31 oct. 2013

(Fallo Ley de Medios 3) Los tiempos de la decisión

Sigo con las reflexiones sobre el fallo en materia de Ley de Medios. El que quiera mirar River-Boca, que prenda la tele, pero el propósito de estos comentarios no es el de pegarle a nadie, sino el de pensar (la decisión ya está tomada, y yo no recomendaría apelarla, si fuera posible). Lo que quisiera decir ahora (los posts seguirán) se relaciona con los tiempos de la decisión.

Hay un problema en los modos en que está decidiendo la Corte, al que me referí alguna vez analizando un fallo que apoyé, el fallo "Arriola," sobre consumo de estupefacientes. En ese entonces dije que cuando estaban en juego derechos fundamentales no se podía actuar tan estratégicamente, mirando el reloj todo el tiempo y tomando la temperatura social a cada instante. Entiendo que la Corte en general, y Lorenzetti en particular, tienen una vocación de cálculo marcada por su voluntad de reconstruir la legitimidad de la Corte. Pero me parece que ello los lleva a poner demasiado -a mi gusto un indebido- peso en las consideraciones estratégicas.

Ahora bien, dentro de esa misma lógica del cálculo (que se impone sobre la urgencia de proteger derechos) -que es la de la Corte, no la mía- me parece sorprendente el "timing" de la última decisión sobre Ley de Medios. Y me sorprende en la misma lógica de razonamiento a la que apela la Corte en su fallo, invocando permanentemente la necesidad de que la sociedad discuta, delibere, repiense, madure sus juicios.

Acababa de terminar un comicio nacional, muy importante, y la sociedad necesitaba meditar un poco, repensar, masticar lo que acababa de suceder, ver hacia dónde orientarse en ese escenario. El fallo de la Corte, es claro, nos atragantó a todos (en algunos casos, de gula, en otros por la angustia, en otros más por la sorpresa), y en ese sentido abortó del peor modo la posibilidad de una reflexión colectiva sobre la vida pública nacional. No pudimos elaborar de ningún modo lo ocurrido, y tuvimos que salir corriendo a leer 400 hojas sobre la decisión, sin poder detenernos a pensar siquiera en dónde estábamos parados. Es decir, contra lo que proclamaba, la Corte vino a impedir, más que a ayudar el debate público, por el "tiempo" en que decidió publicitar su decisión. Una pena, y un error, conforme al propio razonamiento que la Corte anunciaba en su fallo.

30 oct. 2013

(Fallo Ley de Medios 2) Sobre niveles de escrutinio y presunciones

Sigo leyendo con detalle el fallo sobre Ley de Medios, y ahora tengo algunas cosas más claras.

Tengo un acuerdo general con la filosofía del caso, la jurisprudencia que cita, los autores que cita, etc. Eso es muy importante, porque habla de un amplísimo marco de acuerdos con lo que se dice en este caso, y lo que se dijo en otros ya decididos (desde publicidad oficial a acceso a info, a consultoras privadas), y lo que se dirá en futuros casos. Hablamos entonces de democracia deliberativa, debate robusto, regulación estatal, límites sobre los grandes grupos, etc.

Tengo, de todos modos, un desacuerdo significativo con el modo en que la Corte se acerca al caso, el tipo de escrutinio que aplica, el modo en que lee las "presunciones de inconstitucionalidad," y algunas de las conclusiones a las que llega a partir de allí. Esto me lleva a pensar (lo aclararé en post posteriores) que en lo personal podría haber firmado una parte importante de las consideraciones que se hacen en el caso, pero dejando muy en claro que la mayoría se está equivocando en los modos en que leen las "sospechas" y "presunciones."

Se trata de un caso de libertad de expresión, desde el arranque, y no dependiendo de lo que digan las partes, o si lo dicen bien o mal. Esto último determinará si tienen razón o no en considerarse afectados. Pero eso no quita que se trata de un caso de libertad de expresión, y de los más importantes: El caso tiene una importancia similar a la Reforma de la Justicia, o la Reforma Electoral, o la Reforma de los Partidos Políticos, o la Regulación de la Protesta. Cualquier regulación en estas áreas, u otras similares, exigen un escrutinio estricto, presunción de inconstitucionalidad, sospecha sobre la regulación.

Y decir esto es totalmente compatible, insisto, con decir que, luego de aplicado el escrutinio estricto, la parte no es asistida por el derecho, o no lo es en una mayoría de los casos. Pero el escrutinio, hoy, está mal enfocado y mal entendido (cosa que queda muy en claro cuando la Corte se esfuerza por hacer lo que no puede hacer bien: distinguir este caso del enfoque que tuvo en el caso "Río Negro," en donde había decidido de acuerdo los criterios que aquí suscribimos). Por lo demás, este acercamiento, diferente del que propone la Corte, requiere también una lectura distinta sobre la cuestión de la práctica efectiva de la ley, que la Corte ha diferido para analizar más adelante. La seguimos.

29 oct. 2013

(Fallo Ley de Medios 1) Interesante la Corte sobre Ley de Medios y democracia deliberativa (con pd)

Hay varias dagas pendientes en el fallo de la Corte. Si fuera amigx del gobierno, no lo festejaría demasiado (aunque, si festejaron la derrota del domingo, es obvio que esto también lo van a festejar). La Corte, acá, dejó en claro varias cuestiones que queríamos que aclarara, y mandó varios mensajes en su fallo. Sostuvo

* (notable) que de lo que se trata es de "fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes." Claro mensaje sobre el modo en que va a interpretar las quejas que le lleguen en casos futuros. Llama a la libertad de expresión "precondición del sistema democrático" que requiere (nuestra referencia permanente") un debate desinhibido, robusto, ilimitado (cita sobre el tema a Owen Fiss, a Carlos Nino, a Alexander Meiklejohn, y a nuestro caso favorito, "Red Lion"). Es la primera vez que veo a la mayoría de una Corte tan abiertamente comprometida con leer la libertad de expresión a la luz -explícitamente- de una democracia deliberativa, acompañando ese compromiso con las citas pertinentes, y consciente de las exigentes implicaciones que se derivan de ello (ver los puntos que siguen)

* que las licencias no son, como sostuvo el gobierno en la audiencia, meros privilegios, sino que están vinculadas con derechos, que en caso de removerse deben ser indemnizados

* que (abriéndose a una cuestión que habíamos planteado desde el blog, por ejemplo) muchas de las cuestiones constitucionales que plantea la Ley van a resolverse en la medida en que se desarrolle la práctica, y se pueda ver el modo efectivo en que ella es aplicada por el gobierno

* que el gobierno debe distribuir los subsidios y la publicidad oficial de modo transparente (anuncia cómo va a seguir decidiendo los casos que le lleguen sobre el tema)

* que el AFSCA debe ser una institución independiente (abre una puerta interesante para impugnar la independencia del organismo)

* que los medios públicos no deben ser "meros instrumentos de apoyo a una política de gobierno" ni servir para "eliminar voces disidentes" (o sea...)

Hay mucho material interesante, que seguiremos mirando

pd.: Lo que no entiendo es cómo la Corte insiste en que no se trata de un caso de libertad de expresión, y por eso lo manda a escrutinio no-estricto. Podría llegar a decir más o menos lo mismo, pero haciendo el análisis que corresponde

Un modo diferente de pensar la política

Bancas que rotan dentro del colectivo de alianzas; sueldos limitados a lo que gana un trabajador. Reportaje al diputado electo Néstor Pitrola, acá; sobre la excelente elección del Frente de Izquierda en Mendoza, acá; sobre la histórica elección en Salta (segundos en la Provincia más...de la Argentina¡), acá.

28 oct. 2013

Patria querida, dame una Corte como la colombiana II

Reflexión de don Rodrigo U., sobre el último interesante fallo de la Corte Constitucional, acá (gracias MPS) (habíamos empezado a hablar del tema, en este post, acá)

Narcotráfico y la pregunta sin respuesta

Buen reportaje, ayer, al amigo Alberto F. , estudioso del fenómeno del narcotráfico (acá). Entre muchas observaciones de interés, se pregunta don F.: Cómo puede ser que en el país una campaña electoral reciente se haya financiado, comprobadamente, con dinero narco, y que ello no haya significado el fin de la carrera política de nadie? Y agregaría, cómo es que eso ha sido soslayado por los simpatizantes de este gobierno? Será porque es una pregunta mediática? Será porque algunos han perdido la dignidad por completo? Hasta dónde, amigos, se han degradado?

Co-organizamos: Democracia y principio de la diferencia


Este miércoles. Todxs invitados!!!


Mucho más que un voto contra las formas


(publicado hoy, acá)

Antes de decir qué asco da cómo votan los que no votan conmigo, antes de que llegue el pesimismo habitual que lo arrastra a uno, vayan algunas notas para una lectura no negativa del resultado de este domingo. Ante todo, es posible y tiene sentido leer el voto contrario al gobierno como un voto que no lo rechaza por sus formas bobas, sino por el fondo de sus peores políticas (esto, contra quienes se auto-consuelan pensando que el repudio al gobierno se debe a sus meras formas, o a sus ya viejos logros). Se votó contra un gobierno que habla de derechos humanos mientras, por caso, ofrece Milani, propone “mano dura”, aprueba una ley antiterrorista, y exige privilegios para los propios, para todos los casos (aún frente a la dificultad banal de una multa). Se votó contra un gobierno que se denomina la “izquierda posible,” mientras, por caso, da Chevrón (instantes después de haber gritado “YPF y la patria”), acuerda con el CIADI (luego de haber dicho nunca), y se jacta de ser un “pagador serial” (apenas luego de convencernos de que se llamaba desendeudamiento). Se votó contra un gobierno que convirtió la palabra pública en puras mentiras, todo el tiempo, en todos los casos, desde hace años. Se votó contra un gobierno que quiere que normalicemos la presencia de funcionarios que hablan en el idioma de los violadores, funcionarios que ríen mientras ponen un arma sobre la mesa, funcionarios que justifican las políticas públicas que promueven con frases tales como “porque yo lo quiero.”

Mucho más y mejor que eso. La elección fue una buena ocasión para reconocer que las ideologías gozan de buena salud, que cientos de miles han hecho tronar su escarmiento a través de un voto protesta que no fue arrojado al vacío ni necesitó convertirse, simplemente, en un voto-Clemente (o en alguna otra forma del voto anulado): muchos reconocieron, así, el valor de explorar salidas cuestionadoras, que no son conservadoras ni defensoras del status quo. Desde el extremo norte del país, al extremo sur, emergieron entonces pequeñas alternativas desafiantes, creativas, diferentes, también rostros nuevos.

Todo esto, en el contexto de un sistema electoral que siempre es injusto con el votante; que no le da la ocasión de hablar todos los días; que lo relega a opinar una vez cada tantos años; que le impide establecer matices; que simplemente le imposibilita decir: “éste sí, éste no, esta política sí, esta política no, y esta otra agréguenla por favor.” No: el sistema electoral lo impide casi todo, y relega al electorado al lenguaje de las piedras. Si concibiéramos la democracia de otro modo, si se la hiciera posible, no deberíamos estar peleándonos por interpretar qué dijo quién, cómo; no veríamos cada elección como un mensaje cifrado, que cada uno de nosotros, como un oráculo, termina interpretando de un modo distinto.

27 oct. 2013

26 oct. 2013

La influencia de Nino

Publicado hoy en Revista Ñ, acá


Siempre leo y escucho con mucha atención las aportaciones de Diana Maffía, que combinan inevitablemente inteligencia, dulzura y verdad. Con eso basta: no es necesario nada más. Se trata de una fórmula imbatible. En este caso, el texto de Diana se refería a quien fuera mi maestro durante una década aproximadamente, Carlos Nino.

La influencia de Nino fue decisiva para la vida de todos quienes trabajamos con él. No sólo por el nivel excepcional –al menos, en el mundo de habla hispana- de sus trabajos académicos, sino por esa mezcla notable que representó entre vida pública y compromiso político. Fue de los mejores ejemplos que tuvimos de aquello que se ha dado en llamar un intelectual público.

Pensando en él quisiera destacar el modo en que las discusiones que promovía en el mítico “seminario de los viernes” (que se llevaba a cabo en el Instituto Gioja de la Facultad de Derecho) aparecieron siempre en relación con la realidad difícil que nos rodeaba, en esos tiempos de post-dictadura y transición democrática.

Las sesiones del Gioja discurrían en torno a artículos y libros que Nino traía de sus viajes anuales al exterior (él daba clase en varias Universidades extranjeras), que nosotros (sus estudiantes y colaboradores) esperábamos sedientos de ansia en tiempos de pocos viajes y un mundo sin internet. Los debates comenzaban de modo mágico, con Nino resumiendo en media hora el texto a leer (el texto quedaba entonces mucho mejor que en su versión original), y luego se abría a la discusión, en la que podía participar absolutamente cualquiera que tuviera algo que decir: se tratara de un profesor diplomado o un alumno de primer año, que había visto luz al pasar y se animaba a entrar en la sesión de debate.

Qué leímos y aprendimos en esos años? A través del estudio de la filosofía  contractualista de John Rawls supimos, por caso, que la política debía pensarse desde “el punto de vista de los más desfavorecidos”, y que era injusto que la vida de las personas dependiera de “hechos moralmente arbitrarios” (su color de piel, su etnia, la clase social en la que había nacido, sus talentos y capacidades naturales).  Aprendimos, leyendo a Jon Elster, sobre la “subversión de la racionalidad”, en momentos en que los economistas nos hablaban de “actores racionales.” Aprendimos también sobre teoría democrática, y desde allí entendimos que las normas no podían reclamar “validez” a partir de su mera “vigencia,” o por el mero hecho de contar con el respaldo de la fuerza. Las normas, para ser válidas, debían ser el resultado de una discusión entre iguales, y en la medida en que no lo fueran –y cuanto menos lo fueran- perdían valor democrático (esta línea de argumentación sería decisiva, más tarde, y en buena medida por la influencia de Nino, para la derogación de la “ley de autoamnistía” que había dictado el general Bignone).  

A partir de aquellos estudios comenzamos a reconocer el sentido de la deliberación pública; aprendimos que democracia era mucho más que votar; que para hacer leyes (válidas) no bastaba, meramente con que unas cuantas personas electas popularmente alzaran la mano al mismo tiempo; aprendimos que la participación política tenía un valor y un sentido que no eran meramente simbólicos o expresivos: aprendimos que la participación política no era un hecho meramente deseable, sino directamente una condición de la validez de las leyes dictadas. Por eso, también, desconfiamos de la ciencia política “realista” que le otorgaba el honorífico título de “democrática” a cualquier sociedad en donde se votara y se respetaran a grandes rasgos algún manojo de derechos básicos.

Luego el igualitarismo. Todos los que trabajamos largo tiempo con Nino terminamos comprometidos con el igualitarismo político que conocimos leyendo a Ronald Dworkin o a Gerald Cohen. Vimos, entonces, de qué modo esa postura igualitaria era consistente con una teoría de la justicia como la de Rawls; a la vez que aparecía como precondición de la teoría democrática que pregonábamos. Cuál era el sentido, sino, de pensar en actores comprometidos con la deliberación, si ellos no tenían lo suficiente siquiera para subsistir? Cómo podíamos defender la centralidad del diálogo público, si no contábamos con ciudadanos que estuvieran de pie por sí mismos, en condiciones vitales, sanitarias, motivacionales, apropiadas, que los ayudaran e inspiraran a entrar en política?

Estudiamos con cuidado la teoría consensualista de la pena elaborada por el propio Nino -una teoría enmarcada por principios básicos de justicia- y con ella empezamos a imaginar cuáles eran las formas de reproche que correspondían para quienes había actuado en violación grave de los derechos de los demás. Fueron este tipo de lecturas las que nos ayudaron a pensar y concebir el derecho como un medio por el cual aún el más poderoso podía verse en la obligación de sentarse en el banquillo de los acusados, como uno más, como cualquiera de todos nosotros.

Y finalmente, y sobre todo (al menos éste fue mi caso) estudiamos Ética y derechos humanos, un libro que resumió como ninguno de sus otros trabajos, lo mejor de las reflexiones de Nino sobre derecho, moral y política. Escrita en torno al principio de la autonomía personal, esta obra nos proveyó de defensas firmes contra las corrientes perfeccionistas y autoritarias tan comunes en el mundo académico, tan habituales en la historia constitucional latinoamericana, y tan propias de la vida política argentina. Desde entonces, nunca volvimos a discutir de la misma manera temas como los vinculados con la igualdad de género, los derechos de los homosexuales, o la defensa de las minorías culturales.

Se trataba, en definitiva, de un cuerpo teórico robusto, consistente, con partes que parecían articularse sólidamente unas con otras, piezas que encajaban entre sí de modo casi perfecto. Porque defendíamos la igual dignidad de las personas y la autonomía personal, rechazábamos el perfeccionismo moral y el elitismo político. Desde allí montábamos una defensa particular de la democracia, basada en la confianza sobre las capacidades de la ciudadanía y la discusión pública. A la vez, la teoría democrática que propiciábamos demandaba precondiciones sociales muy exigentes, que nos llevaban a pensar en teorías de justicia distributiva también robustas.

25 oct. 2013

Patria querida, dame una Corte como la colombiana

La Corte Constitucional de Colombia decidió un caso fundamental, esta semana, al tumbar al fuero penal militar, promovido por el derechista Presidente Uribe. Lo que nos importa, de todos modos, es la argumentación articulada por el máximo tribunal. Se trata, lo sabemos, de la Corte más sensible que conocemos al argumento sobre control constitucional que más apoyamos desde este blog: el del control al proceso deliberativo al interior del Congreso (el elogio a la Corte se mantiene, a duras penas, dada la última composición de la Corte, que es la menos atractiva de todas las que ha tenido hasta el momento). Ver notas acá y acá y acá.

Para nuestro enorme regocijo, la Corte insistió en su habitual doctrina de que las leyes no se pueden aprobar sin debate: no es permisible hacer leyes a la carrera; no es posible romper la "unidad de materia" incluyendo asuntos nuevos a última hora; no es válida una norma si no hubo tiempo suficiente para estudiar el proyecto de ley, porque ello atenta contra la posibilidad de hacer un buen debate; no se puede pasar por encima de las formalidades reglamentarias que exigen discusión (en este caso es lo que ocurrió porque -contra lo definido reglamentariamente- estaba deliberando una comisión al mismo tiempo que se llevaba a cabo una sesión plenaria). El Presidente de la Corte, Iván Palacio, dijo que

"Se desarrolló la votación en circunstancias de apremio debido a la simultaneidad con la convocatoria a la plenaria, afectando las condiciones de la deliberación democrática de la Cámara de Representantes (...) Se desconocieron no sólo los artículos 83, 91 y 93 del reglamento del Congreso, sino principios constitucionales de participación de las minorías, pluralismo y la calidad del debate parlamentario",

Música para mis oídos. No por casualidad se lo considera el mejor tribunal latinoamericano, uno de los más notables a nivel global.

24 oct. 2013

El kirchnerismo como etapa superior del menemismo

Quién iba a decir que íbamos a encontrar a viejos amigos y colegas, con los que criticamos y combatimos al menemismo en todas sus formas, sonriendo frente a candidatos que juegan el juego de la farándula; acusando sistemáticamente a los trabajadores por los crímenes (ferroviarios) que el gobierno comete; asumiendo el papel del funcionario responsable para celebrar que seamos "pagadores seriales"; festejando los acuerdos con Chevrón o por el "fracking"; alegando razones de Estado para justificar el nombramiento de represores en los más altos puestos de responsabilidad pública. Es el legado más duro y triste del kirchnerismo: el modo en que ha obligado a degradarse a sus miembros. 



Principios y política. La extorsión moral del kirchnerismo

Hoy publico esta nota, acá.





El Gobierno le interesa presentar la elección que viene como un enfrentamiento entre dos proyectos: el propio y el de un único "adversario imaginado", en buena medida creado por él y a su medida, que expresaría una versión vulgar de lo que podría llamarse el liberalismo-conservador.
Conforme al imaginario ofrecido por el Gobierno, la disputa de este tiempo se daría entre una posición estatista, intervencionista, preocupada por preservar las fuentes de trabajo –que sería la del kirchnerismo– y otra alternativa anti-estatista, neoliberal, interesada en espúreos negocios privados, aun a costa de renunciar a básicas protecciones sociales y volver a subir los niveles de desempleo.
El escenario imaginado por el Gobierno es simplista y falso en casi todos sus rasgos. Primero, porque hoy ya es parte del sentido común en todo el arco de partidos políticos argentinos, que el Estado tiene un papel crucial POR cumplir, a los fines de curar y evitar los males que fueron propios de los años 90: la desocupación y las peores consecuencias de la pobreza. Segundo, porque ni el Gobierno es símbolo de estatismo ni la "oposición imaginada" vive aferrada al sueño privatista. La verdad es mucho más compleja; de hecho, el Gobierno acostumbra a enredar al aparato del Estado con oscuros negocios privados: lo vimos del modo más crudo en su política de transporte (el gobierno de la mano de grupos privados, explotando a trabajadores terciarizados); lo vemos en su política energética, capaz de pasar, en cuestión de días, de las arengas nacionalistas a arreglos con Chevrón y a la firma de contratos que avalan las peores políticas del "fracking".
No se trata sólo de que la dicotomía que propone el kirchnerismo es falsa (los protagonistas difieren mucho de la caricatura que prefiere el Gobierno), sino que además ella invisibiliza una cantidad de ideas y proyectos valiosos, de impronta igualitaria, que quedan por fuera de esa falsa dicotomía: hay un amplio campo de proyectos igualitarios que perviven por fuera del territorio demarcado por el oficialismo.
En los hechos, el Gobierno defiende hoy una posición cercana a lo que en términos de filosofía política se denomina "utilitarismo". Su propuesta consiste en invocar un vago interés general para respaldar decisiones que suelen afectar, de modo grave, derechos individuales. Se ampara en grandes objetivos en apariencia cumplidos ("la década ganada") y se empeña en diluir dentro de "todo lo logrado", faltas serias o violaciones de derecho concretas. Por eso mismo, nos dicen los amigos del Gobierno, si se han tomado decisiones importantes en materia de derechos humanos, por qué molestarse si un día se nombra al general Milani –acusado de crímenes graves– como jefe del Ejército; si se impulsan cambios en lo que concierne a la política de ferrocarriles, entonces por qué seguir insistiendo con los más de 50 muertos de Once o con los últimos 100 heridos, víctimas de la corrupción ferroviaria; si la producción de soja es record, por qué preguntarse por las poblaciones campesinas e indígenas brutalmente desplazadas.
Frente al proyecto del Gobierno, existe un amplio campo de posiciones más vinculadas con el igualitarismo (como en la filosofía política, habitualmente en tensión con el utilitarismo), que se expresan a través de voces y grupos de la oposición algo dispersos: es una posición que en parte existe y en parte todavía se debe construir. Preocupada, sobre todo, por la desigualdad generada durante la "década ganada", esta posición irrita al oficialismo porque no puede ser reducida a los planteos del rival conservador que se ha creado el Gobierno. Más todavía, en su interés por la defensa de derechos individuales y colectivos, esta posición se empeña en marcarle al partido gobernante las violaciones de derechos que diariamente comete, a la vez que le señala la existencia de umbrales innegociables que ninguna política debe nunca atravesar.
El igualitarismo no necesita adoptar una posición cerrada destinada a impugnar todas las políticas legislativas impulsadas por el oficialismo, pero considera inadmisible que algunos representantes del Gobierno hayan aceptado cruzar ciertos límites como los que atravesaron al sancionar la ley antiterrorista o al defender el ascenso de Milani. El igualitarismo puede convivir con programas a veces más garantistas, a veces menos liberales en materia de seguridad, pero exige en todos los casos no bajar nunca ciertos umbrales de respeto a las garantías elementales (como, por caso, cuando se, asesina o remueve por la fuerza a miembros de la comunidad Qom; cuando se utiliza a la Gendarmería para espiar a activistas sociales o cuando se recurre al Ejército para desocupar tierras tomadas). Del mismo modo, el igualitarismo puede convivir con la existencia de funcionarios mejores o peores, pero considera por completo impropio que alguno de ellos se exprese cotidianamente en el lenguaje del macho violador.
Los señalamientos que el igualitarismo le hace al Gobierno nos permiten reconocer la existencia de un ancho territorio que incluye críticas incómodas para el kirchnerismo y que desnuda la caricatura oficialista que ubica a sus críticos en el lugar de una oposición conservadora, antiestatista o neoliberal. El hecho es que hay mucha vida por fuera de la dicotómica disputa entre el oficialismo y la oposición antiestatal. Desde ese amplio espacio igualitario, es posible resistir sin problemas la permanente extorsión moral a la que nos pretende someter el oficialismo, al pedir que aceptemos medidas inaceptables en nombre de otras irreprochables ("no hay que criticar el nombramiento de Milani porque ‘dimos’ la asignación por hijos"; "¿quiénes son ustedes para criticar la corrupción de Ciccone, si nosotros ‘conseguimos’ el matrimonio igualitario"?).
El igualitarismo tiene muy buenas razones para rechazar la común estrategia oficial de justificar lo injustificable en nombre de lo heroico (exigir privilegios o demandar "correctivos" contra quien cumple con su deber, en nombre de lo que se ha hecho o se ha padecido en el pasado) y para exigir el cumplimiento irrestricto de ciertas reglas y principios, por más que se incumplan en nombre de objetivos que compartimos.

Al oficialismo siempre le interesó identificar a sus críticos con posturas antipolíticas, que muestran aversión a la militancia y temor frente a la participación de las mayorías. Sin embargo, en la práctica, el Gobierno es quien más ha socavado la vida política al reducirla a las elecciones o al premiar actitudes obsecuentes de lealtad y obediencia.
Pero la política, conviene enfatizarlo, merece entenderse exactamente al revés, como aquello que ocurre todos los días, con independencia de las elecciones; como la que se orienta a satisfacer las necesidades del pueblo, con independencia de lo que digan quienes se consideren sus dueños; como la que exige el desafío constante (antes que la obediencia) a los que están en el poder.

23 oct. 2013

Control constitucional sobre los procedimientos: vamos que ganamos

Festejamos, con bombos y algún platillo, el fallo de la Corte en la causa U.58.XLIX “Unión Cívica Radical de la Provincia de Santiago del Estero c/ Santiago del Estero, Provincia de s/ acción declarativa de certeza”, acá. Quienes defendemos una mirada procedimentalista (democráticamente recargada) sobre el control judicial, queremos exactamente esto (que incluye, entre otras cosas): correr al Poder Judicial de muchas de las cuestiones en las que hoy interviene; ampliar el espacio de la discusión democrática; y asegurar las condiciones procedimentales que permiten que el sistema democrático funcione. Por eso mismo pedimos el fin de la doctrina de las cuestiones políticas, y contra ellas requerimos una intervención especial de la justicia. Vaya situación: justamente en aquellas cuestiones que se han querido aislar del control judicial es donde consideramos que ese control debe hacerse presente. Basta de trampas electorales, basta de zancadillas procedimentales, basta de hacernos vivir la ficción del debate democrático, destinada a que nos arrodillemos frente a lo que no es otra cosa que el acuerdo entre poderosos. Para esto sirve el control judicial de los procedimientos (con todos los problemas que le son propios, y que no ignoramos). (Esta modificación referida a los casos sobre los cuales debe aplicarse el control judicial debe acompañarse de varias otras cuestiones, incluyendo modalidades diferentes de esa intervención, que alguna vez comentamos, y sobre las que más adelante volveremos). Por ahora, y mientras tanto, festejo. Porque  "la historia política de la Argentina es trágicamente pródiga en experimentos institucionales que -con menor o mayor envergadura y éxito- intentaron forzar -en algunos casos hasta hacerlos desaparecer- los principios republicanos que establece nuestra Constitución".