28 feb. 2014

Democracia agonista/democracia deliberativa

Texto que publicamos con don J.Montero, acá


En toda la región, la democracia está de moda otra vez.  Pero no es la misma democracia que celebrábamos cuando cayeron las dictaduras militares latinoamericanas y los regímenes socialistas de Europa del Este. Es una democracia distinta: la democracia agonista.

El agonismo es una concepción que parte del supuesto de que en una sociedad pluralista no hay valores compartidos por todos. Sólo hay grupos con proyectos políticos irreconciliables que nunca llegarán a ponerse de acuerdo sobre nada relevante para el beneficio común. Por consiguiente, no tiene sentido dialogar ni discutir. No hay posibilidad de entendimiento. La vida democrática es un juego de suma cero: si uno gana, el otro pierde, así que sólo hay que preocuparse por ganar. Y una vez que uno gana, no tiene por qué tener contemplaciones con el derrotado. Puede simplemente “ir por todo”.

Como consecuencia de esto, la política se convierte en un campo de batalla entre bandos rivales: pueblo y oligarquía; patriotas y vendepatrias; trabajadores y burguesía; izquierda y derecha. En ese campo de batalla, ambos bandos luchan descarnadamente por el poder. Y si bien evitan el aniquilamiento del enemigo para que la llama de la política no se extinga, aspiran a acorralarlo, a ponerlo contra las cuerdas, a reducirlo a su mínima expresión.

La democracia pasa a ser nada más que el tenue marco legal que permite librar la contienda civilizadamente y la vida democrática deviene guerra civil velada: la celebración de elecciones periódicas y el respeto de algunas garantías constitucionales mínimas son el dispositivo que evita el derramamiento de sangre.

A esta concepción agonista de la democracia se contraponen otras que ponen el acento en una discusión inclusiva, entre iguales –llamemos a esta visión, la de la democracia deliberativa. La democracia deliberativa invierte los axiomas de la postura rival. Aquí no se piensa al pluralismo como la mera yuxtaposición de grupos con proyectos  inconmensurables, sino que se concibe a la política como ámbito en donde los ciudadanos comparten una serie de valores a pesar de suscribir perspectivas distintas. La convicción de que las personas son iguales, el rechazo de la segregación racial o la discriminación de género, y el respeto por los derechos humanos aparecen como algunos de los valores compartidos. Para los deliberativistas, las sociedades democráticas no son meros conglomerados humanos de personas condenadas a coexistir en una misma geografía, sino auténticas comunidades éticas.

Por consiguiente, los deliberativistas no ven a la democracia como un sistema de trincheras en el que amigos y enemigos se enfrentan en una lucha sin cuartel por el botín del poder. Se la representa como un espacio de entendimiento recíproco en el que la ciudadanía discute sobre cómo interpretar su ideario compartido y cómo traducirlo en políticas públicas concretas. Donde la democracia agonista ve enemistad, la deliberativa apuesta por la fraternidad cívica; donde la democracia agonista ve conflicto, la deliberativa propone la cooperación; donde la democracia agonista ve descalificación, la deliberativa plantea el respeto por los que piensan distinto.

Lo que es más importante: contra la idea habitual de que -a diferencia de la postura rival- la concepción deliberativista ofrece una noción ingenua o no realista de la democracia, los deliberativistas proponen un ideal regulativo desde donde critican las injusticias que la visión agonista avala. En efecto, en su preocupación por lograr un diálogo inclusivo, la democracia deliberativa pone un acento especial en las voces que hoy no se escuchan, aquellas que hoy son ignoradas, silenciadas o encerradas por el poder. Para el agonismo, en cambio, lo que cuentan son los poderosos, los que –según la retórica del poder dominante- “juegan en primera”. Todos los demás, los de la segunda o la tercera división, los que quedaron al margen, no cuentan, salvo cuando su presencia conviene o converge con los intereses de los poderosos. El agonismo es el que hoy nos pregunta “cuántos votos tenemos”, para ver si nos reconoce como iguales. Es el que repudia o se burla de las críticas de los más débiles, desafiándolos a que “formen un partido político” y “ganen las elecciones.”

La visión de los deliberativistas es exactamente la contraria. Los deliberativistas entienden que las decisiones que afectan a todos son responsabilidad de todos, y no de la elite que “conduce” al país. Los deliberativistas consideran que una decisión no es legítima cuando no cuenta con el respaldo efectivo de “todos los afectados,” incluyendo de modo especial a las voces actualmente inaudibles: las protestas y las luchas de tantas minorías que hoy resisten el avance de los agronegocios, los proyectos megamineros, o los arreglos en torno a las fuentes energéticas, con que los gobiernos trafican desde el poder.

Afortunadamente, el tiempo del agonismo se agota. Quienes defendemos la democracia deliberativa debemos prepararnos para afrontar el reto enorme que representan las sociedades más injustas, más desiguales, menos fraternas, que el agonismo nos deja.

27 feb. 2014

Crítica del anti-garantismo


(publicado hoy jueves en La Nación, acá)
En una serie de notas publicadas en el diario La Nación, se han ido presentando severas críticas frente a lo que describe como un proyecto garantista, abolicionista en los hechos, y preocupado exclusivamente por los derechos de los delincuentes -delincuentes a quienes dicho garantismo trataría de “convertir en mártires.” Como en lo personal me considero muy cercano al ideario criticado, ofreceré algunos comentarios de respuesta a sus escritos.

En primer lugar, haría una aclaración sobre lo que significa la preocupación por los derechos de los delincuentes. Dicha preocupación de ninguna manera debe entenderse como una forma de minusvalorar (¡ni mucho menos de cercenar¡) los derechos de las víctimas. Que Juan, como delincuente, tenga derecho a un juicio justo, o derecho a no ser torturado, no quiere decir que Pedro, como víctima, no goce o no deba gozar de tales derechos, o que de algún modo merezca menos derechos que los delincuentes. Tal conclusión parece un sinsentido completo. Simplemente, los derechos de unos y otros no están en contradicción: no hay un juego de “suma cero” entre los derechos de las víctimas y los de los victimarios. Sin embargo, lamentablemente, es muy habitual que se acuse a quienes nos preocupamos (también) por los derechos de los delincuentes de no pensar en los derechos de las víctimas, o lo que es peor, de faltarles el respeto a las víctimas, como si el respeto o los derechos fueran bienes escasos; o como si hubiera alguna razón (¿cuál?) para no tener la máxima consideración hacia quienes tanto sufren o han sufrido, por haber sido víctimas directas o indirectas de algún grave crimen.

En segundo lugar, señalaría algo sobre los derechos de las víctimas. Las víctimas y los familiares de las víctimas merecen, de parte de todos nosotros, y en particular de parte del Estado, un cuidado muy especial, sobre todo a la luz de los graves derechos que les han sido conculcados, y que el Estado no ha sabido garantizarles. Ahora bien, respetar a las víctimas de ningún modo implica considerar que las víctimas deben arrogarse la decisión o la autoridad principal a la hora de definir lo que debe hacer el Estado en relación con los victimarios. Las voces de las víctimas deben ser escuchadas, tal vez de modo especial, cuando reflexionamos sobre las políticas públicas con las que corresponde responder al delito. Sin embargo, ello de ninguna forma importa que las víctimas deban ser quienes tengan la voz decisiva a la hora de definir esas políticas públicas. Y desde ya, y contra lo que se sugiere en ocasiones, el dolor infinito de las víctimas no justifica la imposición de penas infinitas sobre los victimarios, ni justifica restricciones sobre los elementales derechos de éstos. El Estado argentino, luego de terminada la dictadura, supo dar una buena muestra de lo que digo. Finalizado el período del Terrorismo de Estado, y a pesar de las entendibles exigencias maximalistas de algunos familiares de desaparecidos que habían sufrido atropellos inhumanos, el nuevo Estado democrático decidió dar una respuesta humana y civilizada, basada en juicios hechos con todas las garantías. Otra vez: la preocupación por las básicas garantías de los peores criminales no implicó –y no debe verse, ni se ha visto nunca como- una falta de respeto a los derechos de los familiares de las víctimas. Y el dolor infinito de los familiares de los desaparecidos no justifica ni puede amparar la imposición de un dolor infinito sobre los victimarios. Exigimos justicia, no venganza.

En tercer lugar, quisiera hacer algunas aclaraciones sobre la noción mismo de “garantismo.” Los juicios que se hacen sobre dicha postura suelen ser, ante todo, muy poco generosos: en lugar de leer la postura que critica a su “mejor luz”, se suele escoger la versión más ridícula e indefendible del garantismo. En muchas ocasiones, por lo demás, la evaluación sobre el garantismo se basa simplemente en confusiones a esta altura indebidas (considerar al garantismo y al abolicionismo, en la práctica, como sinónimos), o simples errores (he leído en varias ocasiones referencias a las posiciones de Carlos Nino –con quien yo trabajara- como contracara de las de Raúl Zaffaroni –habitual sujeto de las críticas de los no-garantistas- pero lo cierto es que Nino defendía, al igual que Zaffaroni, un garantismo sin fisuras en materia penal). Es cierto que el garantismo es susceptible de versiones extremas, muchas veces inaceptables, como las que los no-garantistas presentan a veces a partir de anécdotas o frases sueltas de algún penalista (i.e, propuestas irresponsables sobre excarcelaciones sin cuidados), pero lo cierto es que el no-garantismo también es susceptible de tales versiones grotescas y draconianas (conocemos no-garantistas que se muestran tolerantes con la tortura, o ávidos de autoritarismo político). En definitiva, no ganamos nada poniendo la discusión en estos términos, presentando a la postura rival a partir de contornos absurdos. Lo que tenemos que preguntarnos es, en cambio: ¿Qué es lo mejor que tienen los garantistas (y los no-garantistas) para decirnos? ¿Cómo les respondemos? Éstas son algunas ideas de lo que piden los garantistas:

Frente a un Estado que dentro de las cárceles muestra su peor faceta, y tortura y mata como nunca antes en los últimos diez años, el garantismo pide el obvio respeto de los derechos humanos de los condenados. Frente a un Estado que mantiene presos, durante años, a individuos a quienes no ha terminado de juzgar y condenar, el garantismo pide el debido cumplimiento de los compromisos constitucionales e internacionales asumidos por el país. Frente a un derecho penal que se empecina en tratar a los delincuentes como animales que hay que “separar” de la sociedad y “domesticar” a fuerza de miedo y violencia, el garantismo pide exactamente lo contrario, es decir, tratar a todos como humanos -como los criminales no nos han tratado. El garantismo –como el humanismo, o como el cristianismo finalmente- considera a los criminales como seres que piensan y sienten, que pueden entender el mal que han hecho, arrepentirse de sus errores y enmendar su comportamiento. Afirmar este principio no implica desconocer que muchos delincuentes no van a cambiar su forma de comportamiento, ni nos lleva a considerar a los delincuentes como ángeles, ni mucho menos ver en ellos a mártires. Éste es el gran error de los críticos del garantismo: creer que el garantismo implica una visión ingenua sobre los criminales, cuando lo que el garantismo hace es un reclamo sobre el Estado, exigiéndole un debido respeto por los derechos de todos, se trate de nuestros amigos o de aquellos a los que no queremos.



26 feb. 2014

Trivializar la memoria


Documento del Encuentro Memoria Verdad y Justicia respecto a la política del gobierno nacional respecto de los sitios de memoria y del IEM, un abrazo grande para todos

DENUNCIAMOS UN NUEVO ACUERDO MACRISTA – KIRCHNERISTA

Los organismos de DDHH del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia denunciamos el nuevo acuerdo secreto y a espaldas del pueblo que acaban de cerrar Cristina Fernández y Mauricio Macri: el traspaso de los sitios de memoria ubicados en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires a la órbita de Nación.
El gobierno nacional, entre gallos y medianoche, impulsa este traspaso para poder llevar adelante su deseada intervención tecnológica sobre el Casino de Oficiales de la ESMA con el objetivo de “resignificación del espacio” según sus propias palabras.

Esta llamada “resignificación”  tiene como único objetivo imponer la nueva “ historia oficial”. Como dicen profesionales que integran la  Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos “quieren intervenir al Casino de Oficiales, el lugar más siniestro de la  ESMA, porqué quieren ocuparlo, porqué quieren entretener al visitante con  materiales museográficos. La única respuesta que encontramos es que desean distraer al visitante con recursos  expositivos y con ello borrar la dolorosa historia in situ que trasmiten sus paredes, sus escaleras, sus pisos, sus habitaciones, buscando un discurso que “venda”  una imagen de superación y reconciliación con esta historia represiva y no valorizar al contenedor como único testimonio tangible de los actos militares perpetuados en el lugar.”

Es falsa la afirmación de  los integrantes del equipo contratado por el gobierno nacional para intervenir en el Casino de Oficiales de la ESMA en la entrevista publicada por el diario Página 12 el domingo 9 de febrero en cuanto a que esta propuesta cuenta con el consenso de los sobrevivientes, sino que , por el contrario,  en las diversas reuniones fue sumando rechazos.

En el mismo diario, pero el día anterior, el Secretario de DDHH de la Nación Martín Fresneda afirmó que  “El convenio tiene vigencia a partir de su firma porque lo suscribieron las más altas autoridades de ambos gobiernos.”

Con respecto a esta afirmación le recordamos al ministro y al gobierno Nacional que la  Ley 961 de la Ciudad de Buenos Aires  dice :

“Artículo 3º.- Son atribuciones del Instituto "Espacio para la Memoria" para el cumplimiento de su misión:
a.                           Recopilar, sistematizar y conservar el material documental y testimonial correspondientes a la época pertinente, el que pasará a integrar el acervo patrimonial del Instituto "Espacio para la Memoria"
c. Recuperar los predios o lugares en la Ciudad donde hubieran funcionado Centros Clandestinos de Detención o hubieran ocurrido otros acontecimientos emblemáticos de la época, promoviendo su integración a la memoria urbana. “

Además la  Ley Nacional  23415 del Congreso Nacional  ratifica el acuerdo firmado entre los entonces Presidente Néstor Kirchner y Jefe de Gobierno Jorge Telerman dice

“DECIMO CUARTO: En cumplimiento de las actas preexistentes de la Comisión Bipartita, las partes otorgan:
a)     al INSTITUTO ESPACIO DE LA MEMORIA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la tenencia de los siguientes edificios: 1) El ex Casino de Oficiales, que por su carácter histórico será conservado en el estado que se encuentra, sin modificaciones o realización de actividades que desnaturalicen su sentido como Memorial. 2) el Pabellón Central (4 columnas), 3) la Enfermería, 4) la Imprenta, 5) el Taller Mecánico y 6) el Pabellón Coy.”

Por lo tanto, ambas leyes  no permiten a los ejecutivos de ambas jurisdicciones avanzar en este nuevo acuerdo.


El proyecto para el Casino de Oficiales del gobierno nacional no es más que la extensión de la política de banalización de los espacios de memoria al único sitio del predio de la ESMA que se conserva intacto. Busca sumarlo a los asados, a los payasos, a las murgas, los recitales, los plenarios partidarios. Pretenden contar una historia que, bajo el lema “donde hubo muerte hay que poner vida”, borra el objetivo del proyecto genocida para que no pueda ser reconocido en sus consecuencias en el presente. Buscan  mutar las razones que llevaron a los 300000 compañeros detenidos desaparecidos a enfrentar a la dictadura genocida, ocultan que nuestros compañeros lucharon por construir un país y un mundo sin ninguna forma de opresión ni explotación. Buscan apoderarse de esa lucha y a través de su resignificación, o sea cambio de significado, justificar este presente. Un presente con leyes antiterroristas para perseguir a los luchadores y organizaciones populares; con un Proyecto X para espiarlos; con el genocida de Milani al frente del ejército; con la impunidad de los desaparecedores de Julio López, Luciano Arruga, de los asesinos de Silvia Suppo, de Mariano Ferreyra, de Salgueiro, Churapunia, Canevari y demás asesinados por luchar. Buscando la reconciliación del Pueblo con las actuales fuerzas armadas y de seguridad, continuadoras en el tiempo de las fuerzas armadas y de seguridad de la dictadura.

Este acuerdo no es el primero que realizan las aministraciones macristas – kirchneristas en materia de DDHH. Por el contrario, es continuadora del pasaje del Banco Nacional de Datos Genéticas de la órbita del Hospital Durand a la del Ministerio de Ciencia, Técnica e Innovación Productiva para beneplácito de aquellos que lucran con el genoma humano. Se inscribe en el marco de otros acuerdos espúreos:  la demolición de los Talleres Protegidos del Borda para que el macrismo construya un Centro Cívico con la consecuente  represión brutal de parte de la Policía Metropolitana; el cambio de zonificaciones en la ciudad de Buenos Aires respondiendo a los intereses de ambos gobiernos o la construcción del Museo de Malvinas en la ESMA en la que el Gobierno Nacional concedió la  ejecución al socio de Mauricio Macri, Nicolás Caputo.

En estos 10 años muchas veces nos hemos opuesto a políticas llevadas adelante por el IEM, pero eso no significa que vayamos aceptar que se convierta el Casino de Oficiales en la “Tecnópolis de la Memoria”. La Esma es otra cosa: no un espacio que soporte un “show para turistas” sino un sitio que debe conmover y ayudar a pensar. Un lugar de recuerdo y homenaje, alejado de toda concepción que suscriba la banalización y el despilfarro.


Porque LA MEMORIA ES DEL PUEBLO Y NO DE LOS GOBIERNOS convocamos a todos los sectores populares a unir fuerzas para enfrentar este nuevo intento de “resignificación” de nuestra historia y marchar juntos el 24 de marzo a las 15:30 hs desde Congreso hasta  Plaza de Mayo con el encuentro Memoria Verdad y Justicia.


Nicolás G. Tauber Sanz
Abogado

Problemas estructurales para perseguir la corrupción

Del informe de CIPCE-INCEIP, acá

25 feb. 2014

Partidizando los organismos de la memoria

Alcira Argumedo sobre los impresentables, apropiándose de la memoria colectiva, acá

24 feb. 2014

Salió el primer número de Law, Ethics and Philosophy


Los Editores anuncian la publicación del primer número de Law, Ethics and Philosophy, una revista internacional dedicada a trabajos en el ámbito de la ética, la teoría del derecho y la filosofía política y social. Se trata de una publicación que cuenta con referato doble-ciego de pares evaluadores. El primer número corresponde al año 2013 y puede accederse al mismo en la siguiente dirección http://www.leap-journal.com/current-issue.html.Con tiene ensayos escritos por Michael Smith, Joanna Firth, y Travis Hreno, un debate entre Kasper Lippert-Rasmussen y Thomas Pogge examinando el status moral de la resistencia violenta a la injusticia global y un simposio sobre Zoopolis: A Political Theory of Animal Rights por parte de Alisdair Cochrane y Oscar Horta, con réplicas por los autores del libro, Sue Donaldson y Will Kymlicka.

H.G., palabras y silencios

Con su habitual buen tono, que se agradece siempre, don H. Gonzalez responde a mi texto de Perfil (aca), en donde critico a la reciente Carta 15 de Carta Abierta, por medio de este trabajo (aca). El texto se abre a varias discusiones interesantes, incluyendo alguna sobre lo que significa adherir a un modelo político que, como es obvio, va a incluir acciones objetables, imperfecciones, distancias significativas con los ideales que uno defiende en abstracto. En lo personal, creo que la respuesta a tal tipo de interrogantes es menos angustiante o compleja de lo que parece o se presenta: hay miles de concesiones tolerables, aceptables, entendibles, en lo que hace a los propios ideales. Pero luego hay claras líneas que no se pueden atravesar, y que en la trayectoria de la mayoría de nosotros siempre ha estado claro que no se debían cruzar ("en claro" no por "clarividencia moral," sino por un elemental, mínimo, básico, sentido compartido sobre la moral política, sobre lo permitido y lo impermisible). Algunos ejemplos: justificar, en lugar de denunciar, el voto a la ley antiterrorista; poner en duda, en lugar de señalar, perseguir o investigar, casos de mega-corrupción, como los que involucran al Vice-Presidente, o a Lázaro Baez, o a Sueños Compartidos (todos casos en los que personas bien informadas, cercanas al gobierno, contaban con información suficiente para saber la gravedad de lo que implicaban); hacer silencio sobre la ominosa política ferroviaria (de retornos y negociados, en medio de centenares de denuncias de los organismos de control), que terminó con la vida de más de 50 personas; omitir toda referencia al financiamiento narco (vía efedrina: con delitos comprobados en la justicia) de la campaña presidencial. Frente a los casos graves, no entendería las salvedades ofrecidas por don H.G. (dice H.G.: "en el mundo político, y no por impostura o “relato”, hay un diminuto sino trágico, que nos hace ser no exactamente lo que podríamos ser, sino lo que somos cuando reconocemos que ineludiblemente el mundo experiencial y conceptual tiene carencias repentinas, excesos indebidos y falta de cartillas probadas para parecernos siempre a una identidad sin quiebres, peligros o difusas esperanzas"). Frente a los casos graves, no entiendo las dudas para decir "esto es inaceptable, siempre, y esta línea no debe cruzarse, nunca, caiga quien caiga." No nos callamos en la época de Alfonsín, para denunciar la ley de obediencia debida o el punto final, aun con el riesgo cierto de golpe de estado que había entonces (y no ahora), por qué habríamos de justificar el silencio, la omisión, la complacencia, ahora?

22 feb. 2014

La AUH como herramienta neoliberal

Pero por qué hay que ir por más (el tipo de políticas universales e incondicionales que defendemos), y no por menos, en esta entrevista a J. Auyero en Artepolítica, acá


"no es redistribución. Es lo contrario. Es la focalización máxima para gastar lo mínimo.La AUH y los programas de transferencia condicional de ingresos son programas neoliberales.
¿Por qué decís eso?
Bueno, en primer lugar, porque esos programas son parte de la historia de las herramientas del programa neoliberal. De hecho, para que te des una idea, el primer programa de transferencia condicional de ingresos lo implementó Pinochet. En segundo lugar, por esto que digo de la focalización: el objetivo es gastar lo mínimo en cuestiones sociales. Porque vos le das plata a los más necesitados para que gasten, eso está fenómeno. Pero resulta que van a escuelas que no funcionan y a hospitales que no curan y toman agua contaminada y juegan en un suelo que también está contaminado ¿Van a salir de la pobreza?  Estos planes son la estrategia social de los estados mínimos. Fijate, el país que más invierte en estos planes es Ecuador, que no pasa de gastar en esto más del 1,5% de su presupuesto. Pensar que la implementación solitaria de la AUH es una política progresista es estar mirando mal.

¿Hacer escuelas es más caro?
Por supuesto. Hacer escuelas y financiar los hospitales. Y eso es lo que hace falta. Yo no creo que una política social tenga que estar apuntada a monetizar la vida de las personas, a darles plata. Más bien, al contrario, una buena política social es la invierte en educación, en salud, en calles, en el medio ambiente. Porque está demostrado que esos son los mejores predictores de desarrollo para una población. Ahí es donde habría que estar operando."


¿Dirías que estos programas son la manera menos costosa de hacer política social?
Ante todo, diría que son la manera más conservadora.

¿Conservadora en qué sentido?
Conservadora en los efectos: no mejorás la vida de la gente. Aun cuando la gente necesita ese dinero. La AUH -que ni siquiera es un derecho garantizado-es lo que tienen los sectores populares tras treinta años de democracia. Me parece, cuanto menos, problemático. Viven en barrios muchos más violentos que hace veinte años, con escuelas sin inversión en capacitación ni en infraestructura, con un medio ambiente más contaminado que antes, con hospitales en las peores condiciones ¿Por qué uno pensaría que, en esas condiciones, un subsidio mensual por hijo de $750 por hijo va a formar ciudadanos?

No se puede todo a la vez.
Entonces empezá por la escuela ¿Por qué empezás por la política que mete plata en el mercado? Si el discurso es que vuelve el Estado, entonces que vuelva. Si no, estás creando consumidores más que derechos.

Venezuela: Ensayo sobre la ceguera



Rubén Martínez Dalmau
Profesor de Derecho Constitucional en la Universitat de València
Fue asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (1999) y del Presidente Hugo Chávez (2002-2007).

Debió ser el mes de abril de 1999 cuando mi colega de la Universidad Central de Venezuela fue recibida por Luis Miquilena, a la sazón Ministro de Relaciones Interiores del primer gobierno de Chávez. La profesora de la Central llevaba varios expedientes sobre abusos policiales que habían servido de sustento para una investigación académica. "No se preocupe por tales cuestiones, doctora -le comentó el Ministro, que unos meses después asumiría la presidencia de la Asamblea Constituyente-. Esas cosas ya no pasarán: ahora gobernamos nosotros".
La profesora me contó ese encuentro mientras tomábamos un marroncito claro en la bulliciosa terraza del Gran Café, en Sabana Grande. Aunque mi amiga lo tomó con escepticismo, eran momentos de ilusiones y cambios. Unos meses después iniciaría sus sesiones la Asamblea Nacional Constituyente, que acabaría con la Constitución del puntofijismo e inauguraría una nueva era en el país. En los plenos y las comisiones de la Constituyente se trabajó a marchas forzadas para ganar tiempo y acelerar el cambio. La vigencia y garantía de los derechos era su principal fundamento axiológico: integración de todos los sectores sociales en una sociedad emancipada, libre, capaz de decidir su destino.
Para eso la Constitución dotó de jerarquía constitucional a los tratados de derechos humanos (art. 23) y creó un catálogo de derechos nunca antes visto en el país. Las mujeres, las niñas, los niños, los ancianos, los discapacitados... todos vieron reflejadas sus situaciones en la nueva Constitución. Por primera vez un texto constitucional era escrito en lenguaje de género, con la consiguiente visibilización de la mujer. "Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas", determina taxativamente su artículo 68. El objetivo de la Constitución de 1999 era, como afirma su Preámbulo, "establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica" que asegure los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la convivencia y el imperio de la ley "para ésta y las futuras generaciones". En ese cambio constituía larevolución pacífica del chavismo; una revolución en democracia. Más democracia significa, siempre, más derechos.
Es cierto que la revolución pacífica no ha sido fácil. Una oligarquía económica y partidocrática, acostumbrada a gobernar en el marco de un consenso de élites durante cuarenta años, debía pasar un proceso de democratización de décadas. Las primeras minorías opositoras se retorcieron de rabia e indignación en sus mansiones del Country a medida que las capas sociales más bajas, desde sus barrios humildes, asumían más derechos; esto es, más poder. Pronto la oposición antidemocrática planificó un paro petrolero para hundir al gobierno, seguido de un golpe de Estado, cuya primera decisión en el poco tiempo que estuvo vigente fue derogar la Constitución. El pueblo salió a la calle y reincorporó en su lugar al Presidente legítimo.
Hoy las cosas han cambiado. Al poco tiempo de la conversación con mi amiga, Luis Miquilena se pasó a la oposición, remodelaron el Gran Café y, años después, Hugo Chávez fallecía. Con decenas de victorias electorales a la espalda, la única cita a las urnas que Chávez había perdido fue el referéndum constitucional de diciembre de 2007, cuando quiso reformar la Constitución venezolana incorporando su particular visión del socialismo. Los venezolanos, cuando quieren cambiar su Constitución, sólo tienen que proponerlo y votarlo democráticamente. Por eso es una Constitución democrática: sólo el pueblo es su dueño; no las oligarquías, los bancos centrales, o los cogollos de los partidos políticos.
La revolución pacífica debería entender que muchas cosas se han hecho mal, empezando por la incapacidad para cumplir varias disposiciones constitucionales sobre los derechos. Las cárceles siguen siendo morideros de personas que viven bajo condiciones infrahumanas; los homicidios ya no escandalizan por ser habituales; y la corrupción campa a sus anchas, con el coste social que ello implica. Se ha avanzado en igualdad social, lo que sin duda fue la base del apoyo al chavismo; pero de poco sirve acceder a la vivienda o a la educación si es imposible saber si alguien de la familia llegará con vida a casa esa noche, o si la llamada de teléfono que se recibe es provocada por un secuestro o un abuso de autoridad.
Los procesos llevan su tiempo, y si algo es la revolución es un proceso. Es necesario adaptar las estrategias y los argumentos, y no puede seguir alimentándose de legitimidades que sirvieron para avanzar en su época, pero que están agotadas para proseguir en la actualidad. El ejercicio de la autocrítica es complejo, especialmente si una izquierda acrítica y aduladora, que vive generalmente en cómodos apartamentos del Este de Caracas o escribe desde despachos europeos, es incapaz de ver los errores y se dedica a justificar lo que es injustificable desde el prisma de la defensa de la democracia y los derechos.
Por otro lado, la mayoría de la oposición no es la misma que luchó contra el proceso de cambio a finales de los años noventa; una gran parte de los opositores parecía, con Chávez, haber aprendido a acudir a las elecciones, protestar democráticamente, y aceptar los resultados de las urnas. Pero el descontento por no ser aún mayoría y el desacuerdo con las políticas de gobierno los han desesperado en los últimos meses. Se da con ello el caldo de cultivo para el tumulto y la violencia: manipulaciones, rencores, insultos,  amenazas filoautoritarias... La oposición utiliza instrumentos golpistas, niega la legitimidad democrática, y entiende que la voluntad popular no es la de la mayoría de la población, sino la de las minorías que piensan diferente de esa mayoría. En sus manos está hacer uso de la Constitución: referendo abrogatorio de las leyes , mandato revocatorio, mecanismos de participación... Es en ese campo donde deberían combatir al gobierno, y no en el de la intimidación y el terror.
El futuro emancipador para los lúcidos pasa por más diálogo, más democracia y mejor gobierno. Lamentablemente, la ceguera parece avanzar en Venezuela. La oposición radicalizada sueña con entrar victoriosa en el Palacio de Miraflores en loor de multitudes y evadir todos los procedimientos democráticos que, hasta ahora, han demostrado que no son mayoría. El postchavismo cree que puede seguir gobernando de forma maniquea con el usufructo de la imagen del Presidente Chávez, y que ésta es un patente de corso para violar los derechos, profundizar en el conflicto, y acabar con los que no piensan como ellos.  El resultado de esta fórmula explosiva sólo puede ser más sufrimiento, autoritarismo y oscuridad. Chávez nunca lo hubiera consentido y hubiera pensado apesadumbrado, como ya lo advirtió Saramago, que a veces los ciegos sueñan que están ciegos.