27 feb. 2016

Prisión domiciliaria para Pedraza?

Pedraza, líder sindical condenado por el asesinato de Mariano Ferreyra, acaba de ser beneficiado, en razón de su edad, con la prisión domiciliaria. La izquierda se molesta por ello, pero creo que el asunto debe enfocarse de muy otro modo.

1) Pedraza -así lo probó el CELS- es responsable directo del asesinato de MF, y ha sido bien condenado por ello.
2) La policía -así lo probó el CELS- liberó la zona para que el crimen pudiera cometerse, y merece un reproche mayor que el que ha recibido por ello.
3) El entonces Ministro del Interior, a cargo de la policía, el Ministro de Trabajo (el que luego del crimen se comunicara muerto de risa con Pedraza) y el ex Presidente NK, son los que hicieron posible el crimen, ya sea dando órdenes a la policía (o es que la policía se dio a sí misma la orden de liberar la zona?); ya sea definiendo la agenda de actuación con Pedraza; ya sea determinando cómo debía amedrentarse a la molesta izquierda sindical ("represión terciarizada," marca registrada NK). Todos ellos debieron ser prioritariamente responsabilizados por lo ocurrido. No lo fueron, por una decisión política que compartió el CELS: un tremendo error difícil de olvidar y perdonar.
4) En su momento se sostuvo (y así se me dijo) que no se "avanzó hacia arriba" en la investigación sobre la cadena de responsabilidades porque no había pruebas. Curiosísimo: pruebas son las que debía salirse a aportar -ellas no van a caer del cielo, menos si el gobierno de turno ha estado involucrado en el hecho: todo lo contrario (que es lo que ocurrió) debía esperarse en el caso: el gobierno tirando la pelota afuera, y limpiando los rincones.
5) En síntesis: el crimen de MF es un crimen de Estado, que no fue tratado como tal. Debe reclamarse mucho más, y con mucha mayor firmeza. En esta tarea, la izquierda debe seguir teniendo un rol digno, protagónico y comprometido, como el que ha tenido.
6) Sin embargo, es un error tomar como bandera de combate el asunto de la prisión domiciliaria a Pedraza, por más que duela (nota del amigo DR, acá -DR, quien investigó como pocos el caso). El problema es la cárcel, no la prisión domiciliaria
7) La prisión domiciliaria, como la no condena (menos con prisión) a los que están todavía procesados, son reglas humanitarias vinculadas también (no sólo) con el derecho internacional de los derechos humanos. Claro, esas reglas humanitarias pueden generar dolor, para los que tienen la certeza (tantas veces la tenemos) de que tal o cual es culpable de tal aberrante crimen. Pero de eso trata el derecho humanitario: nosotros no somos los "salvajes" a los que queremos condenar. (Aquí aparecen todas las tensiones conocidas en torno a la condena de los militares responsables por los crímenes gravísimos cometidos por el Proceso).
8)  El crimen de MF debe repudiarse incondicionalmente; debe investigarse más allá de lo que durante el kirchnerismo se decidió y permitió investigar; deben ser condenados personajes superiores al "perejil" Pedraza, que hasta hoy siquiera han sido tocados por la investigación. Pero ello no nos debe correr el punto de mira: condenamos también, y por lo mismo, la cárcel, que hoy sigue siendo el pozo inmundo al que se echa a los que no cuentan con el poder de defenderse. Sin ellos, seguiría siendo un pozo inmundo que nadie merece, y que para nada sirve.
9) Para decirlo de modo más preciso: el hecho de que hoy la cárcel atrape sólo a los que no tienen poder, no significa que la cárcel se encontraría justificada, como respuesta estatal, si se reservara sólo a los que tienen poder. No. Se trata de hechos que deben ser separados. Los poderosos que cometen crímenes no deben quedar más impunes. Pero de ningún modo debe asumirse que la falta de impunidad equivale a la condena a la cárcel.
10) Contra ello, la izquierda viene cometiendo el error de pensar que, para ciertos crímenes, la cárcel equivale a la justicia. Por tanto, más cárcel significaría más justicia. Una locura: la cárcel es tortura.
11) Entonces, todos aquellos actos que consideramos crímenes gravísimos deben ser reprochados. Reproche no quiere decir necesariamente reproche penal (mucho más se afectaría a muchos poderosos golpeándolos económicamente). Reproche penal no quiere decir necesariamente cárcel. 
12) La cárcel, como funciona hoy (hace falta repetirlo?) no disuade ni "regenera". Por el contrario, degenera y sirve como escuela del crimen. Se aplica de modo por completo desigual, e implica una cotidiana y masiva violación de derechos humanos (que incluye golpizas, torturas y maltratos sistemáticos), que repudia y rechaza la propia (liberal) Constitución de 1853, que pide cárceles sanas y limpias, para seguridad y no para el castigo de los condenados (increíble la Constitución ahí). La cárcel nunca deberá ser objeto de reivindicación -sino de incondicional repudio- por parte de quienes somos partidarios de un derecho humanitario, justo e igualitario.
13) La cárcel "sana y limpia" es hoy, a la luz de las cavernas de tortura con las que contamos, una utopía. Sin embargo, se trata también de una utopía a rechazar: todos perdemos cuando damos como respuesta a una falta la peor de las condenas con las que contamos, que es la privación de la libertad. Pero ésta es otra historia.

Prisión para Cristina?

El juez actuante, muy cercano al kirchnerismo tiempo atrás, no es confiable, como la mayoría de sus pares. En todo caso, ello nada dice sobre las responsabilidades civiles, políticas y penales de la ex presidenta, que sin duda existen. En lo personal, de todos modos, esta causa me resulta (también por los ribetes que la rodean) menos relevante que varias otras, por las que la ex presidenta debería ser hecha responsable:

i) financiamiento de su campaña a través del dinero narco (ya comprobado judicialmente)
ii) lavado de dinero a través de su cadena de hoteles (2 + 2 son 4);
iii) causa del Once, de la que fue (como lo fuera A.Ibarra en el caso Cromagnon) la última y principal responsable.

26 feb. 2016

Llamada de trabajos

Para los que quieran enviar trabajos para el primer número de la revista de "Teoria Jurídica Contemporânea," una iniciativa del Programa de Postgrado en Derecho de la Universidade Federal do Rio de Janeiro. 
El link con la información correspondiente puede encontrarse aquí: 

24 feb. 2016

Plataforma 2012, sobre la quita a las retenciones mineras

Pronunciamiento de Plataforma 2012

MAS BENEFICIOS ECONOMICOS A LAS TRANSNACIONALES
Y CONTINUIDAD DE LA POLITICA MINERA

24 de Febrero de 2016

Desde Plataforma 2012 manifestamos nuestro repudio a la medida recientemente adoptada por el presidente Mauricio Macri, que estableció por Decreto la quita de las retenciones a las empresas mineras. Dicha medida, que incrementa los ya extraordinarios beneficios económicos, impositivos y financieros que ostenta la actividad, pone al descubierto la importancia que el nuevo gobierno asigna a la continuidad –y profundización- del modelo de megaminería, controlado por las grandes corporaciones transnacionales, y muy cuestionado en las diferentes provincias, donde existen grandes resistencias sociales.

El rechazo a la megaminería hoy existente en Argentina muestra de modo emblemático el carácter inherentemente conflictivo de esta actividad. Esto se debe a su triple carácter, en tanto síntesis del despojo económico (grandes ganancias de las empresas, exiguos beneficios para la población), de la devastación ambiental (contaminación ambiental, destrucción del territorio) y regresión de la democracia (rechazo o manipulación de dispositivos institucionales, censura a periodistas y activistas, criminalización de la protesta social). Por otro lado, ni siquiera es cierto que la megaminería genere impacto laboral, pues no se trata de una actividad trabajo-intensiva, sino capital-intensiva. Datos oficiales señalan que los trabajadores registrados en explotación de minerales metalíferos no superan el 0,05% de la totalidad de la Población Económicamente Activa (PEA) del país.

Cabe destacar las resistencias contra la megaminería no se hallan solamente en aquellas provincias donde la población ha logrado impedir el ingreso de dicha actividad mediante diferentes leyes protectoras y puebladas (Chubut, Mendoza, Córdoba, San Luis, La Rioja, entre otras), sino también en aquellas otras que son testigos del extractivismo minero, como Catamarca y San Juan. El caso de Bajo la Alumbrera, en la provincia de Catamarca, uno de los yacimientos de cobre más grandes de Sudamérica, es emblemático. Tras casi 20 años de explotación, el paisaje catamarqueño da cuenta de un mayor empobrecimiento expresado en la asistencialización generalizada de la población; en la falta de empleo, en la escasez del agua y electricidad; en la institucionalización del clientelismo y la corrupción; en la degradación de la cultura democrática; en fin, en  la profundización de las desigualdades sociales y ambientales.

En esta línea, desde Plataforma 2012 queremos manifestar nuestra solidaridad con la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, de Catamarca, que desde principios de febrero realiza un acampe frente a Tribunales, en la ciudad de Buenos Aires, reclamando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se expida sobre el amparo ambiental presentado en 2010, que solicita la suspensión del megaproyecto de Agua Rica, el cual de viabilizarse potenciaría los efectos nefastos ya producidos por La Alumbrera. Recordemos que la Corte Suprema también tiene paralizado un expediente judicial, hace más de 7 años, donde se prueba la destrucción de Glaciares por parte de la minera Barrick en la cordillera.

Por otro lado, resulta hasta una burla que el anuncio presidencial de la quita de las retenciones fuera realizado desde la provincia de San Juan, provincia en la cual hace menos de seis meses la empresa Barrick derramó más de un millón de litros de agua cianurada en las nacientes de la cuenca del río Jáchal, la cual como han mostrado los estudios independientes, hoy presenta hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa nacional. Asimismo, esta semana un nuevo peritaje de la policía federal  probó que cinco ríos de San Juan se contaminaron con cianuro, configurándose así un Delito Ambiental, aún absolutamente impune. Agreguemos a esto que en dicha provincia la minería solo genera 2500 puestos de trabajo, esto es, el equivalente al 1% del empleo provincial y en concepto de regalías, la empresa Barrick Gold, aporta menos del 1% del total de ingresos totales provinciales.

En suma, en vez de penalizar a los responsables de delitos ambientales, y escuchar el reclamo de las poblaciones, el actual gobierno nacional, en el marco de una gestión abiertamente proempresarial, elude cualquier debate, potenciando así el modelo minero, iniciado en la época del menemismo y profundizado en los doce años de kirchnerismo.  Es más, los actuales funcionarios nacionales repiten ciegamente los slogans creados por los departamentos de marketing de las transnacionales mineras, como “Minería Sustentable” (un oxímoron) o “Minería Responsable”, sin ninguna apoyatura en la realidad, tratando de esa manera de engañar a la población.

En consecuencia, desde Plataforma 2012 promovemos la generalización de un debate verdaderamente democrático sobre los modelos de (mal) desarrollo que se imponen en nuestro país, un debate que han dado las comunidades afectadas por el extractivismo; y que debe incluir necesariamente sus reclamos de democratización de las decisiones y los numerosos estudios científicos independientes que existen a nivel nacional e internacional sobre los diferentes impactos de esta actividad. Es necesario sincerar de una vez por todas lo que en términos de resultados económicos y de consecuencias sociales, ambientales, sanitarias, culturales y políticas, han dejado 20 años de megaminería en nuestro país.


Por Plataforma 2012: Osvaldo Acerbo, Julio Aguirre, Mirta Antonelli, Jonatan Baldiviezo, Héctor Bidonde, Jorge Brega, José Emilio Burucúa, Diana Dowek, Lucila Edelman, Roberto Gargarella, Adriana Genta, Adrian Gorelik, Alejandro Katz, Diana Kordon, Darío Lagos, Alicia Lissidini, Rubén Lo Vuolo, Gabriela Massuh,  José Miguel Onaindia, Patricia Pintos, Marcelo Plana, Daniel Rodríguez, Alfredo Saavedra, Ana Sarchione, Beatriz Sarlo, Maristella Svampa, Nicolás Tauber Sanz, Jaco Tieffenberg, Enrique Viale, Patricia Zangaro.
www.Plataforma2012.org.ar; plataforma2012@plataforma2012.org.ar
https://www.facebook.com/Plataforma2012oficial?fref=ts

22 feb. 2016

Evo y la reelección


Excelente, como siempre, Raúl Zibechi (gracias MS por el texto/ Brecha)

Evo Morales y la nueva reelección
El patriarca en problemas


“Aquí la gente no tiene miedo”, sonríe el taxista mientras se abre paso, con lentitud exasperante, por las imposibles calles de El Alto, rumbo al centro de La Paz. “No tienen miedo”, repite encogiendo los hombros. Casi un mantra con el que parece explicarlo todo, desde el caos del tránsito hasta la increíble fuerza interior de las mujeres –omnipresentes en la ciudad aymara– trabajando como hormigas, cargando bultos, haciéndose cargo de la vida.
La ciudad luce cambiada, sobre todo por el asfalto impecable de sus calles y los edificios de cuatro y cinco pisos, los “cholets”, estilo arquitectónico mestizo nacido en El Alto de la mano de una pujante burguesía comercial aymara. Nadie parece alarmarse por el confuso episodio de la ocupación y quema del municipio alteño por padres de familia que se saldó con seis muertos, en el mismo momento en que el taxista repetía su mantra.
La alcaldesa Soledad Chapetón, que venció en las elecciones municipales con el 55 por ciento de los votos en un bastión oficialista, acusa a ex ediles del Movimiento al Socialismo (Mas), liderado por Morales, por el asalto e incendio de la alcaldía. El gobierno, por su parte, asegura que se trató de un “autoatentado” de la alcaldía alineada con la oposición. Los hechos de El Alto cobran especial relevancia en la recta final de la campaña electoral para el referendo del domingo, en el que los bolivianos deben decidir si se reforma la Constitución para permitir una segunda reelección de Evo Morales.
La avenida principal de La Paz, en el centro de la hoyada, medio quilómetro debajo de El Alto, lleva varios días cortada por manifestantes. Hileras de cholas con sus polleras y sombreros, sentadas serenamente, cortan las calles, mientras los varones disparan cohetes. La mayoría pertenecen a asociaciones de jubilados, pero detrás de ellos llegan los mineros, los petroleros y diversos sectores que aprovechan la coyuntura electoral para arrancar una demanda adicional al gobierno.
“Reclamamos por el segundo aguinaldo”, explica una mujer cuando se le pregunta el motivo de la protesta. La semana previa al referendo es testigo de la multiplicación de manifestaciones populares, una confluencia espontánea de los más diversos sectores que creen que es el momento oportuno para exigir.
Resultados inciertos
“¿Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y la vicepresidenta o vicepresidente del Estado puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua?” Esta es la pregunta que deberán responder 6 millones de bolivianos este domingo.
La iniciativa partió de la presidencia y muchos creen ver la mano del vicepresidente Álvaro García Linera, el cerebro del gobierno. Morales llegó a la presidencia en 2006 con el 54 por ciento de los votos. Fue reelegido en 2010 con un abrumador 64 por ciento y en 2015 con 61 por ciento obtuvo un tercer mandato que concluirá en 2020. Ahora pugna por presentarse nuevamente, lo que podría llevarlo a ejercer el poder hasta 2025, o sea 20 años consecutivos.
La pregunta que se hacen muchos bolivianos es por qué se promueve un referendo con tanta anticipación, ya que las elecciones nacionales se realizarán dentro de cuatro años. Lo cierto es que el referendo partió al país en dos mitades. Con el Sí están alineados el Mas y los movimientos sociales que apoyan al gobierno, entre ellos la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la más importante organización social del país. Pero también algunas figuras locales de relieve, como los ex futbolistas Marco Etcheverry y Erwin Sánchez.
El No a la reelección es mucho más heterogéneo. Entre sus filas destacan el ex presidente Carlos Mesa, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, ambos de la derecha, pero también el gobernador de La Paz, Félix Patzi, y la ex ministra de Defensa Cecilia Chacón, que pueden ser considerados de izquierda.
Las encuestas son una lotería. Las difundidas en febrero apuntan a un empate en torno al 40 por ciento para cada opción, correspondiendo la definición a los indecisos. En el cierre de la campaña oficialista, el miércoles 17, miles de personas aclamaron a Morales en la avenida Costanera de la zona sur de la capital.
“Nos hemos liberado e impulsamos desde los movimientos sociales un instrumento político de liberación y en diez años hemos cambiado la imagen de Bolivia”, aseguró Morales, quien destacó que su proclamación fue producto del “pedido de los movimientos sociales y del pueblo organizado”.
A la misma hora estudiantes de la Universidad Pública de El Alto protestaron cerca de la plaza Murillo, aludiendo al último escándalo que vincula a Morales con la empresaria Gabriela Zapata Montaño, quien se habría beneficiado de su relación privilegiada con el presidente. “Evo, Zapata, devuelvan la plata”, coreaban los estudiantes que junto a organizaciones de jubilados colapsaron el centro de la ciudad.
Según la prensa opositora, las personas que participan en los actos oficialistas son funcionarios que asisten de modo obligatorio. Apenas finalizó el discurso del presidente, “funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales se afanaban en estampar su nombre y firma en las listas de asistencia del cierre de campaña del Sí que organizó el Mas en la ciudad de La Paz” (Página Siete de ayer jueves).
Una de las movilizaciones más concurridas fue la realizada también en la noche del miércoles 17 en la céntrica plaza San Francisco por los partidarios del No, en la que participaron organizaciones sociales importantes (como Conamaq) que antes estaban a favor del gobierno y que le dieron la espalda en 2011 cuando la marcha en defensa de un territorio indígena y parque natural que iba a ser atravesada por una carretera fue reprimida por las autoridades. “Fue la manifestación más numerosa y ruidosa realizada por la oposición boliviana en una década en La Paz” (Agencia de Noticias Fides, jueves 18).
Un golpe demoledor
Una semana antes del referendo estallaron dos bombas que afectan la credibilidad del gobierno. La de menor potencia se relaciona con el vicepresidente, en cuya libreta militar figura como “licenciado en matemáticas” si bien nunca finalizó sus estudios. En sus numerosos libros también aparece como titulado. En la solapa de Sociología de los movimientos sociales en Bolivia, García Linera dice que es matemático y sociólogo, lo mismo que en otras de sus publicaciones. El sábado 13 se presentó ante los medios y declaró, con una soberbia que le ha granjeado numerosas antipatías: “Álvaro García Linera estudió matemáticas en México, no concluyó su licenciatura porque se vino a Bolivia a organizar una guerrilla para luchar contra los neoliberales, lo dije hace dos años, hace tiempo atrás”.
La agencia Fides informó que una biografía que estaba publicada en la página web de la Vicepresidencia había sido retirada. En ella se señalaba que García Linera “obtuvo su pregrado y posgrado” en la Unam. Ahora figura otro texto, que señala solamente que “estudió matemáticas” (Página Siete, lunes 15).
Pero el petardo mayor estalló en las narices de Morales. El periodista Carlos Valverde denunció que el presidente realizó tráfico de influencias para beneficiar a Gabriela Zapata Montaño, representante de una empresa china en Bolivia. El presidente reconoció que mantuvo una relación con la joven empresaria y que en 2007 tuvieron un hijo que falleció, aunque no dio detalles, pero negó que su empresa se hubiera visto beneficiada por la relación sentimental.
Según la denuncia, Morales conoció a Zapata en 2005 cuando ésta tenía 19 años y el presidente 45. Ella es una asidua en las páginas sociales de la ciudad de Santa Cruz, trabaja para la empresa China Camc Engineering, que mantiene millonarios contratos con el Estado boliviano. La acusación sostiene que el gobierno la favoreció en contratos que superan 500 millones de dólares. Fue el primer golpe directo al mentón de Evo.
El gobierno contraatacó con fuerza, señalando que el periodista fue jefe de la inteligencia boliviana entre 1989 y 1993, en pleno período neoliberal, y que actualmente tiene relaciones estrechas con la embajada de Estados Unidos. Según el argumento oficialista, Washington está intentando frenar el avance chino en la región sudamericana, lo que explicaría el hecho de que los contratos con la empresa que representa Zapata estén en el ojo del escándalo.
Ambas cosas pueden ser ciertas: que el periodista trabaje en función de los intereses estadounidenses y que la empresa china se haya visto favorecida por la especial relación entre el presidente y la empresaria.
Modelo
Lejos del ruido mediático, el debate más de fondo coloca en el centro la cuestión del modelo productivo impulsado por el Mas, centrado en la explotación y exportación de hidrocarburos, minería y monocultivos de soja. En suma, el mismo modelo que caracterizó al país a lo largo de toda su historia, desde la colonización española.
El Movimiento al Socialismo había prometido un “salto industrial”, que no sólo no se produjo sino que se asiste a la profundización del extractivismo. Ahora el vicepresidente habla de un “extractivismo temporal”, que permitiría la acumulación de recursos para invertir en la industrialización. Sin embargo, fuera de una reactivación de la industria textil en manos de pequeños y medianos productores, los cambios no llegan.
El investigador Pablo Villegas, del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sostiene que la caída de los precios de los commodities en el mundo está provocando una aguda crisis en el país. “Esta crisis tiene dos aspectos –dijo a Brecha–. Por un lado tenemos un endeudamiento externo creciente y un importante aumento de impuestos, y por otro una incapacidad institucional para afrontar la crisis. De ese modo vamos a tener un gobierno con recursos en un país sin recursos y con una población estrangulada por altos impuestos.”
Meses atrás el Cedib, cuya sede está en Cochabamba, fue una de las Ong amenazadas de expulsión por sus permanentes críticas al oficialismo. Los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia se han caracterizado por no aceptar críticas cuando provienen de las izquierdas. Villegas no es optimista respecto al futuro inmediato, y sospecha que de agravarse la crisis el gobierno puede optar por una salida represiva contra los movimientos sociales y las inevitables movilizaciones callejeras que forman parte de la cultura política del pueblo boliviano.
“Todo su plan es mantenerse en el poder”, sostiene Villegas con respecto al Mas y a Evo Morales. “La alternativa es recuperar la democracia”, dice, y considera que una característica común de los progresismos es “la corrupción, como lo muestran los gobiernos de Brasil, Chile y Bolivia”.
El sociólogo Luis Tapia, por su parte, asegura que “el excedente de las exportaciones de commodities no se ha utilizado en la transformación productiva, sino en lubricar redes clientelares para aumentar el control político de las sociedades y facilitar el ascenso de una nueva burguesía”.
Tapia fue miembro del grupo de intelectuales Comuna, y trabajó años junto a García Linera, del que está distanciado tanto personal como intelectualmente. Reflexiona sobre lo que denomina “presidencialismo colonial”, que consiste en “procesos electorales permanentes para legitimar decisiones tomadas fuera de los ámbitos institucionales e incluso fuera del país, usando los procesos plebiscitarios como fachada para evitar cambios de gobierno”.
Pero la crítica más demoledora la realiza la socióloga aymara Silvia Rivera Cusicanqui, un mito tanto para los intelectuales como para los movimientos. Rivera es autora del más importante libro sobre la historia social boliviana, Oprimidos pero no vencidos, que relata y analiza la historia del campesinado aymara y quechua desde 1900. Es tanto intelectual como activista, y es la pensadora boliviana más reconocida dentro y fuera del país.
En una carta difundida el martes 16, en que defiende el voto contra la reelección, acusa a García Linera de haber pergeñado una alianza con los terratenientes de Santa Cruz a quienes habría ofrecido “cambiar cualquier ley o decreto para favorecerlos”. Va más lejos al destacar que “reconozco en él a uno más de los arribistas que han llenado nuestro trayecto de oprobios, indignidades y derrotas”. Convoca a las “energías de nuestra conciencia rebelde y la luz de las enseñanzas indias y plebeyas de nuestra historia” para evitar que gane la reelección.
Llama la atención la mutua desconfianza, y hasta el odio, que se prodigan mutuamente los miembros del gobierno y quienes fueron parte del mismo proyecto hasta que comenzaron a transitar caminos opuestos. Hasta 2005 unos y otros pelearon juntos en las guerras del agua (2000) y del gas (2003 y 2005), participaron en decenas de marchas y acciones colectivas a lo largo y ancho del país. Para los oficialistas, los críticos “hacen el juego al imperialismo”. Para los opositores de izquierda, los nuevos gobernantes “han traicionado la agenda de octubre”, una lista de demandas que se rubricó con sangre en las jornadas de octubre de 2003, donde murieron 67 manifestantes y 500 fueron gravemente heridos.
Un diálogo imposible que muestra los límites de los procesos de cambio y de las propias alternativas por izquierda.

20 feb. 2016

17 feb. 2016

El protocolo sobre protesta, finalmente

Hace unas semanas, en este post (acá), refería a un artículo que publicara en Clarín, criticando el "protocolo" que llegaba, desde el Ministerio de Seguridad, para abordar el "problema" de la protesta y los cortes de calle. Ahora que ha habido fumata blanca en el Consejo de Seguridad Interior, y se han acordado las bases del Protocolo (entre quiénes?) sobre cómo deben actuar las fuerzas coercitivas frente a manifestaciones de protesta, me remito a aquel anticipatorio post, en donde anunciaba mis críticas, que reafirmo ahora.

Como he venido diciendo en otras oportunidades, las críticas sin matices que hago frente a la actual política oficial en nada vienen a reivindicar lo hecho por la pobre gestión anterior, que se pavoneaba con el principio de "no represión de la protesta social" mientras se burlaba de sus propios dichos en la práctica, ya sea reprimiendo directamente, ya sea haciéndolo a través de fuerzas de choque amigas (recordar Pedraza)  -ello, más allá de un interludio que no duró un cuatrimestre, en donde el gobierno anterior buscara actuar consistentemente con los principios enunciados.

El hecho es que el actual gobierno vuelve sobre malas ideas, procurando reafirmar el valor del orden sobre el de la justicia. Habrá razones subrayar el valor del orden, en todo caso, cuando se adviertan gestos y hechos prístinos para todos, destinados no sólo a garantizar universalmente los derechos básicos que el gobierno está constitucionalmente obligado a garantizar, sino también a asegurar que todos encuentren vías apropiadas para quejarse, sancionar o hacer responsables a sus representantes y demás autoridades, a raíz de las violaciones de derechos, abusos o injusticias constitucionales que padecen. Mientras estos pasos prioritarios no se den, todas las demás medidas que se tomen en materia de seguridad no sólo serán inútiles y costosas políticamente, sino también injustas y constitucionalmente impugnables. En fin, así seguimos, de pesadilla 1 a pesadilla 2.

16 feb. 2016

Curso sobre constitucionalismo latinoamericano, con Marcelo Alegre

Durante Marzo y Abril, junto con Marcelo Alegre, en la UBA, reeditamos nuestro (debo decirlo) breve pero gran coloquio, los miércoles de 17 a 20, en este caso centrado en temas del constitucionalismo latinoamericano. A inscribirse! Datos sobre nuestro coloquio (y otros 3 más), en el link abajo
http://www.derecho.uba.ar/investigacion/seminarios/

2 films sobre pequeñas solidaridades

En estos días vi dos muy buenas películas -una local y otra extranjera- que coinciden en un punto, tal vez marca de época: las pequeñas solidaridades, los destellos de dignidad en contextos explotativos y degradados. La local es "El rey del Once," de Daniel Burman volviendo a la buena senda (con un gran Alan Sabbagh), y la extranjera es la francesa "La Loi du Marché" o "El precio de un hombre," de Stéphane Brizé (con el gran Vincent Lindon).

15 feb. 2016

La Constitución italiana de 1947, III. El referendum

El 2 de junio de 1946, el pueblo italiano fue convocado a pronunciarse, en referéndum, por dos cuestiones cruciales. Por un lado, se llamó a que la ciudadanía escogiese cuál era la forma de gobierno que prefería –monárquica y republicana-; y por la otra se lo llamó a votar en torno a cómo componer una futura Asamblea Constituyente. Se trataba de la primera vez en la historia italiana que se convocaba al pueblo a intervenir en la creación constitucional, siguiendo el ejemplo de las constituyentes norteamericana de 1787 y francesa de 1789. Se trataría de un evento único no sólo hacia el pasado, sino también hacia las décadas futuras, sobre todo si se toma en cuenta el nivel de atención y participación populares que rodearon a la convocatoria.

Los resultados de la elección dieron cuenta, ante todo, de una alta participación popular, que alcanzó a casi el 90% de italianos e italianas –un involucramiento popular sin precedentes, como sin precedentes fuera el voto reconocido a las mujeres. Por otro lado, los resultados del comicio permiten advertir la presencia ver una grave fractura en la sociedad itálica, que dio la victoria a la opción republicana por un escaso margen: ella obtuvo el 54,3% de los votos, frente al 45,7% que se inclinó por la alternativa monárquica.  En todo caso, el rey Vittorio Emanuele abdicó de su corona en mayo de 1946.

En cuanto a la conformación de la Asamblea Constituyente, el resultado de la consulta al pueblo demostró también la presencia de dos grandes bloques ideológicos principales, uno liderado por la Democracia Cristiana, y el otro compuesto por los partidos de izquierda.

Más específicamente, y como resultado de la elección, de la Constituyente pudieron participar 15 fuerzas políticas diversas, encabezadas en su conformación por la Democracia Cristiana, que obtuvo el 37% de los votos; seguida por el socialismo (20,7%) y el comunismo (18,7%). Es decir, entre las tres primeras fuerzas se concentró bastante más del 70% de los votos. A pesar de la división y fragmentación políticas emergentes, todos destacan, finalmente, un fuerte componente antifascista como elemento común y predominante entre los partidos y representantes escogidos.



1. Según algunos, el voto no merece ser leído como muestra de una reconversión de la sociedad al republicanismo, tanto como como una forma de castigar a la monarquía prevaleciente, sobre todo por algunas de sus últimas decisiones, como la de declararse en guerra en 1940 (Martucci 2015, 259).

14 feb. 2016

La Constitución italiana de 1947, II. Los comienzos


La Italia fascista de Benito Mussolini toma parte, junto con la Alemania nazi, de la guerra contra Inglaterra y Francia, en momentos en que las fuerzas alemanas estaban por entrar en París, y la victoria de las mismas parecía sencilla. Sin embargo, como sabemos, las cosas no resultaron las esperadas, sobre todo a partir del involucramiento en la guerra de la Unión Soviética, atacada por Alemania, y el ingreso de los Estados Unidos a la misma, luego de las agresiones que recibiera de parte de Japón, también aliado a las fuerzas nazi-fascistas.

La grave crisis bélica que se produjera entonces en Italia, sobre todo, a partir del desembarco de las fuerzas aliadas en Sicilia en julio de 1943, terminó por provocar una crisis de régimen. La más alta dirección fascista solicitó entonces al rey Vittorio Emanuele III que asumiera el comando de la situación, lo que trajo como primera consecuencia que el rey removiera a Mussolini de su lugar, y lo hiciera arrestar; así como el encargo de la conformación de un nuevo gobierno al general Badoglio. 

La situación, sin embargo, se mantendría todavía inestable. Mussolini, con apoyo alemán, recuperaría su libertad y terminaría proclamando la “República Social Italiana,” mientras que las tropas anglo-norteamericanas, ingresando de modo triunfante por el sur del país, favorecían la institución de un nuevo gobierno, que se establecería con fuerza en el sur del país, y que quedaría en cabeza del rey y del general Badoglio. El país, entonces, aparecería por un tiempo partido en dos, con dos grupos respondiendo a poderes e intereses opuestos, y combatiendo por tanto también entre sí, y por objetivos asimismo opuestos.
El fascismo llegaría a su definitivo final luego de que, en 1944, el rey firmara un acuerdo con las fuerzas antifascistas. Estos grupos aceptaron ingresar al gobierno con la condición de que el rey, fuertemente comprometido con el fascismo, asumiera la obligación de retirarse a la vida privada, luego de que las tropas aliadas terminaran por recuperar la capital del país (Carlassare 2011, 71-3). Los acuerdos incluyeron también que, luego de la liberación completa del territorio nacional, se tomaría una decisión colectiva acerca de la preservación del sistema monárquico o la adopción, en cambio, de la forma republicana –una opción que luego sería puesta directamente a consideración del pueblo, a través de un referéndum que se celebraría en junio de 1946.

13 feb. 2016

Murió Scalia

Antonin Scalia, juez de la Corte Suprema norteamericana, a los 79.
http://www.elnuevoherald.com/noticias/estados-unidos/article60250166.html
Un juez originalista, muy conservador, tan inteligente como provocador. En el último número de la Revista Argentina de Teoría Jurídica le tradujimos un reportaje en donde responde sobre interpretación constitucional (todo el número, que es excelente, junto con el reportaje, puede leerse acá)

12 feb. 2016

Y que todo sea para bien

Oh, pena por la muerte de Omar Cerasuolo, tremendo musicalizador en la radio
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/12-37974-2016-02-12.html

11 feb. 2016

La Constitución italiana de 1947: Constitucionalismo defensivo y Constitucionalismo ofensivo


 
(Esta es la primera de unas pocas notas que querría escribir en torno a la Constitución italiana de 1947 que, como otras, creo que tiene una enorme potencia para hacernos pensar acerca de algunas claves fundamentales del constitucionalismo).

Existen muchas maneras posibles de entender y clasificar las Constituciones. Ninguna de tales propuestas debería concebirse como únicas, ni imaginarse como excluyente de otras clasificaciones posibles. Se trata, simplemente, de pensar “claves de lectura y comprensión” de las Constituciones de diferentes países. La clasificación en la que ahora estoy pensando es la que propone que distingamos entre Constituciones defensivas y ofensivas. Las típicas Constituciones ofensivas, podría decirse, son las que surgen luego de una guerra o revolución triunfantes –Francia de 1791 podría ser un ejemplo. Tales Constituciones llegan para cambiar el estado de cosas, estableciendo las bases de la nueva sociedad.

La Constitución italiana de 1947, en cambio, como la de los Estados Unidos de 1787 o la Ley Fundamental alemana posterior al nazismo, son Constituciones del miedo, Constituciones que nacen como producto del pánico por el pasado, o son el resultado de una catástrofe o una serie de hechos trágicos que se quieren dejar definitivamente atrás. Lo importante en estos casos, menos que construir lo nuevo o imaginar lo posible o deseable, es impedir que el horror que se reconoce en el pasado vuelva a ocurrir.

En el caso de los Estados Unidos, el horror tuvo que ver con el tiempo de las facciones, que James Madison identificara en El Federalista n. 10 como el principal obstáculo que se quería enfrentar a través de la Constitución. Se asumía –tal como lo reconoce Madison en dicho artículo- que las causas de las facciones hundían sus raíces en la naturaleza humana, y por lo tanto no podían ser eliminadas. Lo que se buscaba, entonces, era por todos los medios eliminar sus efectos.

En el caso de Italia, como en el de Alemania, lo que se procuró por todos los medios fue eliminar para siempre el riesgo de que el nazi-fascismo pudiera volverse a imponer. Otra vez, y como en el caso de los Estados Unidos, lo que se buscó fue poner a la estructura constitucional entera al servicio de ese objetivo fundamental, relacionado con el pasado trágico: que aquello no vuelva a ocurrir.

Aquello que los italianos temían y querían evitar a través del constitucionalismo se relacionaba, fundamentalmente, con el pasado fascista. Pero sin embargo, aquella “pesadilla mayor” que se quería evitar daba cuenta y resumía toda una serie de otros temores presentes en la misma escena. Mencionaría al menos dos “miedos” más, vinculados con el “momento constitucional” italiano del 47: uno es –junto con el temor a la vuelta de un líder autoritario todopoderoso- el temor a las “masas desatadas” -las masas dispuestas a imponer su voluntad  a todo costo, arrasando con las libertades de todos los demás, y alineadas detrás de aquel líder. Los constitucionalistas norteamericanos o “padres fundadores” sintetizaron bien esta doble fuente de temor, hablando de su rechazo simultáneo a la “tiranía” (el abuso de uno) y a la “anarquía” (el abuso de los “muchos”).

En Italia de mediados de siglo XX tenemos, entonces, el temor a la llegada de un nuevo líder fascista, como tenemos el temor a volverse encontrar con las masas que aplauden y claman por ese líder, preparadas para avanzar con violencia contra todos aquellos que se interpongan en su camino. Pero tenemos, además, al menos una fuente de temor adicional que quisiera mencionar, muy propia del momento constitucional de entonces, y muy relacionado con el breve escenario histórico recién expuesto. Se trata del temor de los distintos partidos o facciones de la sociedad, a cada uno de los demás partidos o agrupaciones. En otros términos: según veremos, la Italia post-fascista apareció quebrada y dividida ideológicamente en grupos muy diversos (la mayoría de ellos, ya por entonces, anti-fascistas, como diré, pero) que se temían entre sí: cualquiera estaba en condiciones de llegar al poder. Todos actuaron entonces con miedo a que el grupo contrario se encontrara con una coyuntura favorable, se impusiera a los demás y se estacionara en el poder, manipulando –otra vez, como en el pasado- las reglas a su favor, con la ambición de permanecer en el gobierno por siempre y sin miramientos. De allí que, notablemente, la Constitución fuera pensada “desde fuera del poder”, desde la oposición. Esto es, los diversos partidos se entendieron a sí mismos no como ganadores, sino como perdedores posibles (no fueron risk seeking sino risk averse). Pensaron la Constitución desde el lugar de los que posiblemente serían derrotados, y trataron de que –frente a dicha alternativa- sus perspectivas no fueran catastróficas. Procuraron, entonces, que el sistema constitucional les ofreciera salvaguardas suficientes.

Resumidamente, entonces, y a la luz de riesgos como los descritos, la Constitución italiana pretendió evitar la concentración y abuso de poder; limitar los excesos posibles del mayoritarismo, asegurando ciertas garantías individuales fundamentales; e impidiendo que el partido ocasionalmente dominante desplazara a los demás, tomando control pleno de la “sala de máquinas” de la Constitución. La Constitución resultó así, en diversos niveles, y de diversos modos, un “pacto defensivo”.

9 feb. 2016

Macrismo y Kirchnerismo


Cuando el verano va llegando a su fin, y también con él, la fase de encantamiento que todo nuevo gobierno genera, la conflictividad social comienza a tomar fuerza. Resulta entonces particularmente importante prepararse para resistir la encerrona (o la extorsión) a la que puedan querer someternos algunas de las fuerzas políticas predominantes. 

Por un lado, el kirchnerismo residual se empeña en hacernos creer que los problemas surgidos en estas últimas semanas resultan la contracara de dignidades propias del viejo gobierno. Para empezar por aquí: las críticas al nuevo gobierno no importan reivindicación alguna del gobierno anterior. Tomemos, para ilustrar lo dicho, cuatro de las políticas más inactractivas impulsadas por la nueva administración. Primero, las recientes alzas tarifarias no nos refieren a la pericia sino, más bien, a la irracionalidad con que el kirchnerismo manejara la política energética. Asimismo, los masivos despidos impuestos por la coalición Cambiemos no nos remiten a las virtuosas políticas de empleo propias del kirchnerismo, sino más bien al descontrol (que luego de la derrota electoral pareció trocar en cínica venganza) con que el gobierno anterior administró el empleo público. En tercer lugar, la inclinación que muestra el actual Presidente a tomar decisiones a través de decretos no se contrapone con el compromiso institucionalista del kirchnerismo, sino con un previo gobierno que hizo y deshizo jurídicamente a su antojo (ya sea nombrando jueces en comisión, ya sea imposibilitando la discusión parlamentaria, ya sea alegando una “emergencia económica” que durante años le permitió disponer de partidas millonarias con virtual independencia del Congreso). Finalmente, la “política represiva” vinculada con el macrismo no contrasta con las fuerzas policiales autocontenidas del kirchnerismo, sino que (todavía) empalidece cuando se la compara con las 22 muertes producidas durante situaciones de protesta social, entre el 2003 y el 2015, o las miles de muertes ocurridas por casos de “gatillo fácil” en los años del kirchnerismo (gatillo fácil que implicó en esos años más de 3000 muertes, según CORREPI).

Por otro lado, y junto con lo anterior, tampoco resulta aceptable que el macrismo nos induzca a leer sus políticas en las 4 áreas referidas como contracara o necesaria respuesta frente a las sinrazones propias de lo que fuera el kirchnerismo. Más bien, sus acciones en tales ámbitos nos mueven a pensar en la presencia de “vicios”, amenazas o graves riesgos que anidan en la nueva mecánica de gobierno. 

Primero, la política de aumentos tarifarios nos llama la atención sobre la presencia de grupos de peso, dentro del gobierno, que promueven un tipo de decisionismo económico ya conocido –grupos de economistas que miran con desdén a todo lo que tenga que ver con política, alentados por la idea de que “a la gente sólo le importa la performance económica”. Segundo, el aumento de los despidos en el sector público hace sonar las alarmas acerca de la influencia de actores, en el gobierno, demasiado afines al fundamentalismo nozickeano del “Estado Mínimo”. Tercero, la falta de prejuicios para “gobernar por decreto si hiciera falta,” nos avisa acerca de la pretensión de algunos de sobreactuar un cierto anti-institucionalismo, como forma de “mostrar autoridad” frente a sectores que la demandan. 

En sentido similar, y finalmente, la disposición gubernamental a responder a las protestas sociales con balas de goma, nos habla no sólo de un gobierno interesado en subrayar su interés en la disciplina social, sino sobre todo acerca del terror gubernamental a aparecer débil frente al electorado (el fantasma de De la Rúa otra vez).

En todo caso, la buena noticia de estos tiempos es que ha quedado en claro de qué modo la política argentina no se dividía en dos opciones únicas y excluyentes; que las invectivas frente al kirchnerismo en absoluto significaban alineamiento con el macrismo; o que la crítica al nuevo gobierno tiene muy poco que ver con la reivindicación del pobre gobierno anterior.



7 feb. 2016

Sanders

Nuestro candidato avanza. Si va hacia la derrota, será derrota de las dulces
(algo sobre él, acá)

5 feb. 2016

La Constitución de Esparta III. Comunión y división

Como era habitual en la época, en Esparta también la ciudadanía estaba reservada para unos pocos. En este caso, los ciudadanos eran los los homoioi o iguales, quienes recibían al nacer una porción igual de tierra (que -dato interesante- permanecía como propiedad del estado y no de los particulares). Más allá de dicha minoría aparecían los periecos o habitantes de la periferia, que eran libres pero que carecían de derechos políticos; y recién luego los ilotas, que eran aquellos reclutados como prisioneros de guerra, y que actuaban como siervos carentes de todo tipo de derechos políticos. Los ilotas trabajaban la tierra, propiedad de los homoioi, y se quedaban con los frutos de aquella, luego de descontada la proporción que se le asignaba a los iguales. 

Los iguales, que eran los que gozaban de plenos derechos políticos y estaban liberados de todo trabajo manual o agrícola, eran considerados buenos ciudadanos en la medida en que cumplían con su entrenamiento y deberes militares, eran educados de acuerdo con las pautas definidas por el Estado, y compartían con los demás ciudadanos las tareas colectivas, que incluían por ejemplo la preparación de comida en los comedores públicos. Conviene notar que dentro del rígido y jerárquico esquema reinante, el estatus de las mujeres era, comparativamente mejor que en muchos otros lugares de la antigüedad. Ellas gozaban de niveles de libertad mayores que en otros sitios, pudiendo educarse, divorciarse, heredar y posee tierra. 

Con el tiempo, arreglos como los referidos resultarían erosionados. Sin embargo, el ideal igualitario espartano que animaba la organización social –más allá de la fuerte estratificación social existente- sostendría su fuerza, y la asociación del gobierno espartano con la austeridad, la disciplina, la virtud pública o el rechazo de la ostentación (1) -temas todos ellos relevantes dentro del paradigma clásico republicano- se mantendrían intactos. 

La conclusión de este repaso no es que un proyecto republicano futuro debe ser espartano, ni que el proyecto espartano fue adecuada o modélicamente republicano, ni que el republicanismo sólo puede ser posible en condiciones como las presentes en Esparta (comunidades pequeñas, o políticamente activas, o estratificadas, o con servidumbre, etc.). Más bien, la revisión sirve, por un lado, para entender por qué Esparta se convirtió en un punto de referencia dentro de los estudios históricos y filosófico-políticos sobre el republicanismo (se encuentran allí muchos elementos habitualmente asociados con el republicanismo); sirve también para pensar críticamente sobre atractivos y riesgos posibles (no necesarios, no únicos) que pueden vincularse con una política republicana; como sirve para reconocer una manera de pensar la vida política que hoy resulta inhabitual (i.e., el modo en que priorizaban la formación y el carácter, o el modo en que vinculaban economía con política y cultura, etc.). Finalmente, todo lo dicho nos ayuda a refinar (en un ida y vuelta del tipo "equilibrio reflexivo") nuestro entendimiento acerca de lo que debería ser el republicanismo. Se trata de un modo de pensar mejor lo que podemos llamar el ideal republicano.


(1). La ciudad, por tanto, no fue adornada con palacios u ornamentos, como Atenas u otras ciudades de la época. De allí que Thucydides sostuviera, de modo célebre, que si un día Esparta fuera a ser destruida, nadie podría imaginar, a juzgar por los restos de sus edificios, el poderío que alguna vez llegara a tener la ciudad –lo opuesto a lo que, según él, ocurriría para el caso en que Atenas fuera la ciudad destruida.

Carol

Edward Hopper, Audrey Hepburn, Billy Hollyday y lo más delicado de la cultura angloamericana, en esta notable película del talentoso Todd Haynes, basado en una novela de Patricia Highsmith, sobre el "amor prohibido entre dos mujeres en la Nueva York de comienzos de los años 50." Gran crónica del film, en P12, por LM, acá 

4 feb. 2016

La Constitución de Esparta II. Derecho y forja del carácter

Aunque la información disponible al respecto resulta dispersa y confusa, existe un acuerdo acerca de la profunda reforma en la posesión de la tierra impulsada desde la Constitución espartana. En tiempos de grave crisis, la tierra fue dividida en porciones iguales, capaces de asegurar el sustento de un hombre y su familia. La eunomia o igualdad de todos ante la ley se dirigió a asegurar que no hubiera privilegios, e implicó la imposición de sacrificios que alcanzaron a todos los distintos sectores de la sociedad.

Otra medida distintiva de esta etapa temprana fue la prohibición del oro y la plata, y en general el rechazo de la moneda. Todas estas disposiciones, según Plutarco, habrían reducido a la nada los atracos. Esparta, por lo demás, limitó radicalmente la importación de productos extranjeros. Decisiones como las citadas habrían impactado sensiblemente en el carácter de las personas, socavando conductas consideradas “viciosas”, como la codicia o la avaricia.

El punto es, en todo caso, el siguiente: no se trató de medidas de gobierno que, ocasionalmente impactaron en las cualidades personales de los habitantes, sino de decisiones sobre la organización política y económica que tuvieron como motivación principal la de conseguir dicho impacto. En otros términos, no fue la performance política-económica la que guió la toma de decisiones públicas. Más bien al contrario, la generación de cierto tipo de ciudadanos fue lo que motorizó la reflexión sobre los asuntos “materiales” –importaba ante todo la obtención de ciudadanos virtuosos, comprometidos con su comunidad. La frugalidad, la austeridad, la sencillez de costumbres, el compromiso cívico se convertirían entonces en virtudes que –a diferencia de entonces o ahora- el estado espartano podría exhibir como realidades efectivas, antes que como declamaciones acerca de un estado de cosas buscado.

Por supuesto, el “cultivo” de estos rasgos de carácter no se inscribió en el marco de una sociedad liberal y abierta sino –como vimos- en uno muy diferente, definido por la presencia de un estado omnipresente, activo y perfeccionista. El círculo cierra mejor cuando se advierte la centralidad que tuvo la vida –y la educación- militar, dentro de Esparta. La idea de que cada individuo debía ser capaz de anteponer los intereses colectivos sobre los personales no representaba una mera aspiración abstracta, sino que expresaba crudamente las más duras exigencias de la vida bélica de entonces. La necesidad de la defensa del territorio demandaba que la ciudadanía estuviera siempre dispuesta a ponerse de pie en pos del terreno común, a partir de su plena identificación con los intereses de los demás y del Estado.  Este tipo de requerimientos se convirtieron en prácticas difundidas en la población a partir de un intenso activismo estatal que comenzaba con el control de la educación, y seguía con un riguroso entrenamiento militar que se imponía desde la infancia. El propio Aristóteles, en su cuidadoso estudio de la Constitución espartana, objetaría este sesgo militarista en el ordenamiento estatal.

La estricta educación espartana se distinguió por ser pública, colectiva y obligatoria para todos los hijos de los ciudadanos. El sistema educativo –admirado más allá de las fronteras de Esparta- pudo asegurar extendidos y amplios conocimientos entre la juventud (en particular, altos y difícilmente comparables niveles de lectura en la población). De hecho, desde los 7 años, los niños eran separados de su entorno familiar, para vivir y ser formados en grupo hasta los 30, bajo la dirección de un magistrado de la comunidad. Allí se los hacía crecer en condiciones de abnegación y respeto por los intereses de la comunidad, y alejados de toda búsqueda de la gloria o el prestigio individuales.


2 feb. 2016

Sobre despidos en el Ministerio de Cultura

https://medium.com/@nodespidoscultura/frente-a-los-despidos-en-el-ministerio-de-cultura-d588f0ccc998#.6a3uybh7u

Sobre la emergencia en seguridad

http://www.telam.com.ar/notas/201601/134005-cels-criticas-emergencia-seguridad-publica.html

La Constitución de Esparta I. Derecho y republicanismo


La Esparta de la época clásica representa un  gran ejemplo de lo que fue y pudo ser un estado “republicano clásico”. El calificativo se utiliza, ante todo, por el lugar reservado en el mismo para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Pero el componente republicano resulta aquí todavía más notable (y, si se quiere, completo), ya que en Esparta, en particular, las permanentes amenazas tanto externas como internas llevaron al estado a asumir un papel activo en la promoción del compromiso ciudadano con los intereses comunes –sólo así, se estimaba, sería posible garantizar la defensa del territorio compartido. 

El tejido legal de orientación republicana, que describiré enseguida, resultó entonces acompañado por un complejo conjunto de pautas destinadas a regular la conducta y moral de las personas –la solidaridad desplazaba, por caso, a la privacidad. De hecho, pocos sistemas como el espartano -fuertemente comunal y militarista- terminarían resultando tan influyentes en la modelación de los ideales republicanos. No resulta extraño, por ejemplo, que Rousseau modelara su aproximación teórica sobre el republicanismo a partir del modo en que Montesquieu describiera a Esparta (y a Roma) de la época clásica.  

La estructura legal del estado, que se mantuvo intacta y en aplicación por lo menos durante cinco siglos, es atribuida por algunos a Licurgo (desde el siglo 7 AC?). Se habla, por tanto, de la Constitución y de las leyes de Licurgo, aún cuando existen dudas acerca de su obra, y aún de la misma existencia de Licurgo, personaje del que se tiene algún conocimiento a partir de escasas y contradictorias fuentes, que incluyen los escritos del historiador Herodoto o de Plutarco. 

Buena parte de la legislación espartana se mantuvo como no escrita. Existieron, sin embargo, las rethrae (algo así como “dichos” o sentencias) que incluían aspectos básicos de la organización política estatal. La rethrae más conocida establecía una forma de gobierno “mixta”, que incluía a una monarquía (con dos reyes), un senado y una Asamblea ciudadana o apella.

Aristóteles hace algunas referencias al sistema político espartano en La Política -más específicamente en la sección que dedica a la Constitución de Lacedemonia. Su análisis es ejemplar, basándose tanto en un punto ideal como histórico (él se propuso estudiar cuánto se acercaba el sistema legal vigente al que fuera concebido originalmente por sus autores, y también de qué modo se comparaba con el mejor estado o estado ideal). En su trabajo, Aristóteles da cuenta dentro de la estructura de gobierno, de un aspecto monárquico (gobierno a través de dos reyes), un aspecto oligárquico (gobierno a través de aristócratas o unos pocos privilegiados), y un aspecto democrático (gobierno a partir de la ciudadanía, en una asamblea en la que participaban todos los “hombres libres”). 

Los reyes a cargo del gobierno eran dos, con cargos hereditarios, y provenientes de dos familias diferentes, aunque cumplían funciones básicamente ceremoniales. La legislatura era bicameral y se componía, por una parte, por la asamblea de todos los ciudadanos, y por otra por un Consejo de Ancianos o Gerousia, formado por 28 ciudadanos electos mayores de 60 años, con mandato de por vida. El Consejo de Ancianos, producto de una reforma (la gran rethra) que Plutarco atribuye a Licurgo, era el que introducía las normas que la Asamblea aceptaba o rechazaba, votando por una de las opciones ofrecidas por los Ancianos (en Atenas, la Asamblea ciudadana podía también incluir temas de agenda para la discusión, cosa que en Esparta no estaba permitida). Todos los ciudadanos de al menos 30 años podían tomar parte de la Asamblea en el momento en que así lo decidían. El gobierno se completaba con cinco ephors, funcionarios electos por la ciudadanía y encargados de tareas judiciales, legislativas, pero sobre todo ejecutivas, relacionadas con la administración cotidiana de la comunidad.

Enseguida doy algunos detalles acerca del modo en que el diseño de gobierno se acompañaba de una diversidad de medidas tendientes a modelar un tipo de ciudadano particular –un ciudadano “virtuoso” en el más fuerte sentido republicano.