracia2018MX@gmail.com

21 mar. 2018

Muere el gran Jorge Dotti

Literalmente, maestro de maestros. Dignidad, disciplina, conocimientos, gran profesor, investigador de tiempo completo, amigo. Un lujo para la filosofía política argentina. Tremenda pérdida

19 mar. 2018

Los derechos humanos no se plebiscitan?


Éste es el tipo de ideas que me incomodan -un poco dogmáticas, un poco elitistas, un poco judicialistas. No por decir lo contrario -que hay que plebiscitar los derechos humanos- sino por afirmar algo más básico y más importante: que tenemos el derecho de discutir sobre los derechos (plebiscitar es otra cosa, como vengo diciendo, pero por los abusos que suelen ser práctica habitual en los plebiscitos, no porque no podamos o no nos corresponda discutir sobre los derechos). La idea de que de los derechos sólo pueden ocuparse los jueces y doctrinarios es una rémora aristocrática que tenemos que sacarnos de encima. Los derechos son resultado de una creación colectiva, sobre ellos discutimos cotidianamente, y tenemos que seguir haciéndolo, justamente porque versan sobre aquello que más nos importa.

16 mar. 2018

Consulta popular sobre el aborto? 2




La saludable discusión sobre el aborto que se ha abierto en el país, nos invita a responder preguntas centrales sobre la siempre conflictiva relación entre democracia y derechos. Me refiero a cuestiones como las siguientes: Puede plebiscitarse la legalización del aborto? Es justo decidir democráticamente sobre temas que tienen que ver con derechos constitucionales básicos? No es que los derechos deben estar a salvo de la opinión de mayorías circunstanciales? Se trata de algunos de los interrogantes más importantes que debe responder el constitucionalismo, y que nos refieren a asuntos de extraordinaria vigencia y relevancia pública.

A pesar de la gravedad de las preguntas del caso, son muchos los avances que podemos hacer en la materia. En primer lugar, debe quedar en claro que –a pesar de todo lo que distinguidos juristas han escrito al respecto- no solemos concebir a las cuestiones de derechos como cuestiones que deben quedar por completo al margen del debate democrático. Por el contrario, muchas de las más relevantes y profundas discusiones colectivas que hemos tenido en las últimas décadas, han sido sobre cuestiones básicas de derechos. Así, hemos debatido ampliamente sobre los alcances y los límites de la libertad de expresión (ley de medios); sobre el derecho de privacidad (matrimonio igualitario); sobre el daño a terceros (consumo de estupefacientes); sobre el derecho a la paz (acuerdo con Chile); etc. Nadie ha pensado nunca, sensatamente, que dada la importancia de tales temas, la decisión sobre los mismos debía ser dejada exclusivamente en manos de expertos (como los jueces, o comisiones de “notables”), o en todo caso lejos de las manos de las ciudadanía. Por el contrario, asumimos que, justamente en razón de la relevancia de los temas en juego, tenemos el derecho a participar de la solución de los mismos: lo que nos afecta a todos, debe quedar en manos de todos. Por ello, recordamos a debates como los referidos, con satisfacción y alegría, antes que con  temor o vergüenza.

Ahora bien, decir que las cuestiones que más nos importan refieren a decisiones sobre las que merecemos ser consultados, no es lo mismo que decir que todas esas cuestiones deben resolverse a través de encuestas de opinión o consultas populares. Las encuestas pueden tener sentido para saber cuáles son las preferencias de distintos individuos en el mercado (por ejemplo, una empresa de automóviles o de jabones puede hacer encuestas para saber qué productos prefieren consumir los argentinos). Sin embargo, las cuestiones que involucran temas de justicia, sobre las que desacordamos y a la vez queremos ponernos de acuerdo, requieren de procesos diferentes, en donde podamos conversar, corregirnos mutuamente, y acercarnos a un acuerdo.

Para los casos en donde la conversación colectiva sí tiene sentido (cuando discutimos sobre qué decisión sería la más justa para todos), los plebiscitos y consultas populares pueden ayudarnos, pero dependiendo, de modo excluyente, de cómo se organicen: la consulta puede ser el punto final de una larga conversación colectiva, o un método para reemplazar o vaciar de sentido a esa discusión. Por eso mismo, en la Argentina, recordamos con cierto orgullo el plebiscito por el Beagle, que fue precedido por un proceso institucionalizado y estructurado de debate entre visiones opuestas. Y por eso también, miramos con espanto consultas como las que impulsaran en su tiempo Pinochet o Fujimori (maniatando a la oposición); o nos acercamos con fundada sospecha a referéndums como el del Acuerdo de Paz en Colombia (que implicó someter 297 páginas de un Acuerdo complejísimo, a un “sí” o un “no” ciudadano, en donde nadie pudo poner ni un matiz en relación con muchos de los polémicos artículos que eran votados). En condiciones semejantes, los demócratas haríamos bien en rechazar toda invitación a ser consultados. En otros términos, y depende de cómo se organicen, las consultas populares pueden servir para coronar un debate democrático, o convertirse en caviar o manjar exquisito de dictadores y gobernantes oportunistas. Nuestra democracia está más que madura para plantear la discusión sobre el aborto, asumiendo que no se trata de una guerra, ni una disputa entre facciones enemigas. Pocos derechos importan más que el derecho a conversar y decidir sobre el contenido de los derechos que más nos importan.