17 dic. 2017

El plan tampoco

Así como la represión (pasada/futura) es inaceptable, incondicionalmente (el Estado de Derecho puede y debe reaccionar con la ley en la mano, siempre, no importa la agresión que le pongan de frente), el "plan" económico que en este caso vino a resguardar la violencia, también es injusto. La reforma previsional, tal como se la presenta, es injustificable, en particular frente a la posibilidad y necesidad de ajustar sobre los que más tienen. El desquicio lo hicieron otros, y los jubilados, junto con los niños, debieran ser los últimos candidatos a pagarlo.

Resulta penoso, en todo caso, que pretendan criticar estas medidas quienes se negaron a pagar el 82% móvil; incumplieron "Badaro"; dieron la crudelísima orden de que cada jubilado que quisiera cobrar lo suyo tuviera que iniciar y ganar un nuevo juicio y -viendo que perdían esos juicios- diseñaron una ley (a la que llamaron de "democratización de la justicia") para agregar una instancia más al reclamo de los jubilados, apostando a la muerte de los viejos antes que al cobro de sus derechos. Los responsables de tales miserias no tienen derecho a criticar nada en la materia, sin antes hacer un acto de contrición, arrepentimiento sincero, y pedido de disculpas a la sociedad toda, y a los jubilados en particular.

Menemistas, kirchneristas y macristas son tres caras de la misma pirámide, para todo lo que importa. Que me digan sino las diferencias que separan a los tres grupos, en materia de jubilaciones; impuesto sobre la renta financiera; política sobre minería, explotación de recursos naturales, fracking. Que me digan si no son responsables, de modo similar, de la discriminación y muerte en relación con los miembros de nuestras comunidades indígenas; de la persecución y espionaje sobre la izquierda; de negocios turbios con el empresariado rentista; de pactos con el lado más oscuro del sindicalismo. Que me digan si no aumentaron el número de presos, el maltrato en las cárceles, el nivel de las penas. Que me digan que los tres no afirmaron o terminaron consolidando una distribución de ingresos más regresiva, en términos históricos. Que me digan, sobre todo, si los tres no llevaron adelante políticas reaccionarias a niveles desconocidos, en materia de salud reproductiva (los dos primeros, a la derecha del Vaticano, literalmente). 

La izquierda hace mal en aliarse, aún tácticamente, con los indeseables restos de los dos primeros sectores: se trata de grupos sin principios, que han sido y siguen siendo parte constitutiva del problema que hoy no se quiere resolver. Nosotros, mientras tanto, vamos hacia los 40 años de travesía en el desierto, esperando encontrar la tierra prometida.

Otra economía es posible, otra política es necesaria.

pd: Lo dicho no significa que los tres grupos sean lo mismo. Cada uno se distinguió por sus propios horrores: el menemismo, por la privatización y destrucción final del estado de bienestar montado por el peronismo en los 40; el kirchnerismo, por una corrupción estructural, y por explotar el vínculo política y narcotráfico; el macrismo por la concepción empresarial de una política que debe ser democrática. Cada uno, por lo demás, tuvo sus normas atractivas: derogación del servicio militar, o ley de cupos, el menemismo; AUH o ley de matrimonio igualitario, el kirchnerismo; la ley de "reparación histórica" o la ley del 50 por ciento, el macrismo. Pero eso no los salva de que veamos en ellos lo que son: la continuidad de una entente político-empresarial-sindical, que organiza una forma degradada, de formas distintas, del capitalismo prebendario -un monstruo que nada tiene que ver con la justicia social o la igualdad.

Allanamientos

14 dic. 2017

Repudio permanente a la represión

Como este gobierno aparece inclinado hacia el lado de la represión, y por si a alguien le interesara saberlo, mi opinión es que nunca, y bajo ninguna condición se encuentra justificado el uso de la violencia estatal en contra de la propia ciudadanía. En cualquier caso, y en primer lugar, frente a hechos como el de hoy repudio la violencia estatal (espero que no haga falta que vuelva a repetirlo frente a cada nuevo acto represivo de los que se vienen). Ello, más allá de que parte de la oposición quiera guerra, y parte de la oposición busque ratificar su idea de que el gobierno es la dictadura. Aún frente a esos imberbes, el gobierno debe tender la mano y buscar el diálogo. Debe ser posible discutir (y oponerse sistemáticamente) a reformas como la actualmente en curso, sin el recurso a la guerra. A diferencia de otros analistas, sin embargo, creo que la primera preferencia del gobierno no es la represión (aunque esté en la naturaleza o en el ADN de algunos de sus miembros llevarla a cabo), sino la estabilidad y la permanencia en el poder. A diferencia de otros analistas, además, creo que una mayoría de la ciudadanía repudia la represión -esto es, creo que en la Argentina, se pierden más votos de los que se ganan, reprimiendo. Por lo dicho, mi única esperanza en este tiempo de desesperanza, es que el gobierno entienda que la salida represiva -merecidamente, debidamente, razonablemente- le va a seguir costando votos. En ese piso absurdo está la discusión.

Sobre el fallo en materia de educación religiosa en las escuelas públicas

M. Alegre, R. Gargarella
http://www.lanacion.com.ar/2091164-un-fallo-historico-en-defensa-de-la-pluralidad

En una de las decisiones más liberales de su historia, la Corte Suprema de la Nación sostuvo que en Salta no podrá seguir dándose educación religiosa en las escuelas públicas dentro del horario escolar y como parte del plan de estudios. De este modo, en un fallo dividido (Rosatti votó, en soledad, en disidencia parcial), el máximo tribunal admitió los reclamos presentados por la Asociación de Derechos Civiles, en conjunto con un grupo de valientes madres de alumnos de escuelas públicas salteñas. La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 27, inciso ñ de la ley provincial de educación 7546, que disponía que la instrucción religiosa "integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, atendiendo a la creencia de los padres y tutores", y que permitía (insólitamente) que "los contenidos y la habilitación docente" quedaran, en los hechos, en manos del Arzobispado Católico de Salta.


Foto: LA NACION / Alfredo Sabat
Para fundamentar su decisión, la Corte recurrió a muchos argumentos relevantes. Sin embargo, antes de llegar a dichas consideraciones -el núcleo de la sentencia- conviene subrayar que tanto la opinión mayoritaria (conformada por Highton de Nolasco, Lorenzetti y Maqueda) como la de Rosatti coincidieron en condenar en términos severísimos el carácter agraviante que distingue a la práctica que se viene desarrollando en esta materia, desde hace años, en la provincia de Salta (y, correspondería agregar, como todavía en otras provincias del país).

Para la mayoría de la Corte, el proceso judicial ha mostrado que "en numerosas escuelas públicas salteñas se ha adoctrinado a los alumnos en el catolicismo", a través de textos, ilustraciones y ejercicios contenidos en los libros utilizados por todo el alumnado. Incluso los hijos de padres que habían exteriorizado su voluntad de no recibir educación religiosa, eran mantenidos en las aulas durante las clases de catequesis. Asimismo, la enseñanza religiosa no quedaba reservada a las clases específicamente dedicadas a la religión. "Dentro del sistema educativo público de Salta -afirmó la mayoría- existen patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los no creyentes". El propio Rosatti, en su disidencia parcial, admite que "en los hechos", quedó acreditado que en las escuelas públicas de la provincia "se ha dictado casi exclusivamente educación en el catolicismo", aun fuera de las horas dedicadas a la enseñanza religiosa, todo lo cual constituye "una grave afectación a los derechos constitucionales" de las minorías salteñas.

Ese unánime reconocimiento, por parte de la Corte Suprema, del carácter discriminatorio de la práctica que se lleva a cabo en provincias como Salta, representa un paso muy importante para las aspiraciones de convivencia y, sobre todo, para asegurar el respeto profundo de las ideas y creencias de quienes piensan y viven conforme a pautas diferentes de las compartidas por las mayorías.

Highton, Lorenzetti y Maqueda explican por qué el problema que se enfrenta en Salta no se limita a una práctica gravemente defectuosa. Lo que ocurre en Salta, nos dicen, es que la normativa vigente en materia de educación importa una discriminación encubierta, a pesar de su apariencia de neutralidad. Para decir esto, la Corte se apoya en una diversidad de razones, de las cuales -por razones de espacio- vamos a rescatar sólo algunas, particularmente relevantes.

Por un lado, la mayoría del tribunal reconoce que el principio constitucional de la igualdad exige ser pensado en términos "estructurales", esto es, teniendo en cuenta, también, de qué modo son tratados los individuos en tanto integrantes de un grupo (por ejemplo, en este caso, los grupos de católicos y no católicos, los agnósticos, etcétera). Siempre, el pleno respeto de los derechos de los miembros de cada grupo requiere que ellos no sean tratados "peor", en base a su género, su raza, su etnia o su religión, etc. Cuando frente a cuestiones tan sensibles, el Estado escoge tratar a algunos grupos mejor o peor que a otros, él debe asumir la carga de la prueba acerca de por qué pretende llevar adelante una distinción tan problemática (una que favorezca a los "blancos" o a los "católicos", o a los "varones"). Por eso se habla en estos casos de "categorías sospechosas" que exigen de parte de la Justicia el "escrutinio más estricto": la Justicia debe poner su foco más atento frente a este tipo de situaciones y asegurar que en definitiva el Estado no utilice ninguna excusa para socavar los derechos de ninguna persona o grupo, en beneficio de los derechos de otros.

En su argumentación, la Corte utilizó también otro argumento crucial, referido a la privacidad y el "derecho al silencio" de cada alumno. Apoyándose en el art. 19 de la Constitución (que es el que protege las elecciones personales de cada persona y determina que las mismas quedan "fuera de la autoridad de los magistrados"), la Corte sostiene que ninguna persona (incluyendo a alumnos y padres) debe ser obligada a revelar en público cuáles son sus convicciones o creencias más íntimas (religiosas, sexuales, políticas). "El derecho al silencio -sostuvo la Corte- implica la posibilidad de hacer valer la facultad de reservarse ideas, sentimientos, conocimientos y acciones que no se desea voluntariamente dar a publicidad o revelar a terceros, o cumplir". De allí la invalidez de la reglamentación de los formularios que los padres o tutores debían completar para que sus hijos se eximieran de la clase de religión.

A las razones de la Corte podemos agregar que la enseñanza religiosa en horario de clases viola el derecho a una educación de calidad, porque permite la eventual enseñanza de contenidos dogmáticos incompatibles con la evidencia científica y con el espíritu crítico que debe animar a la educación pública; desconoce el principio de autonomía progresiva de las niñas y los niños, quienes ven acotadas sus opciones en materia espiritual; vulnera el principio constitucional de separación entre iglesia y Estado, y es contraria al principio republicano de gobierno, porque socava el carácter deliberativo y plural de la escuela.

Este fallo histórico da por tierra con algunas de las defensas de la ley salteña. Con base en un falso federalismo se ha descalificado a quienes opinan desde afuera de Salta, ocultando que esta discusión nos importa a todos: un fallo favorable a la validez de la ley de Salta hubiera permitido avances antiliberales en todo el país. También se dijo a favor de la ley que la mayoría de la sociedad salteña es católica, lo que significa desconocer la lógica de los derechos individuales: cuanto más hegemónico sea un credo, mayor deberá ser la protección de las minorías.

El fallo debe ser celebrado. Nuestra igualdad en materia religiosa, uno de los derechos más esenciales y al mismo tiempo más frágiles, ha sido firmemente defendida por nuestro máximo tribunal.

Profesor titular de Filosofía del Derecho en la UBA, y constitucionalista y sociólogo, respectivamente.

12 dic. 2017

ENSEÑANZA RELIGIOSA EN LAS ESCUELAS.

http://www.cij.gov.ar/nota-28821--La-Corte-Suprema-resolvi--que-en-Salta-no-podr--darse-educaci-n-religiosa-en-las-escuelas-p-blicas-en-el-horario-escolar-y-como-parte-del-plan-de-estudios.html

El fallo es muy importante, en el modo en que advierte el carácter estructural de la igualdad (y la ve, no simplemente como "no discriminación"); en el modo en que examina el artículo 19, y el "derecho al silencio" (por ejemplo, de los niños respecto a su postura sobre la religión, sus creencias, etc.); en la forma en que retoma la idea de "categorías sospechosas" y escrutinio estricto; en la denuncia de la "discriminación encubierta" propia de la ley salteña; en la crítica severísima a la práctica salteña (algo sobre lo que, notablemente, coincide la mayoría y la disidencia parcial de Rosatti): hablan de una práctica de adoctrinamiento religioso; de agravios serios; de sistemáticas violaciones de derechos.

El fallo no llegó tan lejos como hubiéramos querido, pero receptó muchos de los argumentos que ofrecimos, y se asentó en la posición que el Procurador Víctor Abramovich (presidente histórico del CELS) defendió ante la Corte, en esta materia (por eso, artículos como el que publica hoy Página -al que HV, en su salida, criticara como usina de "pensamiento único"- resultan abominables: una muestra de "pensamiento unidimensional": todo es leído en clave "Macri," y con el objetivo previo y resistente a toda prueba, de decir: estamos peor que durante el kirchnerismo; la Corte es nueva y es mucho más conservadora que antes, etc. -ver el texto acá). Lo cierto es que para miles de chicos, se trata de una libertad más, una opresión menos, y hay que celebrarlo.

Repudio a la represión en Neuquén

en la que también fue herido el querido diputado y obrero de Zanón Raúl Godoy

https://www.laizquierdadiario.com/Desde-todo-el-pais-masivo-repudio-a-la-feroz-represion-en-Neuquen

9 dic. 2017

Seminario en Oxford

Fernanda Farina on judicial empowerment, Ezequiel Gonzável Ocantos on Chile, Roberto Gargarella on Argentina, Alun Gibbs on Colombia, Fernando Schüler on Brazil
Constitutional rights and institutional stability in Latin America

08 Dec 2017, 9:30AM to 4:30PM

VENUE:HALDANE ROOM WOLFSON COLLEGESERIES:FOUNDATION FOR LAW JUSTICE AND SOCIETY WORKSHOPORGANISED BY:THE FOUNDATION FOR LAW, JUSTICE AND SOCIETY

The end of the twentieth century was marked by optimism for the stability and effectiveness of the constitutional systems of the nations in Latin America. The authoritarian regimes of the 1970s and 80s had been replaced by constitutions based on well-functioning institutions, respect for individual and social rights, compliance with the rule of law, and a general commitment to the principles of advanced constitutionalism.

Over the last decade, however, matters have taken a very different turn for the worse. The resurgence of political conflict, the growth in violence, widespread disaffection and discontent, authoritarian discourses, and a deep economic crisis have all contributed to the undermining of the established constitutional orders in many of the continent’s nations.

Constitutional texts are being redrafted to serve short-term political objectives; respect for rights has declined; and the institutions of government, particularly the executive and the judiciary, compete for power.

The aim of this workshop is to examine these issues, to assess their causes, and to chart the consequences for the constitutional systems concerned. The participants are drawn from a range of disciplinary backgrounds, including law, sociology, political science, and economics. The workshop will focus on a series of case studies of several key countries: Brazil, Colombia, Argentina, Chile, and Venezuela.

The workshop forms part of a wider enquiry into the success and failure of constitutions. Why do some succeed; why do others fail?

Flores del mal 8: J'habite




Vivo, en estos días, cerca de las estaciones de tren –entre la Gare du Nord y la Gare de l' Est- en una pieza vieja y fría, que no es particularmente recomendable para estos días. Como es previsible en el área ferroviaria, la zona es algo densa socialmente, y racialmente multicolor. Hay negros, indios, chinos, árabes, turcos, marroquíes, gitanos. Son los que llegan primero a todas las veredas del barrio, frente a la estación, para mirar a la gente que marcha lejos. Son también los últimos en retirarse, cuando ya nadie quiere seguir transitando la zona, porque todos han llegado ya, o porque están en camino definitivo hacia su propio lugar -hay quienes no tienen donde estar. Veo a uno de ellos que dibuja enloquecidamente, lapicera en mano, un paisaje de rayas infinito -líneas entrecruzadas que definen alguna forma difícil de adivinar (después me daría el dibujo). Otro lee su bande dessinee (gran pasión de los locales). Siete africanos hablan de África África, sentados en círculo, en un espacio retirado dentro del Mc Donalds. Otros tres negros, a los que les ha ido mejor, se sientan en el café a ver pasar a aquellos que no. Me conmueve en particular un inmigrante al que, por segundo día seguido, veo durmiendo en la vereda: él no se acurruca tímidamente contra la pared, como lo hacen tantos, sino que se acuesta atravesado, en la misma vereda, bloqueando el paso de apurados transeúntes. El aire cálido que llega de las alcantarillas lo tiene ahí, inmovilizado, aferrado al piso, indiferente a las personas que cruzan hacia la calle, lo saltean, lo rodean, lo eluden como pueden, y lo dejan ahí.



Flores del mal 7: Artisans


De las cosas que más me gustan de este país, una de las primeras es la dedicación plena de tantas personas a su metier, en contraste con la actividad todo-terreno que muchos asumen o se sienten obligados a asumir por otros lados (en la Argentina, dicha actitud se expresa luego, por ejemplo, en las cartas de bares y restoranes, que literalmente lo ofrecen “todo”: pastas, carnes, platos vegetarianos, arroces, pescados, tortillas, esto es decir, cualquier cosa). Brotan aquí por doquier los lugares, negocios, talleres, espacios, enteramente orientados a un solo objeto. En pocas cuadras, y sin exagerar, veo frente a las paredes de pequeños locales, colgadas una notable cantidad de carteles apuntando a lo mismo: “artesano de…”; “obrero de…” Las primeras notas son de:  queso; sidra; miel; yogur; cinturones; vino; chocolate, y también macarons; croissantscrepesfoie gras, baguettes…Maravillosos artesanos de un solo objeto. 

Flores del mal 6: Barricades

Hace mucho tiempo, visitando Francia, saqué una foto a la que le tomé cariño: una viejita reflejada en la vereda mojada, un día de lluvia. En esta visita, me di cuenta de la cantidad de fotos que volví a sacar, del mismo tipo: reflejos de personas sobre la vereda mojada, un día de lluvia. Me preguntaba por qué no me surgen ganas de tomar otras fotos así, en otros lados: veredas hay, lluvia hay, veredas mojadas también...pero reflejos de personas no. Pequeñas-grandes curiosidades de la vida! Y una razón, no podía ser sino, es política. Después del 68, y cansados de que los jóvenes usaran los adoquines de las veredas para protestar, arrojarlos contra las fuerzas de seguridad, o armar barricadas, se asfaltaron de modo impecable un montón de veredas, y voilá!










Flores del mal 5: La race compte

Entro en una gran librería jurídica, y lo primero que encuentro es un libro editado por Hourya B., sobre teoría crítica sobre la raza -una compilación de los grandes textos. Qué buena contribución! Qué bueno saber que HB siga en la huella!

6 dic. 2017

Libertad para Milagro Sala?

Varias cosas interesantes en la decisión de la Corte. Me alegra que el tribunal ordene que Milagro Sala deje la prisión, por razones de salud, pero resisto el estilo "compensatorio" que caracteriza desde hace años a la Corte, y que en este caso hizo un "2 x 1" con Sala: prisión domiciliaria sí, pero la prisión preventiva se confirma; y la inmunidad de arresto por ser parlamentaria del Mercosur no vale tampoco, por ser inconstitucional el art. 16 de la ley 27.120 invocado por Sala. El estilo compensatorio confunde la "imparcialidad" de la justicia con la idea de "un poco para cada lado." Un poco para cada lado no es justicia, es cálculo político. También interesante el fallo, en su relación con la Corte Interamericana. La Corte dice que el fallo de la CIDH "impone a la Corte Suprema como órgano supremo de la organización judicial argentina la obligación de adoptar las medidas conducentes, que, sin menoscabar las atribuciones de otros poderes, tienden a sostener la observancia de la Constitución Nacional". Los que decían que todo había cambiado; que la Corte en esta nueva etapa había repudiado el Derecho Internacional de Derechos Humanos (DIDH); que se había roto el esquema de respeto al sistema de DIDH que tanto había costado construir, y varios etcéteras, deberían aclararnos su posición ahora. Los partidarios del "antes" y "ahora" deberían retractarse de tanta tontería dicha: la música será mala, pero sigue siendo la misma que entonces.

Constituent Assemblies: Elster, Gargarella et al, eds. (Cambridge U.P. 2018)

SE VIENE

Elster, Gargarella, Naresh, Rasch, eds., CONSTITUENT ASSEMBLIES, Cambridge U.P. 2018
(Amazon info, acá)

TABLE OF CONTENTS

Jon Elster, Roberto Gargarella, Vatsal Naresh and Bjørn Erik Rasch: Introduction

Udit Bhatia: Precautions in democratic experience: The nexus between political power and competence
Christina Bucur, José Antonio Cheibub, Shane Martin and Bjørn Erik Rasch: Constitution-making and legislative involvement in government formation.
Jon Elster: The political psychology of constitution-making
Jon Elster: A race against time: The making of the Norwegian constitution of 1814
Roberto Gargarella: Constitution-making in the context of plural societies. The “accumulation strategy”.
Thorvaldur Gylfason: Chain of legitimacy: Constitution-making in Iceland
Hanna Lerner: Constituent assemblies and political continuity in divided societies.
Mara Malagodi: Constituent assembly failure in Pakistan and Nepal
Gabriel L. Negretto: Constituent assemblies in democratic constitution orders. The problem of a legally limited convention.

Flores del mal 4 : L'étranger


En un enclave magrebí, entre argelinos y marroquíes, pienso en Albert Camus, en los expatriados, y en los que somos extranjeros de todo país, en cualquier país. Pienso en los que no pertenecemos ni querríamos pertenecer. Pienso en los que por la sola presencia provocamos indiferencia o molestia. Pienso también en los extranjeros que aquí, a pesar de todo –el racismo, el acoso, la arrogancia, las miradas hostiles, las palabras y los silencios- celebran su comunidad, el mantenerse unidos, el seguir de pie lejos del horror en que se había convertido la vida –quizá la muerte. Pienso en la paradoja de sentirse involucrados y a la vez ajenos; conmovidos hasta lo más íntimo, pero sin embargo distantes de todo lo que nos rodea. Distantes, al reconocer que no es la partida propia la que se juega: son otros los que deciden, porque son otros los dueños del juego. Cercanos, sin embargo, porque a pesar de los pesares se mantiene la ilusión de cambiar, y cambiarlo todo (por eso mismo, cada nuevo paso en la dirección contraria hace que uno grite por dentro: Ya no más, basta ya, no una vez más!). Pienso en los rostros sonrientes que también vi, en los que reían para olvidar, y los que lo hacían porque recordaban. Alguno pensaba: Estamos aquí! Estamos juntos! Tal vez!

Flores del mal 3: De Gaulle

1) En un famoso discurso de junio del 46, Charles de Gaulle hizo referencia al trabajo de una “elite” surgida de las entrañas de la nación, que con un “sentimiento de superioridad moral,” y “desprecio por la agitación o las discusiones,” venía a proponer la adopción de “nuevas instituciones democráticas,” capaces de resistir el “permanente torbellino político” existente en el país. Entonces, y como remedio a esos torbellinos, de Gaulle propuso la creación de un “árbitro nacional” (él mismo, claro), que se situaría, obviamente, por sobre las “contingencias políticas”. El proyecto, que quedaría plasmado en la Constitución de la 5ta República, implicaría cambios notables en el constitucionalismo francés. El mismo dejaría atrás, desde entonces, el sistema parlamentario, para consolidar un nuevo sistema, de post-guerra, organizado en torno a la figura del Ejecutivo. De ese modo, Francia dejaba atrás, también, otras alternativas más asamblearias y de avanzada, que se habían abierto paso luego de la caída del régimen de Vichy, y el llamado a la Convención Constituyente en 1945. Una pena, de consecuencias graves.

2) La marca que dejó de Gaulle en Francia, y en particular en la clase política francesa, es extraordinaria, paralela a la que dejara Perón en la Argentina. Una primera y llamativa expresión de lo dicho es que hoy, varias décadas después, la mayoría de los políticos y funcionarios públicos, de cualquier categoría, siguen reproduciendo las cadencias discursivas de De Gaulle, aunque se adviertan hoy claramente desfasadas en el tiempo. Aparecen así discursos tan impostados, viejos, increíbles, que tornan perfectamente entendibles los enojos y la insatisfacción que hoy se advierte en la mayoría de la población, contra la clase política.

3) "Cómo es que alguien puede gobernar una nación que tiene 246 diferentes variedades de queso?" -se preguntó alguna vez, con razón, Charles de Gaulle. Hoy las variaciones llegan a unas 400, aunque algunos exagerados sostienen que son 1000, al menos, las modalidades diferentes. Inabarcables, ingobernables.

5 dic. 2017

Flores del mal 2: Gitanes

Llego a la esquina y veo una gitana sentada en piso, mirando al costado, y como asume que nadie la ve, saca un lápiz y se pinta las cejas, hasta tornarlas bien gruesas. Creyendo que viene alguien de pronto, despaciosamente, baja las manos, el lápiz, la vista, y todo queda escondido entre los pliegues de su vestido. Girando la esquina me encuentro con otra gitana, tal vez al resguardo de la primera, que con cuidado y con fuerza y con furia se peina peina, hasta dejar bien liso, lacio el pelo, y volver al escenario que la tendrá como protagonista todo el día. Es temprano por la mañana, hoy es domingo, la jornada es larga, hace frío y está empezando a llover.

Flores del mal 1: Flâneur



De salida de un seminario en Heidelberg sobre Latinoamérica, y hacia otro evento sobre derecho constitucional en Oxford, decido hacer el trayecto en tren, y me detengo en París por los pocos días que dura la transición de un lugar al otro. Aquí no me queda más que asumir la condición de flâneur, que hizo conocida Charles Baudelaire primero, a través de la poesía, y luego Walter Benjamín en sus trabajos académicos. En ellos, Baudelaire tomó la figura presentada por Baudelaire, y terminó convirtiéndola en emblema de la cultura urbana. De todo esto nos hablaba (...) Horacio González, en alguno de los tantos cursos que tomé con él en la Carrera de Sociología. El último fue un seminario, algo deforme, sobre "máscaras," que se inauguró con "Flores del Mal," y con González leyendo de este poema de Baudelaire.

À une passante

La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d'une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l'ourlet;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair... puis la nuit! — Fugitive beauté
Dont le regard m'a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l'éternité?
Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être!
Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais!

— Charles Baudelaire



3 dic. 2017

El joven Marx y el viejo cine


"El joven Karl Marx", del haitiano Raoul Peck ("I am not your Negro"), es una gran oportunidad perdida. El tema -Marx- bien acotado además a su período joven, era una extraordinaria posibilidad de hacer algo interesante (más aún, a la luz de los antecedentes del director y en un contexto como el actual). Pero el film es puro cine viejo, predicador y ordenado, donde Marx es un joven galán, rockero antes del rock y feminista para que no le falte ningún título. Los dos héroes (Marx y Engels) no tienen una conversación normal, y la escena supuestamente más divertida de la película -el hostil encuentro con un empresario explotador inglés- da vergüenza ajena (una sensación que, en mi caso, se repitió a lo largo de la película). A los encuentros con Proudhon (el dardenniano Olivier Gourmet) o Kropotkin tuve que mirarlos de reojo. Marx, en particular, habla todo el film como una estatua, recitando textos que uno hoy encuentra en sus libros -es dable esperar que los escritos de Marx reflejaran su pensamiento más decantado, y no que fuera un desgrabado de sus dichos cotidianos. La película termina con supuestos rostros de "pobres," que se supone agradecidos o salvados por Marx, y Bob Dylan cantando "Rolling Stone" -ya que estamos lo hagamos.

Con el lápiz en la mano

28 nov. 2017

La presunción es en contra



Frente a la muerte, a manos del Estado, del joven mapuche Rafael Nahuel, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti sostuvo “Lo que tenemos que decir acá (…) es que el beneficio de la duda siempre lo tiene que tener la fuerza de seguridad que ejerce el monopolio de la fuerza”. De modo similar, la la ministra de Seguridad Patricia Bullrich afirmó: “No tenemos que probar el accionar de nuestras fuerzas de seguridad”. Y el Jefe de Gabinete agregó que "Nos preocupa no haber podido asegurar las pruebas y saber qué pasó".

Se trata de declaraciones desafortunadas en todos los casos. Primero, porque este tipo de situaciones muestran un paralelo, agravado, con lo que ocurre con el control de los recursos económicos y el enriquecimiento ilícito: se justifica que la carga de la prueba se invierta y ponga de modo contrario al Estado, dado el tipo de poderes que la sociedad le transfiere a ese Estado; los riesgos que esa delegación de poder implica; y lo que la historia reciente nos enseña al respecto. El caso, como anticipaba, es mucho más grave cuando hablamos (no del control de los recursos económicos, sino) del control de los recursos coercitivos -el monopolio de la fuerza. Otra vez: el poder que se le transfiere al Estado es tan fuerte; los riesgos que esa delegación implica son tan altos; y lo que la historia reciente nos enseña al respecto es tan negativo, que la sociedad tiene todo el derecho del mundo de evaluar -y exigir que las instituciones evalúen- las responsabilidades del Estado, con una presunción negativa o en contra del mismo. 

En otros términos: es el Estado el que debe probar que actuó bien; el que debe hacer un esfuerzo extraordinario para justificar cada paso que quiera dar usando su fuerza; y el que debe someterse a los más estrictos controles cuando se mueve en dicho terreno. Por eso lo rodeamos de organismos de control -que la experiencia indica que son muy vulnerables; por eso exigimos autorizaciones judiciales (antes de un allanamiento, antes de un operativo de desalojo); por eso necesitamos modos de fiscalización y sanción múltiples: sabemos lo que está en juego, el tipo de poder que delegamos, y los riesgos propios de esa delegación. Necesitamos, por tanto, de la máxima capacidad de escrutinio de nuestra parte -de parte de la sociedad civil- y fuertes presunciones negativas contra el Estado. 

No sólo no es cierto, entonces, lo que dice la vicepresidenta, sino que es a la inversa de lo que ella dice: la presunción no es a favor, sino que debe ser contraria al Estado. Y no sólo no está bien lo que dijo la ministra de Seguridad, sino que es lo contrario a lo que ella dijo: cada paso que den las fuerzas de seguridad debe estar justificado, autorizado, y fiscalizado, antes, durante y después de que el mismo es dado. Y también es poco feliz lo dicho por el Jefe de Gabinete, muy en particular a la luz de ocurrido en el caso Maldonado (que esta muerte se haya producido en los momentos en que se llevaba adelante el velorio de Madonado, es una trágica ironía de la historia). A la luz de la historia larga y la historia breve, que otra vez vuelvan a fallar los controles; que el procedimiento se haga mal; y que haya un muerto, no es problemático: es inaceptable. Entonces, no es creíble que nos digan otra vez que se trató de un error. Si lo hubo, deben saltar los fusibles correspondientes, lo que implica responsabilidades políticas y jurídicas. Si no lo hubo, estamos frente a un problema todavía más grave, que requiere asignar responsabilidades políticas y jurídicas de forma todavía más severa.

La elección que viene en Chile

26 nov. 2017

Estado que asesina

Los demás pueden tener armas, pero eso no da la excusa: el Estado no debe matar, nunca.

pd: tampoco tiene sentido ahora desentenderse de la muerte ocasionada, diciendo "que actúe la justicia." La justicia debió actuar antes, pero en su lugar actuó Prefectura.



REPUDIO A LOS HECHOS DE VIOLENCIA CONTRA LA COMUNIDAD MAPUCE LOF LAFKEN WINKUL MAPU EN LAGO MASCARDI, RÍO NEGRO

                                                                                        Bariloche, 25 de Noviembre de 2017
La Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho indígena (AADI) se dirige a los tres Poderes del Estado –y dentro de éstos a las instancias específicas relacionadas con los hechos de violencia acaecidos en la comunidad Lafken Winkul Mapu, a fin de manifestar una profunda preocupación, expresar un enérgico repudio y denunciar los hechos de violencia que son de público conocimiento, iniciados con el desalojo por fuerzas de seguridad –con orden del juez federal Villanueva- de la comunidad Mapuce Lof Lafken Winkul Mapu, en la madrugada del jueves 23 de noviembre del corriente año, en la zona del lago Mascardi, en la provincia de Río Negro, y que hasta el momento se ha cobrado al menos la vida de un integrante de la comunidad y dejó numerosos heridos. Este desalojo intempestivo y violento se suma a los numerosos desalojos que sufren recurrentemente los pueblos indígenas en Argentina, y las víctimas que genera la violencia desatada por el Estado se van incrementando, generando un estado de situación cada vez más grave y complejo que vulnera todos los derechos humanos fundamentales vigentes. 
Como Asociación que promueve los derechos indígenas y que acompaña a las comunidades indígenas en su lucha para que éstos efectivamente se cumplan y que el Estado los garantice -una obligación estatal, traducida en numerosa legislación internacional y nacional- condenamos la cada vez más frecuente utilización de la violencia estatal para lidiar con los conflictos que se presentan. 
La demora estatal en dar una solución a dichos conflictos territoriales en todo el país obliga a las comunidades a optar por estrategias de recuperación que profundizan las tensiones entre Estado y pueblos indígenas, generando escenarios en donde la persecución, criminalización y hostigamiento de las comunidades por parte de las fuerzas de seguridad del Estado nacional y Estados provinciales se ha convertido en su respuesta privilegiada. Los así llamados “choques violentos” que van dejando heridos y muertos indígenas y no indígenas que se solidarizan con esa lucha –como fue el caso de Santiago Maldonado- pretenden profundizar el estereotipo del indígena violento y terrorista que ataca a fuerzas de seguridad que sólo se defienden, cuando la disparidad de recursos es evidentemente desigual y cuando la violencia estatal nunca puede ser justificada precisamente por su concentración notable de poder.     
Exigimos a las autoridades estatales que detengan la violencia instalada en la zona, demandamos la apertura de espacios de diálogo a fin de encontrar en conjunto las mejores vías de superación de los conflictos (que no impliquen criminalización y persecución), a la vez que reclamamos el respecto por los derechos indígenas y el cumplimiento de las obligaciones estatales asumidas frente a los pueblos indígenas y por ende frente al pueblo mapuce. 

Adhieren:
Asociación Pensamiento Penal - APP
CEPPAS – GAJAT
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen
INECIP
Maestría en Derechos Humanos – Universidad Nacional de Salta
Movimiento de Profesionales para los Pueblos - MPP

23 nov. 2017

ULTIMA SESION DEL SEMINARIO: UBA, 19HS, SALON DE AUDIENCIAS

DISCUTIREMOS A CLAUS OFFE, DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y CONSULTAS POPULARES (BREXIT/COLOMBIA). CERRAMOS CON BRINDIS FINAL! TODXS INVITADXS

22 nov. 2017

Francisco Eguiguren. Houston, tenemos un problema


https://www.pagina12.com.ar/76970-las-resoluciones-se-cumplen-gusten-o-no

Las declaraciones del presidente de la CIDH me generan un problema, en particular cuando dice:

"las autoridades judiciales tienen que entender que para el derecho interno, hay una etapa en que las cosas terminan y que el derecho internacional y los órganos internacionales conocen las decisiones que ya ha adoptado, o no adoptó, el aparato judicial. Y eso no es ser cuarta instancia. Son instancias internacionales diferentes que miran el cumplimiento del debido proceso de los derechos fundamentales y por lo tanto, sean cautelares o informes de fondo, las sentencias son obligatorias. Y los Estados que son parte del sistema han aceptado esas reglas. Una resolución se cumple, me guste o no me guste. El único que puede interpretarlas es el órgano que las dicta

Es un gran problema (político, moral, pero) jurídico, ante todo, pensar en tales términos ("El único que puede interpretar las sentencias es el órgano que las dicta”). Eso no es así, no era así, y a futuro no debe ser así. La interpretación de las normas a las que todos estamos comprometidos, nos corresponde a todos -incluyendo las normas que surgen de los órganos de la justicia. Y las instituciones deben participar en dicha tarea con conciencia de los alcances y límites de su legitimidad democrática (que sin dudas varía, por caso, en el contexto de dictaduras, democracias fuertes, o democracias socavadas como las actuales). En particular, así, las instituciones internacionales, que padecen de un histórico y fuerte déficit en la materia, que les permite y exige actuar, sobre todo frente a los resquebrajamientos democráticos, pero NUNCA asumiéndose por encima o por fuera del diálogo cruzado -un diálogo que, insisto, debe ser protagonizado por aquellos que se encuentran más directamente afectados por las políticas en cuestión.

Atria sobre la elección en Chile, y el crecimiento de la izquierda

16 nov. 2017

LINK PARA LA ANTEULTIMA SESION DEL SEMINARIO


https://www.youtube.com/watch?v=CB3WmT2M3SQ&feature=youtu.be

FUE A LAS 18, EN DI TELLA, TEXTO DE VICTOR TADROS SOBRE CASTIGO, POBREZA Y RESPONSABILIDAD. 

14 nov. 2017

El terror: La ley venezolana contra el odio y la protesta social

Impresionante y surrealista

(pdf, acá)

Con esta ley se reivindica el derecho del pueblo al disfrute de la paz como un valor irrenunciable para la efectiva coexistencia.

LEY CONSTITUCIONAL CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA

Capítulo I

Disposiciones Generales

Objeto

Artículo 1. La presente Ley Constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación.

Valores y principios

Artículo 2. La actuación del Estado y la sociedad dirigida a promover y garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios:

1. Preeminencia de los derechos humanos.
2. Vida.
3. Paz.
4. Amor.
5. Democracia.
6. Convivencia.
7. Libertad.
8. Igualdad y no discriminación.
9. Fraternidad.
10. Justicia.
11. Igualdad y  equidad de género.
12. Hermandad.
13. Diversidad.
14. Reconocimiento.
15. Respeto.
16. Tolerancia.
17. Solidaridad.
18. Pluralidad.
19. Corresponsabilidad.

Derecho a la Paz

Artículo 3. El pueblo venezolano tiene el derecho irrenunciable a la Paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública. Se declara a la República Bolivariana de Venezuela como un territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas, expresiones y manifestaciones.Se consideran contrarios al derecho humano a la paz cualquier forma de violencia política, odio, discriminaciones e intolerancias.

Corresponsabilidad en la promoción y defensa de la paz

Artículo 4. El Estado, las familias y la sociedad, tienen el deber y derecho de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos.

Los órganos, entes del Poder Público, las Misiones, los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones políticas, culturales, deportivas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes y la sociedad en general, deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de paz, tolerancia, respeto, pluralismo y diversidad. Las obligaciones previstas en este artículo son aplicables a las empresas públicas y privadas, así como las unidades socioproductivas comunales.

En el ejercicio de la responsabilidad de crianza, las madres, padres, representantes y responsables deben brindarles a los niños, niñas y adolescentes formación dirigida a promover una cultura de paz, el respeto a la diversidad y la vigencia de los derechos humanos.

Participación protagónica por la paz

Artículo 5. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar de forma directa y protagónica en la construcción de la paz y la convivencia solidaria, entre otras, en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en esta materia.Las organizaciones y movimientos sociales, especialmente del Poder Popular, tienen la responsabilidad de promover en sus comunidades y espacios territoriales una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. Así mismo, deben contribuir a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias.

Principios de interpretación
Artículo 6. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de la presente Ley Constitucional, se adoptará aquella alternativa que brinde mayor protección a los derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica.

Capítulo II

Promoción y Educación para una Cultura y Valores para la Paz y la Tolerancia

Política pública para la convivencia pacífica

Artículo 7. El Estado tiene la obligación indeclinable de desarrollar políticas públicas para la promoción y garantía de la convivencia pacífica, las cuales se fundamentarán en los valores y principios establecidos en la presente Ley Constitucional y en los siguientes ejes interdependientes:

1. Procesos familiares, educativos, culturales, recreacionales, deportivos, comunales, comunicacionales, institucionales, laborales y sociales, con énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

2. Procesos de prevención y control de las formas de violencia, odio, intolerancias y otras conductas relacionadas. Estas políticas públicas deben formularse y ejecutarse con fundamento a la corresponsabilidad y participación protagónica del Pueblo en la promoción y defensa de la paz, especialmente en las localidades y comunas.

Medidas específicas de prevención

Artículo 8. Son medidas específicas de prevención contra el odio, desprecio, hostigamiento, la discriminación, xenofobia y violencia moral o física entre las personas, las siguientes:

1. La formación y capacitación educativa.

2. La difusión de valores y mensajes de concientización a través de los medios masivos de comunicación.

3. El desarrollo de acciones y programas de asistencia jurídica y social.

4. La atención psicoterapéutica y de otros cuidados a la salud.5. Las demás que determine la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica.

Formación para la paz y la convivencia pacífica en el Sistema de Educación

Artículo 9. El Sistema de Educación debe garantizar que los centros e instituciones educativos sean espacios de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. A tal efecto, los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación básica y de educación universitaria deben adoptar todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para:

1. Incluir dentro de los programas educativos un eje transversal de formación dirigido a la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos.

2. Orientar las normas de convivencia y disciplina a promover y garantizar el reconocimiento de la paz, diversidad, la tolerancia, igualdad y el respeto recíproco, así como a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancias.

3. Desarrollar medios alternativos de resolución de conflictos en todos los centros e instituciones educativas para la prevención y solución de disputas entre quienes integren las comunidades educativas

.4. Crear y acompañar Brigadas Estudiantiles de Paz y Convivencia, con el objeto de contribuir con el impulso de las acciones previstas en este artículo, con la participación activa de las y los docentes.

Efemérides
Artículo 10. Se declara el veintiuno de septiembre de cada año como Día Nacional de la Paz. Así mismo, se declara el mes de mayo de cada año como Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia.

Durante estas fechas los órganos y entes del Poder Público deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, culturales, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad.

Prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra

Artículo 11. Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Así mismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición.Los partidos políticos y organizaciones políticas contemplarán dentro de sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la presente Ley Constitucional. En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción.Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo.

Capítulo III

Responsabilidad de los Medios de Comunicación para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia Promoción de mensajes para paz y la convivencia

Artículo 12. Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad.

A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular.

El Fondo de Responsabilidad Social y el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine deberán otorgar prioridad al financiamiento de la producción de contenidos dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad.

Prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio
Artículo 13. Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia.

El Estado garantizará de forma prioritaria el cumplimiento de esta disposición en los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como en los medios electrónicos.

Responsabilidad en las Redes Sociales

Artículo 14. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga.

Capítulo IV

Comisión para la Convivencia Pacífica

Artículo 15. Se crea la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo.

Mandato

Artículo 16. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica circunscribirá su ejercicio a la política interinstitucional y a los lineamientos para la gestión social dirigidos al fortalecimiento y garantía eficaz del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública y a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia, así como de las conductas asociadas directa o indirectamente a éstas.

Atribuciones

Artículo 17. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica tiene las siguientes atribuciones:

1. Diseñar la política pública dirigida al fortalecimiento y garantía del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública, así como a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia y demás conductas asociadas directa o indirectamente a éstas.

2. Convocar y coordinar con los diversos órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica.

3. Formular propuestas de normas, medidas, directrices y recomendaciones para ser presentadas ante las autoridades públicas a los fines de su consideración.

4. Dictar medidas de aplicación inmediata por parte de todos los órganos y entes del Poder Público.

5. Realizar los estudios, diagnósticos y evaluaciones necesarias para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica.

6. Realizar consultas públicas sobre las materias de competencia de la Comisión.

7. Diseñar, organizar y gestionar la participación de todos los sectores sociales en el cumplimiento de sus objetivos.

8. Organizar eventos, seminarios, foros, encuentros, nacionales e internacionales, destinados a conocer, difundir e incrementar la comprensión y compromiso con el desarrollo de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica.

9. Promover medidas, acciones y políticas encaminadas a difundir la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y la diversidad en los procesos educativos, culturales, sociales, deportivos, artísticos, culturales, comunales, recreativos y comunicacionales.

10. Diseñar las medidas, políticas y normas que orienten las políticas de prevención y control dirigidas especialmente a la reducción y erradicación de la violencia, intolerancia y otras formas de odio, incluyendo la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de las propuestas de modificaciones a normativas, políticas y medidas que deban dictarse o implementarse.

11. Presentar informes periódicos a la Asamblea Nacional Constituyente sobre el cumplimiento de su mandato, bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad.

12. Dictar su Reglamento Interno.

13. Las demás que le otorgue la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes.

Integrantes

Artículo 18. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica estará compuesta por quince (15) integrantes designados y designadas por la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con los siguientes criterios:

1. Tres integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente.

2. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Educación.

3. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Educación Universitaria.4. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz.

5. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información.

6. La Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia.

7. La o el Fiscal General de la República.

8. La Defensora o Defensor del Pueblo.

9. La Defensora Pública o Defensor Público General.

10. Una Rectora o Rector del Consejo Nacional Electoral.

11. Tres voceras o voceros de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia.

Deber de colaboración y cumplimiento

Artículo 19. Todos los órganos y entes del Poder Público, personas jurídicas de naturaleza privada y la sociedad tienen el deber, responsabilidad y compromiso de colaborar activamente y cumplir con el propósito de asegurar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo, así como prevenir y procurar la erradicación de toda forma de violencia política, odio e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, evitar la impunidad, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación.

Capítulo V

De las Responsabilidades, Delitos y Sanciones

Delito de promoción o incitación al odio

Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados.

Agravante por motivos de odio e intolerancia
Artículo 21. Será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente.

Sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra

Artículo 22. El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.

En el caso de las redes sociales y medios electrónicos si la difusión de los mensajes a que hace referencia este artículo, no es retirada dentro de las seis horas siguientes a su publicación, la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias. Así mismo, dará lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar.

El prestador de servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y directo, solo será responsable de las infracciones previstas en la presente Ley o de su continuación, cuando la Administración demuestre en el procedimiento que aquél no actuó de forma diligente.

Negativa de cesión de espacios para la promoción de la paz

Artículo 23. El prestador de servicio de radio o televisión que incumpla la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia, serán sancionados con multa desde el tres por ciento (3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta multa será depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión.

Sanciones por abstención omisión u obstrucción

Artículo 24. Será sancionado o sancionada con prisión de ocho a diez años:

1. Todo funcionario o funcionaria policial o militar que en ejercicio de sus funciones, voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente Ley o para detener a la persona respectivamente responsable; salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física.

2. Todo personal de salud que en ejercicio de sus funciones, sea en instituciones públicas o privadas, voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física.

Imprescriptibilidad

Artículo 25. Los hechos establecidos en la presente Ley tienen carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos.

Disposiciones Transitorias

PRIMERA. Cualquier norma que colide con lo establecido en esta Ley Constitucional queda derogada.

SEGUNDA. Todos los medios de comunicación deben difundir en su totalidad esta Ley Constitucional. Asimismo, todos los medios impresos deben publicar íntegramente esta Ley Constitucional.

Disposición Final

ÚNICA. La presente Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dada y firmada en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días de noviembre de dos mil diecisiete. Años 207° de la Independencia, 158° de la Federación y 18° de la Revolución Bolivariana.

Cúmplase

10 nov. 2017

La construcción colectiva de una tragedia

Publicado hoy en LN
http://www.lanacion.com.ar/2080876-la-construccion-colectiva-de-una-tragedia

Querría hacer una reflexión en torno a un caso dramático, producido luego de que un Juez de Ejecución Penal de La Plata, de modo injustificado, concediera el beneficio de la libertad asistida a un recluso, quien terminó provocando la muerte de una menor, de 12 años. El asunto es tan doloroso que la mera pretensión de llevar a cabo una reflexión crítica al respecto ya genera sospechas, por lo cual, antes de desarrollar mi argumento, quisiera aventar posibles malentendidos.

Ante todo, es obvio que estamos, como tantas veces, frente a un crimen horrendo, que merece el máximo repudio colectivo. Del mismo modo, resulta claro que al asesino debe ser seriamente reprochado por lo que hizo; y que el juez que, con irresponsabilidad, concedió privilegios indebidos al reo, amerita también nuestra condena. Más todavía, corresponde decir –contra cierto sentido común de la época- que la miseria no libera a nadie de su responsabilidad criminal, ni la injusticia social convierte en justa atrocidad alguna. Finalmente, quisiera dejar a salvo de mis comentarios siguientes a las víctimas directas e indirectas de este tipo de crímenes, que requieren de todos nosotros compasión y solidaridad incondicionales.

Aclarado lo anterior, diría que en todo el ejercicio colectivo que ha rodeado a este crimen, puede advertirse una habitual mezcla de desdén, hipocresía y cinismo, que arroja dudas sobre la existencia de algún compromiso serio, frente a la violencia extendida. Sabemos bien que, convirtiendo a las cárceles en “escuelas del crimen,” sólo obtenemos como resultado un recrudecimiento de los problemas que luego denunciamos.  Sabemos bien que, arrojando más gente a la cárcel, no reducimos en absoluto la criminalidad, sino que la reproducimos. Sabemos bien que las respuestas extremistas que reclamamos, frente al crimen, no se correlacionan con menores índices de delincuencia, ni con delitos menos graves (más bien lo contrario).

Permítanme apoyar lo dicho con algunas cifras. La historia más cotidiana del crimen, hoy en la Argentina, tiene un desarrollo como el siguiente: se produce una falta grave, cometida por una persona que ha vivido una vida miserable (más del 70 por ciento de los varones detenidos provienen de entornos con antecedentes delictivos; casi el 80 por ciento no ha completado la secundaria; una buena porción de ellos no contaba con trabajo al momento de cometer el delito). Son excepcionales los casos en que el crimen es denunciado, y el criminal es encontrado, detenido y condenado por su crimen (de las causas penales que se inician, sólo un 5% llega a tener una sentencia). La persona que es detenida, en todo caso, puede quedar encerrada, tal vez por años, sin juicio previo (el 60 por ciento de los detenidos en la Argentina lo están sin condena previa). En la cárcel, separamos al presunto criminal de todos sus afectos, mientras la vinculamos con algunos de los peores delincuentes que hemos encontrado, y lo dejamos bajo control de personal poco entrenado y violento (casi el 70 por ciento de los reclusos admite haber cometido un delito con anterioridad; casi todos ellos denuncian vivir el encierro en condiciones de inseguridad extrema). Luego, dejamos a los presos hacinados, en cárceles cada vez más marcadas por la tortura y la muerte (los hechos de violencia grave dentro de las cárceles pasaron de 197 en 2009 a 606 en el 2016, con un pico registrado en el 2014, con 823 casos; entre 2008 y 2016, se elevó el número de muertes en detención, ascendiendo a un promedio de 43 muertes anuales). El resultado de todo este horror no es otro que el esperable. Aumentamos exponencialmente el número de personas presas (en los últimos años, la población carcelaria casi se duplicó, pasando de 91 personas detenidas cada 100 mil habitantes, en 1997, a 161 en 2014); uno de cada dos presos que sale en libertad reincide en el primer año; las tasas de criminalidad no bajan (la cantidad de robos creció un 10 % entre 2008 y 2015); y el crimen violento crece también (pasamos de 1 o 2 homicidios cada 100 mil habitantes, hace tres décadas, a 6.1 homicidios en la actualidad). Es decir, fallamos en todo, a pesar de la grandilocuencia, las sobreactuaciones y los gritos: tenemos más presos, más penas, mayores niveles de maltrato en prisión, mayores niveles de reincidencia, y como si fuera poco, más crímenes, más violentos.

No se trata, entonces, de autoflagelarse diciendo simplemente que lo hacemos todo mal: lo preocupante es que, sabiéndolo, sigamos haciendo lo mismo. Al periodismo le resulta comercialmente atractivo soltar el grito de alarma, entrevistar al dolor, llorar con la víctima, y pedir más penas. ¿Le interesó pensar por un instante que el camino por donde avanza, obstinadamente, hace más de 40 años, contribuye a reproducir y agravar los crímenes que denuncia? Por supuesto que no: su juego es otro. La política advierte también que el discurso sobre el crimen resulta altamente productivo. El kirchnerismo, en su década, desarrolló una retórica “tumbera”, mientras aprobaba las “reformas Blumberg,” aumentaba extraordinariamente los índices de encerrados, y permitía que crecieran los niveles de tortura sobre los condenados. El macrismo refuerza las malas cifras, pero con una retórica conservadora, como si el crimen se tratara de elecciones individuales, desligadas de las condiciones de grave injusticia social que el Estado genera y refuerza. La justicia, mientras tanto, ofrece su espectáculo dantesco. Los jueces “progresistas” socavan, en lugar de honrar, las “garantías” que proclaman, cuando irresponsablemente liberan a quien ha cometido un agravio, en lugar de tomarse en serio lo sucedido (también al criminal), ayudando a “reparar” el daño cometido, y a recuperar la dignidad de la víctima. Frente a ellos, otros jueces ejercen la demagogia alterna, que consiste en instrumentalizar, según las demandas del tiempo, tanto a víctimas como a victimarios: lo único que les interesa es preservar los propios privilegios. Una parte importante de la “ciudadanía indignada” también queda sujeta a reproches semejantes. Ella sabe que la mayoría de los presos (comunes y de los otros) pasan años de encierro sin haber sido jamás condenados, pero no dice nada; sabe que en las cárceles se vive en condiciones infrahumanas, pero no dice nada; sabe que en las cárceles se tortura y mata, pero no dice nada. En definitiva, son muchos los que deben asumir su responsabilidad en este proceso de construcción colectiva de la violencia social y el delito.

La buena noticia es que se conocen ya buenos sistemas de respuesta estatal frente al delito, que no se basan en la venganza pública (en los países bajos o en los escandinavos, esas respuestas funcionan bien por lo que implican, y no porque se trata de países ricos). Conocemos también prácticas “restaurativas”, como las que se desarrollan en Australia o Nueva Zelandia, con resultados altamente satisfactorios. Conocemos que –aun en nuestro propio país- comenzaron a implementarse experiencias piloto de tipo restaurativo, con buenos resultados. Es decir: no estamos condenados a repetir los errores de siempre, aunque a muchos de los actores involucrados les resulte altamente redituable reproducirlos.


8 nov. 2017

Seminario: Reconstruyendo el constitucionalismo latinoamericano

Mañana jueves, en la UBA, 6 de la tarde, texto mío, Salón Vélez Sársfield. Todxs invitadxs

7 nov. 2017

Dossier Ideas de Izquierda sobre la muerte de Santiago Maldonado

(gracias PV por la entrevista)

http://www.laizquierdadiario.com/ideasdeizquierda/la-muerte-de-santiago-un-crimen-de-estado/

***

ENTREVISTA A ROBERTO GARGARELLA

“LO DE MALDONADO REEDITA LA RUPTURA DEL CONSENSO DEL NUNCA MÁS”



IdZ: Aún sin saber el causal de la muerte de Santiago Maldonado (debido a los tiempos que exigen las pericias), sí tenemos certeza de que la misma ocurrió a partir de la represión de Gendarmería Nacional. ¿Qué responsabilidades se podrían asignar a esta por la muerte de Santiago Maldonado?

Esta pregunta me parece fundamental, y la respuesta que debemos darle es independiente de las novedades que se sucedan en los próximos días, lo que revele la autopsia o lo que den a conocer nuevas investigaciones periodísticas. La cuestión es que el gobierno ya carga sobre sus espaldas con una enorme responsabilidad frente a lo acontecido –frente a lo que ya sabemos que ha acontecido–. Es una responsabilidad que debe pagar, primero, jurídicamente, por haber llevado adelante un operativo ilegal destinado a sobreactuar su capacidad para imponer orden, disciplinando a comunidades indígenas (que sigue intentando estigmatizar), en defensa de una distribución de la propiedad cuestionada (entre otras razones, a partir de fundamentos con base en la Constitución). No leo lo hecho por el gobierno en clave conspirativa: creo que este gobierno tiene, entre sus objetivos de largo plazo, el de sentar las bases para el aprovechamiento económico de los recursos naturales de la región, amenazados en la época por los reclamos y derechos constitucionales propios de las comunidades locales. Se trata de un objetivo a favor del cual el kirchnerismo dio el primer y más grave –imperdonable– paso, al aprobar una ley antiterrorista destinada a dar un nuevo marco legal a acciones represivas del tipo que en Chile o en Ecuador se vienen desarrollando desde hace años, contra comunidades indígenas, en materia extractivista, a partir de la misma base legal.

El gobierno debe pagar sus faltas, además, políticamente. Ello así, por ejemplo, a través de la renuncia o el desplazamiento de algunos de los funcionarios involucrados –incluyendo a la Ministra de Seguridad, que se desempeñó pésimamente desde el primer instante de lo acontecido, buscando encubrir antes que descubrir los trágicos hechos y sus causas–. Así, por haber llevado adelante un procedimiento represivo ilegal, irregular y violento; por no haber contribuido desde un comienzo a la investigación y esclarecimiento del caso (todo lo contrario); por no haber sabido acompañar a la familia de Maldonado en su dolor; y por una cuestión de fondo también central: el gobierno viene demostrando su más seria incapacidad en materia de derechos humanos. Amparado en el –también imperdonable– uso político que hiciera de la misma materia el gobierno anterior, el elenco de gobierno auto-justifica su desdén, su incomodidad, su lejanía y la relativa hostilidad con que se mueve en el área. Esa falencia es particularmente grave en el contexto argentino, en el que –más allá de las divisiones irreparables que existen– el tema de los derechos humanos encuentra un respaldo social extraordinario (notablemente, en vinculación con todo lo que nos retrotraiga directamente a la dictadura, como torturas, desapariciones forzadas, beneficio a los militares, etc.), muy diferente del que puede encontrarse, por ejemplo, en otros países de la región.



IdZ: ¿Cómo ves el uso, en funcionarios como Noceti, de la figura del delito de flagrancia aplicado a situaciones de reclamos sociales?

Se trata de otro de los problemas centrales en todo este caso. La referida responsabilidad del gobierno tiene que ver con una acción que llevó a cabo con el objeto –entre otros, pero decisivo– de poner fin al uso de los protocolos existentes en materia de protesta –una tarea que se comenzó a esbozar en el marco de la Ciudad de Buenos Aires–. Por ello, la presencia de Noceti en el lugar no fue inocente: su objetivo era el de inaugurar un nuevo paradigma de acción para los casos de protesta social –un paradigma de acción basado en la idea de flagrancia, esto es, en la idea de que la fuerza coercitiva del Estado puede actuar sin necesidad de una previa orden judicial–. Según entiendo, la idea era poner en marcha este nuevo mecanismo, en un caso aparentemente más fácil, según dicen, para luego poder usar al mismo en otros casos políticamente más complicados, como podría serlo el de Vaca Muerta. Lo que digo también implica rechazar otra idea en boga, como la que algunos organismos quisieron impulsar en torno a la “desaparición forzada”. Creo que el gobierno –con una lógica que la Corte Suprema ha utilizado también– pensaba instalar frente a un supuesto “caso fácil” (unos pocos mapuches cortando una ruta no transitada) una modalidad represiva nueva, a aplicar luego en los “casos difíciles”. El gobierno no quería la “desaparición forzada” (no le interesa porque no le conviene), sino detener en flagrancia a algunos mapuches, para aleccionar a futuros revoltosos (quizás mapuches) en los “casos difíciles” por venir.



IdZ: Una periodista de un medio oficialista afirmó que la muerte de Maldonado era “una pena”, pero que habría sido evitable si no se hubiera cometido “el delito federal de cortar la ruta”… ¿Qué perspectivas ves respecto al derecho a la protesta luego del caso Maldonado? ¿Esto significa un cambio en la política de Estado? Y si es así, ¿cuáles serían ahora las atribuciones de las fuerzas represivas?

Es lo que decía sobre la respuesta anterior: el intento fue el inaugurar un nuevo paradigma represivo, pero el intento terminó con estas planificaciones oscuras –como suele ocurrir– demasiado mal. ¿Qué va a pasar en el futuro? No es claro, pero sugiero dos ideas. Por un lado, absolutamente todas las señales que ha dado el gobierno en materia de protesta en particular (y derechos humanos en general) son malas. Creo, por tanto, que va a reintentar por otros medios volver al camino procurado, esto es, (sobre)actuar su capacidad para imponer orden; desalentar y combatir la protesta social; recortar las posibilidades de la política en las calles; atemorizar a quienes protestan; etc. Ahora bien, otra vez, contra lo que muchos piensan, yo no creo que el gobierno sea un gobierno de tontos y obstinados, como terminó siéndolo el kirchnerismo. Quiero decir, no se trata de un gobierno que prefiere primero reprimir o desaparecer, como si estuviera en su ADN. La primera preferencia del gobierno, no es reprimir sino preservarse en el poder, y se muestra despierto y lúcido para hacerlo. Por lo tanto, supongo que el gobierno sabrá tomar nota del escándalo acontecido, retrocederá, y buscará por otro camino. Recuerden el caso de las “pistolas taser” en la Ciudad, que para mí es muy gráfico de lo que es macrismo. Se trató de una iniciativa horrenda, vinculada con el modo de pensar habitual e inercial del núcleo duro del gobierno. Sin embargo, y frente al escándalo suscitado, la iniciativa desapareció de las prioridades del gobierno de la Ciudad. Quiero decir: estamos frente a un gobierno que no tiene ningún compromiso serio con los derechos humanos, que está animado por iniciativas muchas veces horrendas, pero que no es tonto, y es capaz de retroceder. Bueno, a eso le llamamos política democrática: por miedo, porque no se lo permiten, porque teme perder la próxima elección, o mascullando bronca, a veces los gobiernos dejan de hacer cosas que están animados a hacer. Es la gran diferencia entre las democracias (cualquiera sea la definición que le demos al término) y las dictaduras, y el gobierno parece lúcido antes que tonto, a la hora de jugar ese juego.



IdZ: Los reclamos mapuche, al igual que los de la mayoría de los pueblos originarios, gravitan particularmente alrededor del problema de la tierra que se basa en una larga disputa territorial y un “conflicto de derechos”. Incluso, uno de los argumentos del gobierno nacional durante los días en que Maldonado estuvo desparecido, fue que la comunidad mapuche dificultaba la investigación “por no dejar ingresar al territorio” a las fuerzas del Estado. ¿Cuál es tu análisis de la relación entre los reclamos de los pueblos originarios, el problema del Estado-territorio y la judicialización de los mismos?

Me parece que muy habitualmente se piensa en la cuestión indígena a través de la idea de concesiones graciosas, o de favores estatales basados en la solidaridad o la pena, perdiendo de vista la cantidad y el peso de los compromisos jurídicos y constitucionales asumidos desde hace décadas por el Estado. Compromisos con las comunidades indígenas, que son extraordinariamente importantes. Empecemos por el art. 75 inc. 17 de la Constitución, que entre otras varias consideraciones sostiene que el Estado nacional se compromete a “reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. Se trata de un compromiso importantísimo, de rango constitucional, que hoy resulta por completo y de punta a punta violado, y que permite a los indígenas de nuestro país considerarse agraviados jurídicamente, del modo más grave, por todos los gobiernos nacionales, al menos desde el ‘94 para acá. Y a eso le tenemos que agregar otros compromisos jurídicos extraordinarios, como los derivados del Convenio 169 de la OIT, que tiene rasgo infraconstitucional y supralegal, y que no solo afirma que los indígenas tienen derecho a participar en la gestión de los recursos naturales que utilizan, sino que además establece un derecho de consulta obligatoria hacia esos pueblos originarios, en relación con las iniciativas que los afecten, que países como el nuestro vienen incumpliendo y burlando sistemáticamente (piénsese, por caso, en el proceso de redacción del Código Civil recién reformado).



IdZ: Más en general el caso Maldonado toca múltiples problemáticas a la vez: los derechos de los pueblos originarios; los intereses en pugna en torno a la tierra; el derecho a la protesta y la criminalización de la misma; la violencia institucional; el rol del gobierno, de la justicia y de los medios de comunicación; entre otros puntos. ¿Qué nos dice el caso Maldonado del momento que estamos viviendo? ¿Se rompe el “consenso sobre los derechos humanos” que parecía haberse instalado en los últimos años en gran parte de la sociedad?

Bueno, a mí me interesó marcar esa idea de la ruptura del “consenso del Nunca Más” en los últimos años. Y me interesa ratificar esa idea, pero para ello tenemos que clarificar también qué es el consenso del Nunca Más. Yo lo entiendo como el consenso en torno a la idea de que el Estado no puede matar, desaparecer, torturar o perseguir ilegalmente y a través de la fuerza a sus opositores. Me parece que ese consenso fue la base común sobre la que se apoyó la democracia del ‘83, pero que con el paso del tiempo se fue diluyendo, en parte por razones obvias (también generacionales): quienes no vivieron y padecieron la dictadura, no tienen el trauma que tenemos todos los que la (sobre)vivimos. Ahora bien, lo más preocupante es que ese consenso en parte resultó socavado por la partidización y el faccionalismo recientes, y el matar, desaparecer, torturar o perseguir se tornó condenable (no por sí e incondicionalmente, sino, por caso) conforme a quién era el que mataba y quién era el muerto. Si se mataba y perseguía a los Qom, entonces, parecía no ser tan grave (porque “algo habrán hecho” –i.e., no apoyar al partido que se supone debían apoyar–); como parecía legítimo matar a Nisman luego de muerto; o no investigar al Ministerio del Interior o encubrir al ministro Carlos Tomada luego de la muerte de Mariano Ferreyra; o acusar al trabajador maquinista por la tragedia de Once. En estos días volvimos a ver del modo más triste esa ruptura, en personas que lloraban por Maldonado mientras callaban a Julio López. En todo caso, no se trata de un problema reducido al binomio kirchnerismo antikirchnerismo. Se trata –creo yo– de una mala noticia más preocupante que la “grieta”: la mala noticia es que ya no están los anticuerpos que estuvieron –los del consenso del Nunca Más– que nos permitían pensar que nunca más la muerte, la desaparición, la tortura o la persecución de opositores volvería a tener apoyatura social –y mucho menos la apoyatura social de sectores progresistas, dispuestos a concebir y calcular la muerte conforme a su rendimiento político–.



Entrevistaron: Paula Varela y Julián Khé.