20 ene. 2017

Nisman-Zavascki

El poder mafioso, cuando se siente investigado, enloquece. Es capaz de todo

Apocalypse Now

el fin? 

19 ene. 2017

Conflicto AGR-Clarín

Los abajo firmantes -miembros del campo cultural, intelectual, artístico, periodístico y académico- queremos expresar nuestra profunda preocupación por los 380 despidos y el cierre de la planta AGR-Clarín en Pompeya. La empresa aduce que la fábrica -la mayor planta gráfica del país- se encuentra en dificultades financieras que la hacen insostenible, sin embargo no presentó el pedido de un recurso preventivo de crisis -tal como establece la ley-. Asimismo, los trabajadores aseguran estar desbordados de trabajo y, según han difundido diferentes medios, el grupo Clarín en 2016 ha aumentado considerablemente la pauta oficial que recibe del Estado respecto de otros años. En realidad, de acuerdo a los trabajadores, se trata de un ataque a las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo de trabajo gráfico que conduciría a la precarización y flexibilización laboral.

En respuesta, los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta. Nos solidarizamos con su lucha en defensa de los puestos de trabajo. Proponemos que el gobierno y el Estado intervengan a través del ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta y, si efectivamente esto es producto de una crisis, proponemos que la empresa cumpla los pasos que dicta la ley en estos casos.

Al mismo tiempo, repudiamos el uso de la violencia a la hora de enfrentar conflictos sociales. Sucedió hace unos días en Chubut, donde hubo una serie de represiones inadmisibles, que causaron numerosos heridos, en el intento de desalojo de unos campos que reclama una comunidad mapuche (el Lof Cushamen); vuelve a repetirse ahora con la protesta en la planta gráfica AGR-Clarín.

 Declaramos que la represión y la violencia contra el reclamo laboral es el camino menos adecuado para encontrar una salida a este conflicto. Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sería una medida a todas luces errónea, que acentuaría aún más la crisis económica y social que el país atraviesa, profundizando las desigualdades.

Primeras firmas: Roberto Gargarella, Daniel Link, Marcelo Figueras, Gabriela Cabezón Cámara, Antonio Santa Ana, Martin Kohan, Maristella Svampa, Diego Rojas, Beatriz Sarlo, Selva Almada, Gabriela Massuh, Adrian Gorelik, Enrique Viale, Carlos Altamirano, Lucrecia Martel, Julián López, Pablo Bergel, Juan Toklatian, Pablo Alabarces, Sergio Olguín, Olga Viglieca, Daniela Pasik, Ana Laura Pérez, Carola Martínez, Eduardo Blaustein, Gabriel Reches, Mempo Giardinelli, Natalia Porta López, María Inés Garibaldi, Ana Prieto, Sebastián Vargas, Pablo Vommaro, Horacio Tarcus, Gabriel Kessler, Diego Genoud, Emilio de Ipola, Marcelo Plana, Nicolas Tauber, Diana Dowek, Alfredo Saavedra, Natalia Gelós, Diana Kordon, Darío Lagos, Patricia Pintos…

16 ene. 2017

Post-Sarlo


En la entrevista que se le realizara desde la Revista Crisis a Beatriz Sarlo (ver posts más abajo), hay una pregunta potente pero mal direccionada, que Sarlo responde de modo bien orientado pero demasiado incompleto.

La pregunta se refiere a si la corrupción era “inherente” al modelo “progresista” (latinoamericano), que conocimos en los últimos años. Antes de decir algo al respecto, dejo asentado mi rechazo (fundado en otros textos) sobre la pretensión de llamar “progresista” o de “izquierda” a gobiernos que agravaron la concentración política y económica que debían cuestionar y revertir (ser de izquierda requiere más participación y decisión democráticas en política y economía, y no menos). Los que todavía se mantienen escépticos frente a este tipo de cuestionamientos harían bien en explicar las similitudes entre los resultados –buenos y malos, alentadores y angustiosos, de avanzada o retrógrados- producidos por gobiernos catalogados como “progresistas” (pongamos, la Argentina, Brasil y Venezuela) y otros habitualmente asociados con la derecha o la centro-derecha, en el mismo tiempo (pongamos, los de Perú, Colombia o en parte Chile).

Ahora bien, y para ir al tema que nos ocupa, referido al carácter “necesario” de la corrupción, me parece que ambas partes (entrevistadores y entrevistada) tienen aproximaciones finalmente débiles a la pregunta en cuestión: desde la Revista parecen interesados en “salvar” a gobiernos como el kirchnerista, a través de un enfoque sobre todo ideológico. Por eso les interesa preguntarse: no será que la corrupción era necesaria para “aceitar” o estabilizar las pretensiones de un gobierno de izquierda? Sarlo, en cambio, parece más interesada en “condenar” a gobiernos como el kirchnerista, y por eso empuja la lectura moralista, a pesar de la resistencia que pudo tener frente a dicha respuesta, en algún momento: Alfonsín no era como Kirchner, y por eso no necesitó alimentar (y alimentarse de) la corrupción desatada.

Entiendo que ni la lectura ideológica ni la moral sirven para mucho en estos casos, aunque ambos componentes formen parte de una respuesta más completa. Contra la primera lectura, habrá que recordar que ni la socialdemocracia alemana ni el socialismo escandinavo necesitaron de la híper-corrupción. Alguien dirá: “eso en Europa.” Pero ocurre que tampoco necesitó la corrupción el socialismo de Allende. Alguien dirá: “por eso duró tan poco” o la obviedad de “era otra época.” Pero es que no la necesitó tampoco el “progresismo uruguayo,” contemporáneo a los gobiernos de Kirchner, Lula o Chávez, y tanto o más estables que aquellos. Quiero decir: involucrarse en actos de mega-corrupción y máximo enriquecimiento personal no fue (ni es, ni puede ser) de ninguna manera una exigencia propia del desarrollar o estabilizar ciertas políticas, digamos así, “de avanzada.”

La respuesta basada en la moral personal padece de un problema obvio que también arrastra la respuesta ideológica anterior. Y es que -ambas- enfatizan la cuestión motivacional, más que estructural, de la vida pública. Ambas apuntan a que pensemos en las personas singulares, las más visibles, y no en la “estructura básica” de la sociedad, en sus bases institucionales, políticas y económicas.

Entiendo que la aproximación más completa al problema exige que pensemos, por un lado, en el marco de desigualdades económico-sociales dentro del cual han actuado, con el que han convivido aquellos gobiernos, y que también han desarrollado; y por el otro en la desigualdad política con la que ellos trabajaron y que también cultivaron, fortaleciendo la discrecionalidad –el Cesarismo- de la persona en el mando. Es dentro de ese esquema que la cuestión se torna más comprensible: en un marco institucional dentro del cual el pueblo no tiene la posibilidad efectiva de tomar decisiones en lo que más le importa, y ni siquiera la chance de controlar en algo a sus dirigentes (porque ellos se lo tornan imposible); dentro de un sistema definido por las desigualdades económicas y sociales, pero también políticas, en el que reina la discrecionalidad de los “pocos” en control del poder político y económico (pocas veces tan “pocos” como entonces), la corrupción encuentra condiciones óptimas para crecer. En ese tipo de contextos, la ecuación parece ser: ganancias extraordinarias-corrupción extraordinaria.

Para decirlo de modo aún más claro. Si hubo mega-corrupción, es porque en sistemas de discrecionalidad absoluta y poder concentrado, existe la posibilidad de rapiñar sin techo y sin controles las ganancias extraordinarias que eventualmente se generan. No es “la política de izquierdas” la que necesita de la híper-corrupción, sino los sistemas desiguales y discrecionales los que la tornan posible.

15 ene. 2017

Fernando Henrique

Me encuentro con dos ladrillos de alrededor de mil hojas cada uno, que son los "diarios" escritos por Fernando Henrique Cardoso de sus años como presidente. El material, que asombra y abruma, es el resultado de las grabaciones que él hiciera, semana a semana, durante ese tiempo, resumiendo y reflexionando sobre sus tiempos en el poder. Documentos increíbles, que dignifican a una figura que de otros modos me genera rechazo.

Represión a mapuches...o diálogo judicial. Otro mundo penal es posible (con pd)

Luego de la enloquecida represión a la comunidad mapuche en Chubut, ordenada por un juez federal (GO), el presidente del Supremo Tribunal de Chubut, Alejandro Panizzi, inducido por algunos buenos colegas también, dio muestra que hay otra forma de hacer justicia (penal), que tiene como primera herramienta el diálogo. Más allá de cómo se desarrolle éste (la experiencia puede desarrollarse bien o mal, entre otras cosas por la capacidad y disposición de los actores), la iniciativa resulta ya excepcional, y una nueva demostración de lo que venimos predicando (por ejemplo en Castigar al Prójimo), contra la ceguera de tantos colegas penalistas, que sólo entienden el mundo jurídico como dividido entre "penar o no penar", y en todo caso "qué cantidad de pena." Otro mundo penal es posible

https://www.pagina12.com.ar/14157-un-gesto-de-acercamiento-de-la-justicia-con-los-mapuches

"Pasadas las tres de la tarde, Panizzi se presentó ante la comunidad Pu Lof en nombre del tribunal que preside y afirmó que quería dar un mensaje hacia la justicia provincial, hacia los mapuches y hacia las víctimas de la violencia estatal. El magistrado explicó que la función de los órganos judiciales no es sólo investigar crímenes y garantizar derechos sino también gestionar situaciones y que la primera herramienta que tiene la justicia penal es el diálogo."

PD: Por este pequeño, importante primer paso, felicitaciones al presidente del Tribunal, al amigo E.Hualpa, a Silvi Ramírez, a algunos colegas del CELS 

13 ene. 2017

Sarlo y "la mala fe de los que fueron kirchneristas"/ "Es fundamental salir del análisis de los medios"

Muy lindo reportaje a Beatrice en la siempre recomendada Crisis
http://www.revistacrisis.com.ar/notas/ideologia-y-corrupcion

2 extractos nada más


“Vuelvo a un punto en el que no quiero conceder”, insiste Sarlo. “Hay una tradición en la izquierda que considera que todas las clases dominantes son corruptas, por la extracción de la plusvalía, por la apropiación de la tierra, o por lo que fuere. Y eso ha hecho que la izquierda no pueda tener un discurso racional y razonado sobre la corrupción. Ese es un déficit. Otra cosa es la mala conciencia y la mala fe de los que fueron kirchneristas, que no quieren hablar de esto porque no quieren llorar sobre la tumba de su hermano. Pero así como yo empiezo por decir ‘la izquierda no supo’, creo que ellos tienen que comenzar a decir ‘yo no supe’. ¿O es que sí sabían? ¿O leían la misma prensa pero decían ‘esto lo escribe Magnetto’?”.

Lo que el kirchnerismo dice es que por debajo del discurso de la corrupción hay una confrontación política que queda solapada.

—Conozco ese debate desde la época de la Unión Soviética, y la Unión Soviética fue algo bastante más grande que esta banda. ¡Lo que tardaron algunos partidos occidentales, menos el italiano, en criticar a la Unión Soviética! Hay que empezar con aquello de lo que uno fue responsable. Porque la política tiene una ética. Empecé por la deuda que tiene la izquierda porque siempre me pongo en la parrilla. Entonces, el kirchnerismo tiene que hacer esa revisión o sino tiene que salir de la política. Estoy hablando de todos los que apoyaron al kirchnerismo de buena fe, la juventud, los intelectuales. Del mismo modo que los marxistas impugnamos a Stalin y los que fuimos maoístas, con el corazón roto, reconocimos lo que hizo Mao, y nos hicimos cargo de nuestro apoyo a López Rega y a Isabel. La autocrítica no le cabe solo a los otros salvo que uno esté habitado por la mala conciencia, es decir que piense dos cosas al mismo tiempo.


....
 Como todavía pienso que es la política la que tiene la capacidad de acción, no veo otra solución posible. Para eso es fundamental salir del análisis de los medios. Salir de los bolsos, de Vicky Xipolitakis. Imágenes que funcionan como coartadas para no decir lo que hay que decir. 

10 ene. 2017

Brasil, las prisiones, el país

https://www.nytimes.com/2017/01/08/world/americas/brazil-prison-riots-michel-temer.html?_r=0

http://www.telesurtv.net/english/news/Incarceration-Crisis-1-Killed-Every-Day-in-Brazils-Prisons-20170105-0011.html

El modo en que tratamos a los privados de libertad -en la invisibilidad, autojustificados en la dureza, con motivaciones electoralistas y oportunistas, colgados del discurso vendible de la crueldad justificada, a partir de los pocos controles que preservamos en el área, de espaldas a todos, en el dulce nombre de las víctimas, en los modos en que es capaz de actuar el Estado cuando tiene un arma en la mano, en las formas en que el poder coercitivo trata a quienes no pueden defenderse- dice mucho de nosotros, de nuestras autoridades, de nuestra forma de organización política. La situación carcelaria en Brasil debe ser la peor de su historia (un muerto por día), y sin duda habla a los gritos de la vergonzosa vida (muerte) bajo el gobierno de Temer, quien haría bien en abandonar el poder por las suyas, junto con quienes lo rodean. Eso, antes de que lo retiren a golpes de puntapié.


Justicia social en el PAMI?

http://www.lanacion.com.ar/1974079-regazzoni-defendio-el-recorte-de-subsidios-en-el-pami-esto-es-justicia-social

De las muchas tensiones que genera el reservar el PAMI para los más pobres, una es la de ayudar a acentuar la fragmentación social propia de estos últimos años, poniéndole fin a uno de los remanentes con pretensiones de universalidad de nuestro sistema social. Cuando los ricos vean que ya no obtienen nada del sistema, van a desfinanciarlo, y a preguntarnos por qué ellos deben contribuir con un esquema que sólo usan los otros. El resultado es previsible: un sistema de prestación social cada vez más empobrecido e inatractivo, y los ricos enteramente por fuera del sistema, viviendo "por las suyas"¨, pero con lo nuestro: una sociedad cada vez más quebrada e insolidaria.

Bailando en la ESMA

La banalización de la ESMA que empezó años atrás con la cámpora, sigue hoy con demasiado personal imberbe. No son problemas que se reparan echando a una funcionaria o dos, ése es el tema
http://www.lanacion.com.ar/1974499-separan-a-una-funcionaria-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-por-comportamiento-impropio-en-la-ex-esma

6 ene. 2017

7 chilenas


En este blog nos ocupamos del cine chileno en varias oportunidades. Hablamos del gran Patricio Guzmán y Allende, de Miguel Littin y El Chacal de Nahueltoro, de Raúl Ruiz y sus exiliados. También hablamos del aspirante Matías Bize y del buen Pablo Larraín.  

Como en estos días vi una serie de películas de por allá, que aún no había visto aunque no son todas actuales, me vuelvo a detener en el ascendiente cine chileno y en algunos nombres del vecindario. Andrés Wood es un buen conocido de la casa. Autor de la gran Machuca y la muy buena Violeta, vi en estos días Historias de fútbol, bastante más floja que las anteriores, y La buena vida, un film ligero pero en donde -como en Historias- el director vuelve a mostrar su gusto por las historias pequeñas, de gente común, y su capacidad para adentrarse en ellas. La búsqueda está bien.

Gloria, de Sebastián Lelio, es la mejor de las que vi en esta tirada. Una película excelente, que pone el foco en un personaje que pocos miran: una mujer en los 60, todavía peleando por vivir bien, en su independencia y con/contra su soledad. La película está brillantemente protagonizada por Paulina García, multipremiada por esta labor.

En Turistas, Alicia Scherson vuelve a mostrar que tiene un enorme talento. En la película se sigue la trayectoria de Carla, a quien su marido "abandona" luego de una pelea, en camino a sus vacaciones, y a quien ella decide dejar de buen ánimo, animándose a vacacionar y a explorar por las suyas. Muy buena.

Scherson también es una de las manos que aparece detrás del guión de la más ambiciosa El bosque de Karadima, sobre un caso real de abusos sexuales sobre menores, cometidos dentro del ámbito de la Iglesia, La película fue dirigida por Matías Lira, fue estupendamente protagonizada por Luis Gnecco, y se basa en un estremecedor caso real, de un poderoso e influyente sacerdote que cometiera gravísimos abusos sexuales entre 1980 y 2000. La película no difiere grandemente de las varias rodadas ya sobre temas similares, pero tampoco desentona de los buenos trabajos en el área.

Las cosas como son, de Fernando Lavanderos, gira -como Turistas- en torno a los vínculos entre un/a local y un/a noruego/a (curiosa similitud). A pesar de cierta sequedad y tosquedad, la película tiene su veta (auto)crítica sobre la sociedad chilena, que la dignifica.

De jueves a domingo, de Dominga Sotomayor, gira en torno a una familia que va resquebrajándose, y a la que se mira desde el punto de vista de una niña "en su asiento de atrás." La película tuvo una buena trayectoria en el exterior, aunque en lo personal le dediqué menos atención que a las anteriores. Le daremos una segunda oportunidad.

Nancy Fraser: Ni neoliberalismo progresista, ni populismo reaccionario

5 ene. 2017

Bajar la edad de imputabilidad?

Con Leo F., hace 7 años escribíamos esto en La Nación, hoy nosotros seguimos diciendo lo mismo, pero el poder también
http://www.lanacion.com.ar/1313897-la-edad-de-imputabilidad-penal

LA doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio , es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención.
Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?
Hacer estas preguntas necesarias no implica "atarle las manos" al Estado, ni negar su facultad de reaccionar frente a los crímenes. Tampoco requiere asumir que los jóvenes que delinquen carecen de discernimiento, o desconocen las consecuencias de lo que hacen. Ellos son responsables en la medida de sus capacidades y posibilidades, al igual que cualquiera de nosotros. Debemos reclamar al Estado que actúe con energía y rapidez, pero no de cualquier manera, con tal de calmar las ansiedades sociales naturalmente desatadas frente a un delito serio.
La delincuencia juvenil nos remite al problema de los menores desatendidos. Nos refiere a los jóvenes que el Estado no ha sabido educar en el compromiso con los demás y con su comunidad, y cuyos actos violentos no se sabe contener más que por vía de la segregación institucional. En efecto, y a pesar de la difusa información oficial, un reporte de Unicef, la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba, como mínimo, a 1799 muchachos y jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales. El 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI. La rotación de la población juvenil, además, sugiere que semejante vivencia es experimentada por un universo de jóvenes mucho mayor. Y por cierto, un porcentaje importante de la población penal adulta -alrededor de 60 mil- pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud.
Estas cifras muestran que ya existe un importante número de jóvenes en conflicto con la ley penal que son regularmente captados y privados de su libertad por las instituciones del Estado en condiciones muy cuestionables. No son pocos, y bajar la edad de imputabilidad autoriza a anticipar que podrían ser incluso más, y más jóvenes. La realidad del sistema penal juvenil, sin embargo, exige repensar primero qué respuestas estamos ofreciendo, antes de concluir que es necesario ampliarlas. En lugar de expandir el castigo, deberíamos extender el sistema de prevención y protección de derechos, reservando a la pena su lugar de último recurso. Y aun cuando algunas opiniones sostienen que bajar la edad de imputabilidad podría servir para llevar los reaseguros de un proceso judicial al tratamiento de la situación de los menores, no hay razón probada que avale que el aumento del castigo a los menores sea necesario o indispensable para la mejor protección de las víctimas y de los jóvenes infractores. Sencillamente, si la idea es asegurar garantías y derechos, habilitar la vía penal no es la herramienta más razonable, ni la más útil, ni mucho menos una vía indispensable.
Ya existen varias experiencias concretas alternativas al castigo que demuestran que se puede tratar al joven infractor como sujeto de derechos y responsable de sus actos, a través de intervenciones socialmente más beneficiosas que el esquema penal, y mucho menos problemáticas. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de hecho, ha estimulado el empleo de algunas de esas alternativas, como los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus familias o comunidades de origen, o la reducción de los regímenes cerrados, sin mayores inconvenientes. Renunciar a este camino y en cambio hacer principales responsables penales a adolescentes y jóvenes sólo oscurece los deberes del Estado y de los adultos frente al delito juvenil: se trata de una buena manera de proclamar a los gritos la solución de un problema, mientras se trabaja cotidianamente para reproducirlo y ahondarlo.

3 ene. 2017

El caso de Milagro Sala como oportunidad de ponernos a prueba



http://panamarevista.com/el-caso-de-milagro-sala-como-oportunidad-de-ponernos-a-prueba/


Una aproximación instrumental a los derechos

El “molesto” caso de Milagro Sala representa, entre tantas otras cosas, un buen test acerca de nuestra disposición a discutir de buena fe, en términos conscientemente críticos, antes que prejuiciados y burdamente partidarios. Hoy por hoy, sin embargo, lo que parece primar, por muy lejos, es la insistencia en las confrontaciones binarias que priman en nuestro país desde hace años. Volvemos entonces a la oscilación entre las presentaciones salvíficas y demoníacas de Milagro Sala; a la dicotomía entre la Tupac Amaru como comando heroico o ejército de enloquecidos. Dado que estamos frente a sucesos por demás complejos y cargados de matices, que requieren de una atención especial y cuidadosa, mi primera observación –y también mi primera sugerencia- al adentrarme en el tema será la de dejar de lado las presentaciones que muestren al caso en cuestión -un caso sobre todo difícil- como uno fundamentalmente plano.

Desechar las aproximaciones unidimensionales, así como también los enfoques binarios, no implica pensar que la cuestión deba ser examinada tomando “el camino del medio,” por decirlo de algún modo. Entre la tortura y la no-tortura, entre la violación y el respeto de los derechos, no corresponde optar por una posición “intermedia,” sino por una postura categórica: en principio, las violaciones de derechos no resultan aceptables, nunca. La aclaración es importante para este caso, pero también para todos los casos que representa este caso.

Rechazar el simplismo implica rechazar asimismo la idea según la cual hay una “contradicción principal” que opaca a todas las “secundarias,” que significa en criollo que hay que hacer como que no existe la persecución de minorías indígenas, si es que se trata de minorías opositoras; tolerar el “apriete” a jueces, porque la causa es demasiado importante; o tomarse a la ligera la muerte de un fiscal, porque no era “propio” (presenciamos en estos meses el caso extraordinario de fiscales que en lugar de poner todas sus energías para avanzar sin concesiones en sus investigaciones, se mostraron desesperados por clausurarlas, sin permitir siquiera que las causas que debían impulsar fueran abiertas a prueba). Necesitamos repudiar todos esos hechos, por las mismas razones que nos llevan a repudiar la prisión preventiva o la condena de Milagro Sala. Necesitamos repudiar esa mirada utilitarista, instrumental de las personas y sus derechos, que nos conduce a tomar a los sujetos como “meros medios”, y a pensar a la acción política con independencia de principios y valores.

La prisión preventiva

Sobre la prisión preventiva que se le impusiera a Milagro Sala hace más de un año habrá que decir, en primer lugar, que dicha medida en la Argentina se administra, comúnmente, de modo gravemente abusivo. Bastante más de la mitad de los presos que se alojan en las cárceles argentinas se encuentran hoy privados de libertad sin condena (en algunas provincias, incluyendo a la de Buenos Aires, ellos superan al 80 por ciento). Esto es decir, nuestros presos sufren desde hace años condiciones de encierro inhumanas, sin estar condenados todavía. Milagro Sala, como una mayoría de presos en la Argentina, fue privada de su libertad de modo apresurado e injustificado. Debemos aprender a concebir a la prisión preventiva como un recurso último, que debe reservarse para casos extremos, como el que se da cuando el Estado no puede, de otro modo, garantizar la continuidad del proceso. Resistir la cárcel y la prisión preventiva en situaciones como la que aquí se examinan, entonces, debe ser también un modo de resistir los modos en que se piensa y administra la privación de la libertad en la Argentina. Un modo de resistir la arbitrariedad, la superficialidad, la irresponsabilidad, la imperdonable falta de justicia y apego a derecho con que se dispensan años de cárcel en nuestro país. En todo caso, tiene sentido enfocar de modo particular la atención en el asunto que involucra a Sala, en razón de la visibilidad de su situación, y por tratarse de una dirigente social de envergadura (volveré sobre eso). Pero conviene no olvidarlo: la mayoría de los presos en la Argentina son también, en un sentido relevante, Milagro Sala.

Sobre el específico caso de la prisión preventiva Milagro Sala, organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros (incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y al secretario general de la OEA), levantaron el tono de sus críticas contra el Estado argentino, frente a las múltiples irregularidades demostradas por el mismo, al hacer efectiva la detención de aquella (i.e., el inicio de causas judiciales diversas, al solo fin de sostener una decisión tomada de antemano: asegurar la privación de la libertad de Sala). La respuesta del Estado frente a tales críticas fue la de insistir en que Sala debía permanecer en la cárcel, pese a las deficiencias del proceso, dado el “riesgo procesal” de que la líder de Tupac Amaru pudiera “presionar a testigos.” El aserto oficial no vino a negar sino a ratificar la desorientación de su iniciativa: primero, si Milagro Sala es tan poderosa como se lo indica, habrá que concluir que su organización será capaz de presionar testigos con ella dentro o fuera de la cárcel; segundo, no es en absoluto cierto que el Estado sea incapaz de proteger por otros medios a los testigos del caso, y así mantener intactas las condiciones de un proceso justo; y tercero, tampoco es claro que no pueda reducirse la capacidad de presión eventual de Milagro Sala, a través de medidas que no incluyan a la privación de la libertad como alternativa privilegiada. En definitiva: en este caso, como en casi todos, la prisión preventiva no resultó en ningún momento justificada.

Milagro Sala condenada

La condena recibida por Milagro Sala es en sí misma injusta, y lo es también por lo que implica y lo que quiere sugerir a futuro: se trata de penas que pretenden ser aleccionadoras acerca de una forma de hacer política, a la que se pretende desalentar. La forma política en la que Sala y su agrupación se involucraron en todos estos años incluye la acción social y la actividad comunitaria; y asimismo modos de presión y protesta que incorporan métodos de acción directa. Importa muchísimo, por supuesto, determinar si esas actividades sociales y agonales trajeron consigo la comisión de delitos. Sin embargo, en todo caso, ello es algo que debe probarse y no presumirse, y todo indica que en este caso el poder político, tanto como el judicial, actuaron a partir de certezas que precedieron siempre a la necesidad de corroborar lo presumido. Con algún agregado importante, y es que en general, y muy en particular en contextos como el nuestro, no basta con decir que alguien cortó una calle o arrojó un huevo a un político para concluir que ese alguien violó algún derecho, transgredió la Constitución o cometió un delito.

Por supuesto, es incorrecto pensar -como muchos han llegado a pensar, en nuestros tiempos- que “la protesta social no puede ser un delito”, tanto como considerar que por regla general sí lo es. Ambas formas de pensar constituyen, sin embargo, el punto de partida de nuestras escasas discusiones públicas sobre la materia, caracterizadas como dijéramos por el apuro, la falta de sofisticación y el prejuicio. En principio, habrá que decir que ningún juez debería apresurarse a condenar, antes que proteger, una protesta social. Mucho más, en el marco de una radical crisis en el sistema de la representación política como la que sufrimos -crisis de representación que entre otras cosas significa que los representantes no responden ni son en esencia sensibles a los esperables reclamos populares que reciben. La justicia, sobre todo, incumple con la tarea que se espera de ella cuando los reclamos sociales que se invocan en la protesta se vinculan con un esquema constitucional que se ufana de la generosidad de los derechos sociales y económicos que consagra. Debiera ser claro: si el Estado violenta los derechos que se jacta de asegurar (pongamos, el derecho a la vivienda), y luego se tabica ojos y orejas para no atender los reclamos que le llegan por sus incumplimientos, quien agravia al derecho es él, y no los que se quejan de sus faltas. Cuando la justicia, entonces, identifica en el que se queja, y no en el Estado, a la fuente del problema, revierte y pone cabeza abajo el papel que constitucionalmente ella tiene asignado: si algo le da sentido al carácter no-electoral de la justicia (lo que es compatible con decir que la organización de la justicia debiera repensarse de modo completo), ello es (y debiera ser) su disposición contra-cíclica, esto es, decir su particular sensibilidad frente a los reclamos de quienes alegan que el Estado incumplió con algunas de sus obligaciones jurídicas prioritarias. Por eso no resulta aceptable que la justicia se apresure en condenar al que se queja -como en el caso de Milagro Sala- en lugar de salir urgida a averiguar las razones de tales reclamos, para determinar si son ciertas las alegaciones que señalan al Estado como violador de los derechos que está obligado a garantizarnos.

Por lo dicho también, resulta de especialísima gravedad la inhabilitación de tres años que se le impone a Sala, de ocupar cargos en asociaciones sociales. En lo que ella puede, la justicia debe alentar, antes que socavar, la posibilidad de que las personas se agrupen para protestar por los derechos que les corresponden, y que militantes políticos y dirigentes sociales se involucren en dicha tarea. Ello así, aún si fuera cierto que quienes lideran las protestas se han equivocado o excedido en el ejercicio de sus quejas: es tan importante la tarea que tales dirigentes realizan (más todavía -insisto- en un contexto de crisis de representación y dificultad para la acción colectiva) que la justicia debería ayudar a corregir o reparar las faltas del caso, si las hubiera, sin afectar de ningún modo la continuidad de la tarea indispensable que realizan los movimientos sociales, en el resguardo de derechos que nos corresponden a todos.

Aclaraciones necesarias

Lo dicho hasta aquí deja planteadas decenas de dudas que merecen ser despejadas. En lo que sigue, por razones de tiempo y espacio, sólo podré tratar ocuparme de algunas de ellas, de modo breve.

Primero, la presunción que se le exige a la justicia a favor y no en contra de quienes reclaman por derechos vinculados con su subsistencia, es una presunción prima facie, obviamente reversible (por ejemplo, si alguien reclama de modo violento en nombre de derechos de los que carece -i.e., obtener un privilegio).

Segundo, el reclamo por un derecho justo no autoriza ni ampara la violación de los derechos de otros. Pero decidir las situaciones de conflictos entre derechos, requiere que seamos especialmente cuidadosos con los detalles: por qué derechos reclaman quienes reclaman (derechos de subsistencia?); qué gravedad tiene la afectación de derechos que los que se quejan han generado con sus protestas (lesiones graves? Desorden en el tránsito? Suciedad en las calles?); qué alternativas genuinas y no formales tenían para canalizar sus reclamos? (publicar una solicitada? Dejar un carril libre? Peticionar a representantes que han denegado reiteradamente sus razonables demandas?); qué responsabilidad tienen el Estado u otros particulares en la generación de las violaciones de derechos por las que se reclama?

Tercero, en contextos de injusticia y desigualdad como el nuestro, el poder judicial no sólo merece ser especialmente sensible frente a los reclamos básicos de los más vulnerables, sino particularmente protectivo de sus iniciativas de queja: en principio, la justicia debe resguardar antes que desalentar la protesta, en tanto ella desempeña una tarea pública y colectivamente importante, que incluye la de proveer a los magistrados de las señales sociales de alerta, que ellos necesitan, frente a la posible violación de los derechos que les toca custodiar.

Cuarto, un reclamo que afecta temporalmente el derecho de otros, puede constituir, eventualmente, una falta justificada, excusable o atenuada, y la justicia no puede actuar bajo la presunción de que ello no es así, o como si dicha falta en los medios de protesta empleados fuera capaz de desplazar del centro del conflicto a la eventual violación de derechos cometida por el Estado. Como ya sugiriera, todo lo contrario pareció ocurrir en el caso de Milagro Sala, en donde lo accesorio terminó desplazando a lo principal, y en donde la protesta pasó de ser actividad especialmente protegida a actividad prioritariamente desalentada.

Quinto, las faltas serias cometidas por quienes se quejan, en el marco de una protesta justificada, merecen ser tratadas por separado, y no como si ellas invalidaran las razones que pueden justificar la protesta del caso (como una agresión durante una huelga no invalida la huelga ni dice nada contra sus razones). Asimismo, resulta una aberración propia de nuestro razonamiento simplista pensar que todas las faltas de quienes protestan merecen una respuesta en esencia idéntica -típicamente, en nuestro caso, la privación de la libertad. Ello, ante todo, porque la privación de la libertad debe ser un ultimísimo recurso, y no el “comodín” con el que respondemos frente a cualquier falta. Ello, además porque los casos que hoy reciben la misma respuesta son, en principio, demasiado diferentes entre sí –hay un mundo de distancia entre el asesinato de un enemigo, y el arrojarle huevos. Lo primero resulta inaceptable, mientras que lo segundo resulta poco significativo (en todo caso, susceptible de un reproche muy menor).

Sexto, el especial poder del que gozara Milagro Sala, en los años del kirchnerismo, ofrece razones especiales para prestar atención a los abusos y violaciones que pudieran haberse cometido en esos años: Sala condujo entonces a un grupo que contó con recursos extraordinarios (que permitieron hablar de un poder equivalente o superior al del gobernador de la Provincia), provenientes de modo directo del Estado central, y puso en marcha una práctica política que disputó el control monopólico estatal del aparato coactivo. Hay presunciones y denuncias que sugieren que en esos años se cometieron daños graves (incluyendo amenazas, usos de la fuerza, y aún la muerte de opositores), que deben ser investigados y eventualmente sancionados. El lugar ocupado por Sala durante el gobierno anterior fue el del poder, con dinero y armas, y resulta inaceptable que se minimicen o ridiculicen las acusaciones que se han hecho al respecto. Esas supuestas violaciones de derechos ocurridas en tales años deben, simplemente, investigarse, porque a todos nos interesa determinar si ellas fueron ciertas. Asumir esta actitud implica desembarazarse, otra vez, de los prejuicios mencionados al comienzo de este ensayo: asumir que la “contradicción principal” (Sala como cuestionadora de un modo injusto de ejercer el poder) desplaza, anula o torna insignificantes las preocupaciones que resulten de las “contradicciones secundarias” (Sala como líder de un grupo que ejercía la violencia contra sus opositores).

Séptimo, tanto la enemistad política manifestada por el gobierno de Jujuy hacia Sala, como el carácter de Sala de dirigente comunitaria, dan razones adicionales de peso a favor de una protección especial hacia la última: hay obvios motivos para pensar que la líder de la Tupac Amaru va a ser perseguida por el poder de turno: y por lo tanto hay motivos especiales, particularmente urgentes e intensos, para resguardarla frente a cualquier embate que pudiera sufrir de parte del actual oficialismo.

Octavo, los sesgos de que puede acusarse al aparato judicial de Jujuy son injustificables, como lo es el copamiento político de los poderes judiciales locales que se advierte en casi todas las provincias del país. Resulta ofensivo, en todo caso, que los mismos dirigentes políticos y periodistas que han sido directamente responsables, por su acción u omisión, de la colonización de la justicia en casi todo el país, en casi todos los niveles, en los últimos años, hablen hoy de la falta de independencia judicial en Jujuy, luego de una década de silencio. Resulta igualmente inaceptable que se hable hoy de una “ofensiva judicial” contra el gobierno anterior, sin tomar nota de que esa supuesta ofensiva está liderada por los jueces inidóneos nombrados por aquel gobierno, que hoy siguen desplegando las artimañas que hasta ayer eran festejadas o silenciadas.

En el marco de este tipo de complejas disputas, entonces, conviene preguntarse lo siguiente: Es que existe espacio, en la actualidad, para defender a Milagro Sala, criticar su prisión preventiva, objetar la inaceptable condena que se le ha impuesto, e impugnar al desempeño del poder público frente al caso, sin abdicar de principios, sin volver a las aproximaciones “instrumentales” sobre las personas y sus derechos? Necesitamos, de una vez por todas, repudiar la idea de que la injusticia o el sufrimiento de los demás se miden conforme al modo en que encajen, se ajusten o sirvan a la causa que más nos interesa.

29 dic. 2016

A los intelecutales latinoamericanos (?)

Publico un (penoso) texto de Emir Sader, en réplica a la carta que escribimos muchos académicos y activismos latinoamericanos, en contra de la represión y la violencia utilizadas por el presidente de Ecuador, en pos de la promoción de nuevos proyectos mineros. Luego, una primera respuesta que mereciera el artículo de Sader.

En todo caso, el debate va más allá de ambas personas, porque refiere a los modos en que, durante años, parte importante de la "intelectualidad" latinoamericana decidió respaldar actividades violatorias de derechos, y aún criminales, en pos de la defensa de un proyecto que consideraban "globalmente" más defendible. Esto es, sin importar que en el medio quedaran minorías oprimidas o el medio ambiente vejado.

El debate tiene que seguir. Van los textos

A los intelectuales latinoamericanos, por Emir Sader

En la recta final de la campaña presidencial de Ecuador, cuando se decide si el país seguirá su rumbo progresista o se sumará a los gobiernos de restauración neoliberal, un grupo de intelectuales latinoamericanos y de otros continentes lanza un manifiesto de crítica al gobierno de Rafael Correa, a propósito del tema ambiental en la Amazonia.
Más allá de la justicia o no del reclamo, más allá de la mayor o menor importancia del tema, de lo que se trata es del futuro del país. Por un lado está la candidatura de Lenin Moreno, apoyado por Alianza País y por Rafael Correa. Por el otro, el más rico banquero del país, Guillermo Lasso.
No puede haber dudas del significado de cada una de las candidaturas. No puede haber dudas, salvo un grado altísimo de mala fe, de que la victoria eventual del candidato opositor representará la devastación de los grandes avances conquistados por Ecuador en ese siglo, como además, la devastación de la Amazonia y de los pueblos que la habitan.
No puede haber dudas, salvo una hipocresía abierta, de que cualquier acción que debilite el gobierno de Correa suma votos a la oposición de derecha –la única que tiene fuerza, en Ecuador y en todos los otros países de gobiernos progresistas en América latina–. Contribuye al desmonte de todo lo conquistado, hace inequívocamente el juego a la derecha ecuatoriana.
Sólo puede ser resultado de la concepción equivocada de la ultraizquierda, según la cual hay que derrotar a los gobiernos progresistas, aliándose a quien sea, para que esas fuerzas pudieran tener alguna posibilidad de ocupar algún espacio en el campo político. Una posición aventurera. Basta mirar hacia Argentina y hacia Brasil para darse cuenta de cómo la derrota de los gobiernos progresistas ha abierto espacio para los peores retrocesos en la historia reciente de esos países, incluso en el tema ecológico, que esos intelectuales supuestamente defienden.
Es hora de que los intelectuales que gozan de algún espacio en la esfera pública asuman responsabilides políticas, si no quieren ser definitivamente asimilados a la derecha y aparecer haciendo el juego a la restauración conservadora en América latina. Por lo cual serán condenados públicamente como corresponsables de esos retrocesos.
Aislar el tema ecológico de la disputa mayor en todo el continente entre fuerzas progresistas, antineoliberales, y fuerzas conservadoras, neoliberales, es actuar incluso en contra de las tesis que dicen defender. De ese gran enfrentamiento depende el futuro de esos países y del mismo continente. Depende la situación de los derechos sociales del pueblo, dependen los derechos al empleo y al salario de los trabajadores, depende la protección del medio ambiente, depende la soberanía o el sometimiento externo de nuestros países.
Si no quieren aparecer sumando fuerzas con la derecha, que busca el proceso de venganza en contra de los derechos conquistados por el pueblo en este siglo, no deben dejarse llevar por demandas sectoriales, corporativas, deben saber subordinar esos temas al enfrentamento más grande, que define el futuro de nuestros países. Deben hacerlo para poder seguir manteniendo el rasgo de intelectuales progresistas y no ser tildados de francotiradores, que disparan en contra de las fuerzas que son el dique de contención en contra de la contraofensiva conservadora feroz que la derecha despliega hoy en los países que tuvieron el coraje de desafiar los intereses y las fuerzas de la derecha latinoamericana.
A los intelectuales de otras regiones del mundo ni siquiera les dirijo esta apelación, porque seguramente ellos no conocen nuestra realidad concreta y no se dan cuenta de las consecuencias. Pero sí les pido que no se sumen a pronunciamientos sin darse cuenta de cómo esa actitud repercute en los enfrentamentos políticos centrales que se dan en nuestros países.
Ser de izquierda es sumarse hoy a las fuerzas que resisten a los intentos de restauración conservadora que ya devastan Argentina y Brasil y amenazan caer sobre Ecuador. Es fortalecer la candidatura de Lenin  Moreno. Sumarse, de forma consciente o inconsciente, a formas de debilitamiento del gobierno de Rafael Correa es ser connivente con el amenazador retorno del neoliberalismo. 

EMIR SADER O LA MENDICIDAD INTELECTUAL
 
(Respuesta al artículo de opinión “A los intelectuales latinoamericanos”,
publicado en Página 12 el 28 de diciembre de 2016)
 
Juan Cuvi
Coordinador Nacional de Montecristi Vive
 
 
En la vieja tradición soviética de intelectuales enajenados, Emir Sader propone la sumisión incondicional del pensamiento. Olvida –o desconoce– que los intelectuales tienen que producir ideas, no repetir consignas. Por eso se enroncha con la condena que cientos de intelectuales de izquierda han expresado frente a la decisión del gobierno de Correa de disolver a Acción Ecológica… y de reprimir al pueblo shuar, y de criminalizar y perseguir a los líderes populares, y de poner al Estado ecuatoriano al servicio de las transnacionales chinas, y de destruir la biodiversidad amazónica para facilitar la explotación minera y petrolera.
Alineado con ciertos poderes de turno, Sader no quiere aceptar que entre la demagogia de los gobiernos populistas y los derechos de los pueblos median decisiones políticas opacas e inescrupulosas. Como los negocios privados y la corrupción de una flota de funcionarios del régimen correísta alrededor de las gigantescas inversiones extranjeras y de las grandes obras públicas. Poco le importa que en la vorágine populista se hayan sacrificado las agendas de la sociedad civil, de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales o de la izquierda. Lo fundamental es ser políticamente correcto con quien paga la cuenta del despilfarro y del clientelismo de una década.
Escribir por encargo, o hacerse de la vista gorda con el cadáver oculto en el sótano, no es una práctica novedosa entre ciertos sectores que fungen de izquierda. Fue una práctica instaurada por el estalinismo a partir del argumento de la confrontación mundial con el capitalismo. Para ello se diseminó por el planeta un ejército de escribanos que reproducían a nivel local las disposiciones emanadas desde el Partido Comunista Soviético. Se echaban loas a Hitler o a Churchill alternativamente, dependiendo de la marcha de los acontecimientos y del desarrollo de las estrategias. Lo único impensable en este juego de simulaciones era formular alguna crítica contra la URSS.
Ese sencillo y perverso mecanismo no solo impidió conocer lo que ocurría al interior de los países del socialismo real, y entender las razones de su espectacular colapso a fines del siglo XX, sino que restringió toda posibilidad de construir un pensamiento alternativo de izquierda en América Latina. Generaciones enteras de revolucionarios quedaron enredados e inmovilizados entre una maraña burocrática absurda e incomprensible. Las aberraciones teóricas del estalinismo nos pasan factura hasta la actualidad. Y todo por esa visión reduccionista de la confrontación ideológica: la realidad tenía que ser embutida en los obtusos dogmas de las teorías oficiales.
Cuestionar las imposiciones políticas e ideológicas de la intelligentsia soviética era un sacrilegio. Quienes osaban poner en duda las verdades oficiales eran automáticamente tachados de contrarrevolucionarios, enemigos del socialismo, quintacolumnistas del capitalismo o, simple y llanamente, de agentes de la CIA. El control se ejercía desde la sacralización del discurso, desde el más pedestre maniqueísmo. La crítica corrió la misma suerte que la autonomía de la razón: ambas quedaron proscritas.
Aquellos intelectuales de izquierda que adscribieron a esta línea política quedaron reducidos a la más penosa mendicidad. Tenían que esperar estoicamente la caridadideológica que chorreaba de las alturas. Y, agradecidos, morder al enemigo de turno. Como hace Emir Sader.
La justificación de estas posturas parte de una dicotomía tan elemental como burda: la validación por simple comparación. El socialismo real era positivo sencillamente porque cumplía la función de contrapeso al ruin capitalismo. Mutatis mutandi, hoy toca defender a los auto-proclamados gobiernos progresistas de la región porque hablan mal de los Estados Unidos. Antes había que apartar la vista de los crímenes masivos, de las purgas, de la devastación ecológica y de la aniquilación de los derechos y libertades en Europa del Este; ahora hay que hacerse los desentendidos con la corrupción, las políticas neoliberales o la destrucción de la organización socialpuestas en práctica por los susodichos gobiernos.
De más está insistir en qué terminó este fundamentalismo político. No solo que el socialismo real jamás llegó a ser una alternativa al capitalismo de Occidente; hoy, el capitalismo ruso es aún más devastador que el que en su momento pretendió combatir. Y detrás de esta dramática conversión únicamente quedaron los escombros de un sueño revolucionario que se llevó consigo las esperanzas de millones de seres humanos.
Emir Sader quiere empujarnos a un dilema que no por parecido resulta igual. Porque la contradicción entre el gobierno ecuatoriano y las fuerzas conservadoras tiene más de cascarón que de condumio. ¿O es que no se ha enterado que durante una década los mayores beneficiarios del modelo populista han sido los principales grupos monopólicos del país? ¿O que el Ecuador entero está empeñado a las transnacionales chinas, muchas de las cuales cuentan entre sus activos con capitales gringos y europeos? ¿O que el gobierno acaba de suscribir un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea en las peores condiciones imaginables?
Argumentar que la continuidad del correísmo implica una defensa de los derechos sociales del pueblo, del empleo y los salarios de los trabajadores, del medio ambiente y de la soberanía refleja un cinismo imperdonable. O simple ignorancia. O mala fe (para utilizar el mismo calificativo con que Sader aboga por la candidatura de Lenín Moreno, y que coincide con una de las muletillas favoritas de Rafael Correa). Es precisamente por el retroceso experimentado en estos diez años en estos derechos que los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda han resistido y se han opuesto al gobierno de Alianza País. Y es justamente para impedir la profundización de estas regresiones que el movimiento indígena, las centrales de trabajadores históricas, el movimiento ecologista, las organizaciones de mujeres y la izquierda en general llevan años luchando por auténticas alternativas de cambio social.
Esto es lo que Emir Sader maliciosamente obvia mencionar. Simplifica la contradicción electoral entre el candidato oficialista y Guillermo Lasso, cuyo banco es uno de los grandes beneficiarios del correísmo, para desvanecer la candidatura de Paco Moncayo, de los partidos de izquierda, de la socialdemocracia y de los movimientos sociales. Repite mecánicamente la consigna del correísmo; medra de los discursos oficiales; mendiga instrucciones. Negando la diversidad pretende absolutizaruna supuesta confrontación entre dos sectores (Moreno y Lasso) que tienen más coincidencias que discrepancias.
No son los intelectuales críticos del correísmo quienes le hacen el juego a la derecha; son la condescendencia y la marrullería de Sader las que santifican a un régimen que sistemáticamente ha buscado sepultar toda posibilidad de cambio profundo de la sociedad ecuatoriana. En su caso, no corresponde pedirle que asuma ninguna responsabilidad política; hay que exigirle un mínimo de honestidad.
 
Diciembre 29, 2016

22 dic. 2016

Carta a Macri por Milagro Salas, de HRW

 
Washington, D.C., 22 de diciembre de 2016

Ing. Mauricio Macri
Presidente de la República Argentina
Presidencia de la Nación
Casa Rosada
Ciudad Autónoma de Buenos Aires – ARGENTINA

De mi mayor consideración,

Tengo el honor de dirigirme a su excelencia con el propósito de instarlo respetuosamente a adoptar medidas para asegurar la inmediata liberación de la prisión preventiva de Milagro Sala, a la luz de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU. También quisiera aprovechar esta oportunidad para instar una vez más a su gobierno a presentar una propuesta legislativa para modificar la definición de “sedición” en el Código Penal, con el propósito de prevenir que este tipo de casos ocurran en el futuro.

Como es del conocimiento de S.E., Milagro Sala fue detenida en enero y acusada de “sedición” por participar en una manifestación pacífica en el centro de San Salvador de Jujuy, la capital provincial. Según consta en documentos judiciales analizados por Human Rights Watch, se acusó a Sala de “gestos” y “arengas” para incentivar a otros a “acamp[ar]” y “obstaculizar” el tránsito, provocando una “alteración del orden público” y la “alarma colectiva de la población”. La fiscalía no argumentó que se hubieran producido incidentes violentos durante esa protesta.

Los cargos contra Sala por participar en una manifestación pacífica violan el ejercicio de la libertad de expresión. Los señalamientos contra Sala, aun si fueran ciertos, no constituyen “sedición” conforme a ninguna definición legítima de este delito. Como señalé en una columna publicada el 28 de enero de 2016, y en la reunión que tuve con S.E. en Buenos Aires en julio, el delito de sedición está definido de manera excesivamente amplia en el Código Penal de Argentina, y esto facilita su uso para limitar gravemente el ejercicio de la libertad de expresión.

El 29 de enero, la justicia revocó la detención preventiva contra Sala por el cargo de sedición. Sin embargo, Sala no fue liberada porque, el mismo día, otro juez dispuso su detención preventiva en relación con un nuevo caso en el cual un fiscal había acusado a Sala, el día anterior, por los delitos de “extorsión”, “asociación ilícita” y “defraudación en perjuicio del estado”. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU concluyó que el sistema judicial de Jujuy utilizó “acusaciones consecutivas” para mantener encarcelada a Sala y no justificó adecuadamente su detención preventiva.

Si bien el Grupo de Trabajo no tiene facultades legales para obligar a su gobierno a cumplir con su decisión, se trata de un grupo de expertos independientes especializados en materia de detención arbitraria y sus opiniones tienen gran peso en la interpretación de las obligaciones jurídicas internacionales que deben cumplir los estados en este ámbito.

Entendemos que su gobierno ha invitado al Grupo de Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos —la cual instó al gobierno argentino a cumplir con la decisión de este último— a realizar una visita in situ al país y analizar más detenidamente el caso de Sala. Valoramos que su gobierno promueva la cooperación con estos organismos y esperamos que las visitas se realicen próximamente. Sin embargo, estas visitas no sustituyen —ni pueden permitir postergar— las medidas que su gobierno debe adoptar para cumplir a la mayor brevedad con la decisión del Grupo de Trabajo de liberar a Sala. 

Los argumentos planteados por su gobierno en respuesta a la decisión del Grupo de Trabajo sobre el caso de Sala no resultan convincentes. El 3 de diciembre de 2016, S.E. manifestó que “a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Sala”. Este comentario resulta verdaderamente desafortunado. En una sociedad democrática, los derechos —sobre todo aquellos fundamentales como el derecho a un juicio justo y a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial—son una garantía frente a la voluntad de las mayorías, y no pueden quedar sujetos a la opinión circunstancial de la población.

Sabemos que Sala está siendo investigada por varios delitos, incluidos presuntos actos de corrupción, amenazas y tentativa de homicidio. Es evidente que, al igual que cualquier otro ciudadano, Sala debe ser investigada por la presunta comisión de estos delitos. Sin embargo, estos señalamientos no son suficientes para justificar la prisión preventiva de Sala. Según estándares internacionales de derechos humanos, la prisión preventiva debe justificarse sobre la base de un riesgo cierto de que el acusado eluda la justicia, obstaculice la investigación judicial o suponga un peligro concreto para otras personas, y no per se por la gravedad de los delitos bajo investigación. El Grupo de Trabajo concluyó que las autoridades judiciales de Jujuy no demostraron de forma convincente que Sala fuera a eludir la justicia u obstaculizar la investigación judicial en caso de ser liberada. En función de los argumentos presentados por su gobierno ante este organismo y los pronunciamientos de tribunales superiores jujeños, coincidimos con el Grupo de Trabajo en este punto en particular.

Por su parte, la Canciller Susana Malcorra ha sugerido que el poder ejecutivo federal no puede entrometerse en la decisión del poder judicial de Jujuy de encarcelar a Sala, y agregó que Estados Unidos ha dado esta explicación en circunstancias similares. Si bien reconocemos las dificultades prácticas que plantea la estructura federal de gobierno en este caso, su gobierno tiene la responsabilidad jurídica de adoptar todas las medidas a su alcance para asegurar que Sala no permanezca detenida arbitrariamente. Las obligaciones de derechos humanos se extienden a todas las provincias o estados de una estructura federal de gobierno, sin exclusión. Asimismo, los estados —se trate de los Estados Unidos, de Argentina o de cualquier otro— no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, como su sistema federal, para justificar el incumplimiento de sus obligaciones jurídicas internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ratificado reiteradamente este principio, incluso en pronunciamientos sobre el sistema federal argentino. Por ejemplo, en 2006, la corte reiteró que el “el Estado no puede alegar razones de derecho interno”, luego de que una delegación del gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner intentara justificar su incumplimiento de una medida provisional de la corte debido a la falta de coordinación entre el gobierno federal y las autoridades provinciales de Mendoza.

Sr. Presidente, la promoción y la protección de los derechos humanos a nivel universal se funda en el respeto a las decisiones de organismos internacionales especializados, como el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, y en la obligación de los estados de proteger los derechos fundamentales tanto en el plano interno como en el plano internacional. Su gobierno merece un amplio reconocimiento por la firme posición que S.E. ha adoptado en materia de derechos humanos, en especial ante la grave situación que afecta a Venezuela. Argentina podría seguir jugando un importante papel en el campo de los derechos humanos a nivel global, pero para que este rol sea desempeñado con la mayor credibilidad y legitimidad es preciso que su gobierno colabore de forma plena con las decisiones de los organismos internacionales de derechos humanos.

Aprovecho la ocasión para expresarle los sentimientos de mi más alta consideración y estima.


José Miguel Vivanco
Human Rights Watch

21 dic. 2016

Para terminar el año (y empezar la lectura): 10 libros sobre Justicia


El abogado, sociólogo y escritor argentino, autor de libros como Castigar al prójimo y Carta abierta sobre la intolerancia -uno de los juristas más respetados y consultados en América Latina-, comparte su biblioteca alrededor del derecho, la ley, el castigo y la justicia.
Fuente | Big Sur
Por Roberto Gargarella.
1
La Teoría de la Justicia de John Rawls es un poco el origen de todo. Fue este libro, que Rawls maduró durante décadas, el que cambió la escena de la filosofía política contemporánea, en particular aquella enfocada en los asuntos de justicia. Entendemos a la justicia, desde entonces, y conforme al elegante decir de Rawls, como “la primera virtud de las instituciones sociales”. La justicia, para él, es la primera virtud de las instituciones, del mismo modo en que “la verdad lo es de los sistemas de pensamiento.”

2
Ronald Dworkin fue el jurista que mejor expresó y desarrolló, dentro del ámbito del derecho, las preocupaciones que Rawls había comenzado a instalar dentro de la filosofía política. De los muchos textos importantes publicados por Dworkin mencionaría mi favorito, Una cuestión de principios, recientemente traducido al castellano. Allí se abordan, de modo magistral, temas como los relacionados con las acciones afirmativas, la pornografía o la desobediencia civil -temas relegados o marginados por el derecho, durante décadas.

3
Catharine Mackinnon, en obras como Feminismo Inmodificado, desafió y puso en crisis muchos de los supuestos propios de visiones de la justicia como las mencionadas antes (de hecho, los debates entre Dworkin y Mackinnon sobre la pornografía son de antología). Mackinnon, de formación marxista y convicciones feministas, escribe con una potencia inigualable: leerla equivale a salir al ruedo en un ring de boxeo.

4
La obra del jurista argentino Carlos Nino marca un antes y un después en la reflexión latinoamericana en torno al derecho y la justicia. La profundidad de sus análisis, su sofisticación teórica y su compromiso político permanecen inigualados en la región (recordemos, por caso, el papel protagónico de Nino en la justificación de la derogación de la ley de auto-amnistía militar, en 1983; o su trabajo decisivo en la histórica política de juzgamiento a las juntas militares, en los inicios de los 80 también). Juicio al mal absoluto –un texto en parte autobiográfico- nos cuenta algo de su trayectoria y contribuciones en materia de justicia transicional. Etica y Derechos Humanos destaca como uno de los libros fundamentales en su legado.

5
Gerald Cohen, filósofo canadiense, marxista, profesor en Oxford hasta su reciente fallecimiento, nos dejó también una vasta y agudísima obra en torno a los debates sobre la justicia, siempre desde una perspectiva socialista. Su brevísimo y exquisito libro ¿Por qué no el socialismo? ofrece un hermoso ejemplo del valor, la gracia y la fuerza de su obra.

6
Reva Siegel y Robert Post han realizado grandes contribuciones al derecho contemporáneo, revisando y subrayando el modo en que el derecho actual es en parte producto de (a la vez que en parte alimenta a) la movilización de grupos. ¿Cuánto de las decisiones judiciales contrarias a la discriminación racial se debe a las movilizaciones callejeras encabezadas por Martin Luther King? ¿Cuánto de los cambios operados por el derecho en materia de género se deben a los conflictos y desafíos interpuestos, durante años, por activistas feministas, o por el movimiento de mujeres en general? Un libro como Constitucionalismo democrático nos ayuda a pensar en todo ello.

7
Genaro Carrió –primer presidente de la Corte Suprema en nuestra renaciente democracia- fue no sólo un abogado prestigioso, sino también un académico brillante, que bien pudo continuar su vida académica en Oxford. Carrió prefirió volver a la Argentina, comprometido como siempre estuvo con el desarrollo de nuestras instituciones. Él nos dejó, entre muchos grandes recuerdos, una serie de libros que destacan por una claridad absoluta, una tremenda agudeza analítica, y una prosa borgeana e irónica. Notas sobre derecho y lenguaje es una buena muestra de lo que digo.

8
El ahora popularísimo profesor Michael Sandel (capaz de reunir multitudes de miles de personas para escuchar sus clases) fue en su momento uno de los primeros grandes críticos del liberalismo político. Hoy se lo considera uno de los fundadores del llamado movimiento “comunitarista”, pero la descripción también sería cierta si se hablase de él como uno de los responsables del renacimiento del “republicanismo político,” o como un “socialista” preocupado fundamentalmente por el modo en que nuestras instituciones y prácticas socavan nuestro compromiso cívico, y así también las posibilidades de nuestro autogobierno colectivo. Un excelente libro de su autoría, aunque poco recordado hoy, es Democracy´s discontent, una reflexión sobre el modo en que el republicanismo cívico fue perdiendo fuerza e influencia en el derecho contemporáneo.

9
A la hora de pensar críticamente en torno a la pena (en particular, cuando la es pena aplicada en contextos de injusta desigualdad), recomiendo los trabajos de Antony Duff, como los que aparecen compilados en su libro Sobre el castigo. Sin embargo, aprovechando el reciente premio que recibiera, concluiré mencionando al actual Nobel de Literatura Bob Dylan, y su tema I shall be released. Como escribí en el prólogo de un libro que publicara hace unos años, dicho tema me resultó más inspirador que los muchos litros de literatura penal que consumí en estos últimos años.

10
Para no quedarme solamente con autores contemporáneos, voy cerrando esta lista con dos textos que me han resultado siempre muy inspiradores, en todo lo atinente al problema de la justicia (y sobre todo al de la injusticia): Los Manuscritos económicos y filosóficos de 1844, de Karl Marx, que combinan la radicalidad del análisis y una prosa conmovedora, y La situación de la clase obrera en Inglaterra, de Friedrich Engels, un maravilloso y algo olvidado ejemplo acerca de cómo hacer sociología de las instituciones.