31 ene. 2017

Hispánicas I. Bilbiotecas públicas: otro mundo es posible

Me encuentro en una modesta biblioteca pública en Madrid, y me gana la misma emoción de siempre que visito bibliotecas públicas, en los pocos países del mundo que siguen cultivándolas e invirtiendo orgullosamente sus recursos en ello. La biblioteca es bonita y cómoda, no miserable. No se cae a pedazos ni pide disculpas como las que conozco en mi país. Como todas las buenas bibliotecas de barrio, ésta está llena de gente, porque la gente reconoce que es bien tratada en ella: en la biblioteca encuentran todos los periódicos del día, buenísimos films que pueden pedir prestados, los más variados cds de música, medios para aprender idiomas, y un surtido suficiente de libros. Hay pequeñas salas preparadas para que las habiten los más niños, y otras de lectura silenciosa, donde estudiantes de toda edad van a trabajar cómodos, con buena luz, con internet y sin que nadie les moleste. Como viera en otros casos, me encuentro aquí con pordioseros,que se acercan simplemente buscando algo de calor, y con inmigrantes, desocupados y gente humilde que se llegan para consultar internet o leer algún periódico con el que puedan sentir que pasan el tiempo útilmente o con dignidad.

Bibliotecas como ésta ofrecen una esperanza en medio de la tormenta infinita, y sugieren otro mundo posible. Constituyen una metáfora de lo que sería mi comunidad ideal, esto es, una comunidad de iguales, donde gente de toda condición comparte el mismo espacio e interactúa sin barreras; en donde el Estado fomenta los lugares de encuentro, y coloca sus recursos, privilegiadamente, para hacer más agradables y útiles los ámbitos compartidos: todos tienen ganas de ir allí, nadie tiene verguenza de circular en ellos, todos sienten -con razón- que allí se los trata como ciudadanos iguales, con todo respeto. Hay mundos posibles, más justos y buenos, escondidos, ocultos o resistiendo en secreto, debajo de la barbarie que nos ha tocado.

Interludio Gòmez Centuriòn

GC no deberñia estar en el gobierno por sus actos -golpista, carapintada- y no por sus pensamientos, que en este caso sòlo reafirman que es otro funcionario más desinteresado por la democracia, y hostil a lo que debería ser nuestro núcleo básico de acuerdos, en torno a los derechos humanos, que habita en el gobierno. La disidencia radical puede ser saludable (no en cualquier cargo), pero la práctica anti-democrática merece sacarlo del juego, salvo genuino arrepentimiento.
p.d.: Igual, una cosa es disentir fuerte sobre algún tema básico, ocasionalmente (lo que no está mal), y otra tener a alguien que rechaza los principios básicos sobre democracia y derechos humanos (el valor de la tolerancia, la certeza de que nunca se puede dañar o torturar a otros, etc.) que sí deben compartir todos los funcionarios. Me temo que es el caso pero, insisto, no necesito averiguarlo: me basta con los actos que cometió contra la democracia. Sus dichos sólo reafirman la sospecha de que sigue en ese lugar impermisible, vinculado con lo que fuera el golpismo.

29 ene. 2017

Sobre la inconstitucionalidad de la prohibición de ingreso a musulmanes


El "partido judicial" (como la denunciada "prensa enemiga") poniendo un primer freno al irracionalismo de Trump. Que sean muchos más, y que no se detengan!

Texto de Tomás Fernández Fiks. Gracias TFF!


El decreto presidencial firmado por Donald Trump prohíbe la entrada a los Estados Unidos de ciudadanos provenientes de siete países cuya población mayoritaria es musulmán. La medida es inconstitucional por los siguientes motivos.

En primer lugar, es restrictiva de derechos en base a la aplicación de una “categoría sospechosa” (suspect category), encontrando allí un obstáculo constitucional insuperable . El precedente más cercano es Korematsu v. United States. En este caso de 1944, la Corte Suprema confirmó la constitucionalidad del Decreto Presidencial 9066, que ordenó la detención de Japoneses-Americanos en campos de concentración independientemente de si fueran ciudadanos norteamericanos o no (el hecho que de que allí se tratara de una cuestión racial, y no religiosa, es irrelevante: ambos criterios constituyen “categorías sospechosas”). Escribiendo para la mayoría, Hugo Black sostuvo: “Aunque todas las restricciones legales que merman los derechos civiles de un grupo racial en particular son inmediatamente sospechosas y sujetas al más rígido escrutinio, no todas esas restricciones son inherentemente inconstitucionales (…) Una fuerte necesidad pública puede a veces justificar la existencia de tales restricciones; el antagonismo racial nunca puede”. 

Aunque Koramatsu nunca ha sido formalmente revocado, sí ha sido repudiado de forma unánime por la academia jurídica –incluidos actuales jueces de la Corte Suprema, como Stephen Breyer. Por ello, es dudoso que la Corte lo aplique. Pero aun si quisiera aplicarlo, el decreto de Trump no pasaría el escrutinio estricto fijado en aquel fallo. El decreto no provee ningún claro procedimiento ni enumera elementos a tener en cuenta a la hora de determinar la “fuerte necesidad pública que pueda justificar la existencia de tales restricciones”, sino que refiere, de manera general, a la religión de las personas señaladas como el único estándar relevante para negarles la entrada al país. Como escribió Noah Feldman en un reciente editorial para el New York Times, “La deferencia de la Suprema Corte al criterio del Ejecutivo en el ámbito local para superar la garantía de igualdad ante la ley de la 14ava Enmienda sería casi impensada en la actualidad. Bajo la doctrina actual, un tribunal debería aplicar a tal medida gubernamental el grado más alto de escrutinio. En la medida que Korematsu no involucró tal grado de escrutinio, se puede sostener que ha sido revocado sub rosa por los casos posteriores que establecieron dichas normas de escrutinio”.

En cuanto a la protección de la 14ava Enmienda, debe notarse además que incluso los no-ciudadanos están cubiertos por la cláusula de igualdad ante la ley y debido proceso, ya que ésta refiere a personas (persons), a diferencia de la cláusula de privilegios e inmunidades que utiliza la palabra ciudadanos (citizens). En la medida que el decreto firmado por Trump deja a las personas provenientes de determinados países en una suerte de limbo jurídico, detenidos administrativamente en un aeropuerto y sin posibilidad de ser escuchados por un juez ni asesorados por un abogado, es violatoria de su derecho al debido proceso.

27 ene. 2017

Nuestros pueblos indígenas

Publicado en P12, con Raúl G. Ferreyra


Uno de los principales problemas para coexistir en una república descansa en que las personas tienen diferentes conceptos sobre el orden del  diálogo. Las constituciones establecen un orden y un proceso para dialogar.

Antes de la Constitución en 1853, la “campaña del desierto” comenzó la aniquilación de  los indígenas. El orden de 1853 los despreció; se le atribuía al Congreso la competencia de “conservar” el trato pacífico con los indios” y “promover” su conversión al “catolicismo”; canceló cualquier posibilidad de su derecho a sus propias identidades.

A fines de la  década de 1870 y hasta bien entrada la década siguiente, se intentó completar la genocida tarea emprendida en la década de 1830: “conquista del desierto”.

La reforma constitucional en 1994 dispuso un nuevo orden en el artículo 75, inciso 17, ahora fundado, básicamente, en “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”; “garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural”; “reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos”. El lenguaje es plural, posee sesgo humanista y no altera la isonomía estipulada en el artículo 16 para todos los habitantes.  

Aunque la semántica de 1994 podría ser elogiable, la realidad arrasa  cualquier probabilidad de concreción. Los pueblos indígenas requieren de un  territorio. Desconocer su tierra significa desconocer su propia digna vida. No hay otro modo de pensar. Por eso, la “posesión y propiedad comunitarias”  de sus tierras posee un contenido esencial e indisponible, determinado por la materia necesaria para la vida en comunidad.

En el territorio de la República se llevan a cabo diferentes expoliaciones: monocultivo de soja; minería contaminante y negocios inmobiliarios de toda calaña. Siempre se resuelven en detrimento y pulverización de los derechos de los indígenas. Sucedió en Salta, ocurrió en Chaco y también en Formosa.

Hoy, la represión sangrienta se ha enfilado al pueblo Mapuche y en sus individualidades yacen las únicas víctimas inermes.

Pura fuerza a extramuros del Derecho. Sin embargo, otro mundo jurídico es posible. Apoyado en las letras de la Constitución, pero realizado por los poderes constituidos. Orden del diálogo!

Cuando la Corte Suprema de Sudáfrica bloquea, en Grootboom, lo que iba a convertirse en un nuevo episodio de desalojo masivo y violento, hasta tanto no fuera debidamente atendido el derecho constitucional a la vivienda del que estaban siendo privados, sobre todo los menores que habitaban en la comunidad; o cuando ella misma obliga, en Olivia Road, a que el poder político y los habitantes de la comunidad se involucren en “un proceso significativo de diálogo”, para discutir sobre cómo proceder frente a la falta radical de viviendas que estaba originando violentos enfrentamientos y toma de tierras en la población. Cuando la Corte Constitucional de Colombia exige que no se distorsione, minimice ni socave el deber de “consulta previa” a los pueblos indígenas, definido por el Convenio 169 de la OIT, frente a cualquier norma capaz de afectar significativamente los derechos de aquellos. Cuando, en nuestro propio país, la Corte Suprema en el caso Salas decidió, preventivamente, el cese de los desmontes con participación pública de los indígenas. Asimismo, algunas expresiones minoritarias de la justicia ordenan la formación de mesas de diálogo o la apertura de procesos de discusión con las partes, frente a casos gravísimos de toma de tierras, como el que se diera en el Parque Indoamericano, o ahora mismo, en el luctuoso evento que involucra a la comunidad mapuche. En todos estos ejemplos, se advierte que otro mundo jurídico es posible.

Casos como los citados representan –ante todo– tímidos pero significativos primeros pasos, que verifican que el Derecho puede caminar de otro modo, y en otra dirección. Ellos dejan a la vista, con todas sus limitaciones, que la respuesta jurídica y política violenta, represiva y carcelaria (que el derecho penal y nuestros penalistas acostumbran a propiciar) que en todos los casos mencionados estaba por desatarse, puede siempre evitarse, no importa la gravedad de la situación de que se trate. Finalmente, tales casos demuestran que la alternativa del diálogo político y judicial, a veces rechazada y otras ridiculizada (“una abstracción de países del primer mundo”), puede ser –debe ser– la primera alternativa en una comunidad que se quiera reconocer como decente, civilizada y democrática. Diálogo que debe incluir a todas las partes involucradas sin deserciones ni exclusiones.

25 ene. 2017

3 razones para 3 grandes películas/ Crimen sin castigo

En estos días vi 3 grandes películas (una al menos por estrenarse) que resaltaría por razones distintas

Por un lado la última de Asghar Farhadi (el director de la extraordinaria La Separación): The Salesman. El director vuelve a dar una clase sobre lo que los iraníes no son -o cómo la vida cotidiana en Irán tiene que ver con principios y valores capaces de desafiar todos los prejuicios con que uno puede querer asociar a los iraníes (fanatismo religioso, violencia, etc.). Aquí, con un conflicto extraordinario para quienes quieren (queremos) pensar en el crimen disociado de la venganza, la cárcel, la policía, el "ojo por ojo," y por el contrario quieren (queremos) asociarlo a diálogo, persuasión, hacer al otro responsable, al reconocimiento y arrepentimiento, etc. Un nuevo gran acierto del director, desde varios ángulos

Por otro, la última de Ken Loach. La película, que ganó en Cannes, se llama "Yo, Daniel Blake," y tiene mucho de la mezcla bajón social-algo de humor proletario que caracteriza a la pluma del guionista Paul Laverty. Todo bien con Laverty, pero -con una mano en el corazón- cómo extraño a Barry Hines, quien fuera guionista con Loach, por ejemplo, en la poética, impresionante Kes. Hines era un ejemplo de cómo se podía tocar la tecla social + humor proletario, sin caer en la depresión sino elevándose hasta la poesía.

Finalmente, la multi-recontra premiada La La Land. Contra mis prejuicios (Hollywood, musical, romance de chicos bonitos) y reconociendo debilidades obvias en la película (baches sobre el final, la insistencia en "chicos idealistas contra el mundo mercantilizado") debo decir que la segunda película del director de la muy discutible Whiplash me pareció fantástica: números musicales excelentes, como no veía desde All that jazz, e historia de amor hollywoodense llena de emoción, como no veía desde Cuando Harry conoció a Sally. 

Lo que la ideología no explica

Publicado hoy en Clarín

En los últimos tiempos, ha tomado fuerza una pregunta parecida a la siguiente: ¿puede verse a la híper-corrupción como un elemento inherente o necesario en los gobiernos “populistas” o “progresistas” que predominaron en la región en los últimos 10 años? Quisiera abordar esta cuestión desde varios ángulos.

En primer lugar, me adelantaría a responder a la misma con un “no” rotundo. De ningún modo una política distributiva más amplia “necesita” la práctica sistemática de híper-corrupción, como la que caracterizó a los gobiernos de los Kirchner en la Argentina, Lula en Brasil, o Chávez en Venezuela. No “necesitaron” la híper-corrupción la socialdemocracia alemana, ni el socialismo democrático escandinavo, ni el socialismo de Allende, ni el “progresismo uruguayo,” en tiempos históricos, momentos sociales y ámbitos geográficos muy diferentes (lo que ayuda a bloquear la respuesta “siempre lista” que niega todo diciendo: “es que se trataba de otro contexto”).

En segundo lugar, desafiaría a la pregunta inicial por considerar “progresista” (o, mucho peor, de “izquierda”) a gobiernos que no cambiaron radical ni fundamentalmente la estructura distributiva existente; no cuestionaron el derecho de propiedad; no modificaron significativamente el orden impositivo; terminaron con niveles de desigualdad más o menos iguales, sino mayores, que cuando comenzaron; no atacaron la renta financiera de modo decisivo; y, sobre todo, no democratizaron la política ni la economía, concentrando todavía más estructuras políticas y económicas ya muy concentradas.

En tercer lugar, diría que la pregunta en cuestión ha propiciado de modo habitual dos respuestas más bien contrarias, y que parecen ambas, en el mejor de los casos, fuertemente incompletas: la respuesta “ideológica” y la “moralista.” La primera está interesada en afirmar –y sobre todo en “salvar”- el componente “progresista” o “izquierdista” de los gobiernos anteriores; mientras que la segunda está preocupada por subrayar el carácter “inmoral” de sus líderes. En lo personal tengo posición tomada al respecto (lo he dicho ya, no creo que pueda hablarse de aquellos como gobiernos “progresistas,” y además –agregaría- reconozco un mundo de diferencias entre, por poner algún caso, la ética krausista/yrigoyenista de Raúl Alfonsín y el pragmatismo depredatorio de Néstor Kirchner). En todo caso, prefiero resistir ambas respuestas, por el modo en que acentúan el componente personalista o heroico de la política.

Frente a tales senderos de respuesta, preferiría explorar otro que nos refiere más directamente al aspecto estructural, antes que motivacional, de la política, y que sería la siguiente. A resultas del excepcional incremento en el precio de exportación de las commodities, los gobiernos latinoamericanos, luego del 2002, alcanzaron tasas de crecimiento económico extraordinarias -un promedio del 5.5 anual entre 2004 y 2007- que permitieron generar beneficios sociales (i.e., recuperación de los niveles de empleo seriamente afectados a resultas de los programas de ajuste económico de los años 90), sin poner en cuestión las formas de acumulación desiguales, informales y abusivas, tradicionales en la región. Se trató de una situación con ciertos “parecidos de familia” relevantes con la que caracterizó a los gobiernos “populistas” de los años 40, beneficiados también –al menos por una década- por cambios significativos en el escenario local e internacional -exportación de materias primas y sustitución de importaciones en los años de la Segunda Guerra Mundial.

Entre aquellos gobiernos y estos recientes hay otro elemento adicional, en común, que es aquel sobre el cual querría poner el foco: el de la discrecionalidad política (o la falta de controles populares o democráticos sobre la política y la economía). Queda entonces mejor definido, según entiendo, el cuadro desde el cual puede entenderse más apropiadamente el carácter “inherente” o no de la corrupción asociada con cierto modelo institucional, político y económico. Digámoslo así: en el marco de fuertes desigualdades económicas y un sistema político híper-discrecional o débilmente democrático, el crecimiento económico extraordinario suele generar una corrupción extraordinaria –hablemos de la Rusia de Putin, la Venezuela de Chávez, o la Argentina de Kirchner. Ni la ideología política ni la moral personal explican mucho, por sí solas, en tales casos.

22 ene. 2017

Guerra a los medios

Qué bueno. Al otro día que escribo el post diciendo que hay que dejarse de focalizar la vida en los medios, Apocalipsis le declara la "guerra a los medios" (a quién me recuerda?). Formas de entender el mundo
http://www.lanacion.com.ar/1978010-el-magnate-no-tardo-ni-un-dia-les-declaro-la-guerra-a-los-medios

21 ene. 2017

Post-Sarlo 2: "Hay que salir del análisis de los medios"


Algunos posts más abajo me referí a uno de los fragmentos seleccionados de la entrevista hecha por la interesante Revista Crisis a Sarlo (examiné el fragmento referido a la “corrupción inherente” al “proyecto progresista”). Ahora quiero referirme al segundo de los fragmentos que seleccionara, éste es, el relacionado con el bienvenido, necesario reclamo que hiciera Sarlo pidiendo “salir del análisis de los medios”. Gracias Sarlo! Salir del aburrido, repetido, simplote, de cuarta, análisis de los medios de una buena vez! Explico por qué retomo esta idea, y reflexiono un poco en su torno

I.

Frente a la tremenda complejidad que distingue a los vínculos entre la sociedad y los medios de comunicación (ver abajo), la “inteligencia kirchnerista” (doble sic) repitió hasta el hartazgo, y como si fuera cierta, una sola nota: “atrás están los medios hegemónicos,” “si tal dice tal cosa es porque es agente de/o sin darse cuenta funcional a los medios hegemónicos”, etc. Una tontería absoluta, sólo capaz de recoger una parte minúscula de la realidad, que aparece entrecruzada y contradicha por varias otras verdades/varios otros hechos. Uno se pregunta cómo es que tantos insistieron tanto tiempo con semejante bobada, y cómo tantos se enredaron con, y gastaron su tiempo en, “revelarnos” a nosotros los ciegos lo que “verdaderamente” querían los medios, y cómo era “realmente” la realidad que ellos no nos permitían entender.

II.

Entre las tantas complejidades que suelen caracterizar a las relaciones de los medios de comunicación con la sociedad, encontramos algunas como las siguientes (muchas, naturalmente, en tensión entre sí):

Primero y obvio, en países como la Argentina existe una diversidad de medios, en papel o electrónicos, con opiniones e intereses diferentes

Los medios están fundamentalmente interesados en incrementar sus ganancias y/o poder de influencia, y eso puede implicar tácticas muy diferentes en diversos momentos: acercarse al gobierno de turno, alejarse de él, alinearse con ciertas empresas, combatir a otras, hacer seguidismo de las opiniones mayoritarias, adoptar una línea “anti-popular,” etc.

Ciertos medios pueden bregar por ciertos resultados políticos y económicos que, otra vez, no son unilineales ni unidireccionales (no es que “necesariamente” quieren “dictadura” y “libre mercado”: típicamente requieren de regulaciones –a su favor- en ciertas áreas de la economía, la desregulación de otras, etc. Otra vez: grupos diversos pueden querer resultados diversos. Clarín, por ejemplo, durante años defendió políticas industrialistas y pro-mercado interno, mucho más “dirigistas” que las aceptadas por La Nación; mientras La Prensa defendió la libertad económica dentro de una sociedad desigual; Crónica asumió una postura pro-sindicatos, etc. Por supuesto, aquí también las cosas son más complejas, y han ido variando con el tiempo. Seguramente, la figura del “loco discrecional” –un dictador o Kirchner- no le gusta a ninguno, salvo que el “loco discrecional”, como pudo ocurrir, esté ocasionalmente a favor de uno. Por esto también, Clarín-Frigerio tuvo con la dictadura vínculos difíciles –el desarrollismo rechazaba de plano al Martinezdehozismo- como Clarín-Magnetto los tuvo con Kirchner), dentro de una relación general que incluyó intercambio de personal (i.e., Camillión) y negocios (Papel Prensa).

El rumbo económico de un país democrático se define a partir de una disputa en la que convergen vectores diversos. Es una tontería pensar que en esa disputa, los “medios hegemónicos” son normal o naturalmente los que priman. En la Argentina, los Roca, los Pescarmona, los Macri, los Pérez Companc, los Cirigliano, los López o Báez, por citar algunos, han sido más influyentes, a veces vinculados entre sí, a veces peleados, a veces sumados a algunos medios, a veces alineados contra ellos, etc. Por lo demás, a esa participación empresaria deben sumársele o contraponérsele los intereses de sindicatos, organizaciones de la sociedad civil, desempleados, pequeños industriales, etc., etc.

Es muy probable que algunos medios busquen conseguir sus objetivos (dinero, influencia) a través de ciertos instrumentos que difieren mucho de los objetivos e instrumentos de otros medios (así, es posible que a algunos medios les “convenga” ser opositores, a otros oficialistas, que otros se alineen con ciertos sectores empresariales –telefónicas, etc.)

Existe algo así como lo que (Cass Sunstein denomina) la “ley de polarización de grupos,” que refiere a cómo distintos grupos son inmunes a las ideas diversas: se alimentan de, y sólo buscan, aquellas ideas que refuercen lo que ya piensan (pero, ver abajo) (Sunstein estudió este fenómeno, como varios otros –las “cascadas de información,” etc., que permiten reconocer ciertas “patologías de la deliberación”). Esto ayuda a entender la “impermeabilidad” de amplios sectores de la sociedad al “discurso esclarecedor/revelador” del kirchnerismo, propalado durante años por una artillería de medios (y viceversa). 

Por razones como las antedichas, los medios pueden influir sobre la ciudadanía del mismo modo en que los cambios de humor en la ciudadanía pueden generar cambios en la línea editorial del medio. Como viéramos, bien puede ocurrir que no sea el medio el que “formatee” a la gente, sino que sea el medio que –en busca de maximizar su mercado- sea “formateado” por ella. Por supuesto, lo esperable es un resultado bastante mezclado, de retro-alimentación cruzada, entre medios-ciudadanos-otros medios-otros factores de poder.

Internamente, la mayoría de los medios tienen voces diferentes (como pueden tener intereses diferentes), por más que una predomine. Como los gobiernos.

En la Argentina y el mundo, hemos vimos rarificada cientos de veces la idea de que las elecciones pueden ganarse o perderse con los medios a favor o en contra (como escuchamos mil veces, es lo que decía Perón: “contra los medios gané, con los medios perdí”). 

Fenómenos como la “primavera árabe” muestran que con NINGUN medio propio, y TODOS en contra, pero gracias al boca a boca o las redes sociales, la gente puede salir a la calle, reunirse, coordinarse y aún voltear un gobierno 

Machacar demasiado con un cierto mensaje (“Kirchner es un demonio”, “Clarín miente”) puede generar el efecto contrario en el lector/oyente

Son muchos los que se nutren de medios diferentes

Es falso asumir que las personas no son capaces de “decodificar” lo que leen o escuchan y tamizarlo críticamente -ver los problemas de lo que se les dice o leen, “tomar” sólo ciertas cosas de lo que consumen y rechazar otras (en sentido similar, es arrogante asumir que los demás caen en tales dificultades, a diferencia de uno, que tiene “conciencia” política plena y libre, y reconoce perfectamente qué leer/escuchar y cómo hacerlo: los demás suelen ser tan aptos o ineptos como uno mismo a la hora de desentrañar y perseguir sus intereses y valores).

Dentro de sus límites y con sus dificultades (algunas ya referidas), la deliberación –que se da a través de palabras y de actos- existe y nos ayuda a cambiar de posiciones y a mejorar. “Avances” como los relacionados con la conciencia de género, la del respeto al otro, la conciencia ambiental o la alimentaria, son simples ilustraciones de los tantos campos en donde la humanidad cambió (y mejoró) en poco tiempo, a través del intercambio con los demás.

III.

Frente a la abrumadora híper-complejidad existente en el área (complejidad que uno apenas comenzó a describir en la sección anterior), el discurso que primó (y en parte todavía prima) en ciertos sectores de la Argentina fue el de la híper-simplificación (y es por eso que Sarlo, con razón, reclama que salgamos de una vez de allí). Una pregunta interesante, entonces, es la que se interroga por el por qué? Quiero decir: Cómo tantos, durante tanto tiempo, descartaron cualquier complejidad, para “engancharse” en cambio con la versión más simple y boba del “análisis de los medios” (y asumiendo su propia “conciencia esclarecida” ante el resto de los “confundidos mortales”)? Cómo pudo ser? No se bien la respuesta, frente a una pregunta que me interesa, pero aventuro algunas ideas sueltas:

En estos tiempos, cualquiera ejerció el periodismo, por razones completamente ajenas a su talento o la profesionalidad (i.e., por contactos, por servilismo, por el aspecto físico, etc.).

Hoy, la preparación de la mayoría de los periodistas que escuchamos es nula. Muchos sólo se han educado consumiendo lo que producen los propios medios (en los que trabajan o no)

Las Carreras de Comunicación, como las de Periodismo, atraviesan seguramente el punto más bajo de su historia (Florencia S., desde la decanatura de Periodismo en La Plata, premiando como campeones de la libre expresión a Chávez o a Correa, da una pequeña idea del nivel de bochorno y desvarío mental que prima en el área)

En los últimos años hubo mucho “periodismo comprado”: la maquinaria kirchnerista al respecto actuó como una aplanadora. El kirchnerismo, como pocos gobiernos en la historia, usó dinero público y servicios de inteligencia para “comprar” y “apretar” periodistas. El kirchnerismo, como pocos gobiernos en la historia, estuvo híper-pendiente de los medios. A muchos nos constan las llamadas directas de NK, Aníbal F. u otros, a formadores de opinión muy o poco influyentes, ante comentarios de cualquier tipo (críticos, matizados, etc.).

Como decía, el poder en los últimos años se obsesionó/encegueció con la idea de controlar a la esfera de la comunicación (los escépticos pueden hacer un análisis comparativo del dinero en blanco, y negro, invertido, por ejemplo, por el gobierno k en el área, en comparación con gobiernos anteriores y posteriores). Dado el dinero que circulaba en el área, el discurso público quedó demasiado centrado en la intervención de periodistas y comunicadores.

La crisis de representación que se radicalizara desde el 2001 (“que se vayan todos”) degradó el valor y peso del discurso de otros sectores, como la política profesional o el sindicalismo. El discurso militar había quedado ya “fuera de juego,” desde 1982; y el de la Iglesia estuvo también en crisis terminal, hasta volver a ganar fuerza con la elección del Papa argentino.

Los periodistas y comunicadores, incultos como lo son casi todos, por interés personal (“comprados,” por ejemplo), o “naturalmente” (por creer que el mundo “nacía y terminaba” con ellos), no quisieron/ no pudieron/ no fueron capaces de ver más allá de su propio mundo. Hablar del mundo pasó a equivaler entonces a hablar del periodismo/de otros colegas. Esa tarea, por lo demás, no sólo les convenía sino que los gratificaba y a la vez que les ratificaba en la idea de que “en torno a ellos” giraba el mundo, y “entre ellos”, los comunicadores/periodistas, se resolvían los problemas del mundo.

Lo anterior también viene a decir que el discurso conforme al cual “todo pasa por los medios” (i.e., si hay una crisis económica es porque la buscan los medios, si cae un ministro es porque lo buscaron los medios, si cambia el rumbo de las políticas es porque triunfaron los medios, etc.) es mucho menos el discurso público predominante en la sociedad, que el discurso de los medios sobre los medios (para los medios, el discurso de los medios sobre el mundo), en una sociedad cuya esfera pública, por las peores razones, quedó demasiado ocupada por voces provenientes de los medios de comunicación –voces grandemente amplificadas por la cantidad de dinero invertida sobre los medios.

20 ene. 2017

Nisman-Zavascki

El poder mafioso, cuando se siente investigado, enloquece. Es capaz de todo

Apocalypse Now

el fin? 

19 ene. 2017

Conflicto AGR-Clarín

Los abajo firmantes -miembros del campo cultural, intelectual, artístico, periodístico y académico- queremos expresar nuestra profunda preocupación por los 380 despidos y el cierre de la planta AGR-Clarín en Pompeya. La empresa aduce que la fábrica -la mayor planta gráfica del país- se encuentra en dificultades financieras que la hacen insostenible, sin embargo no presentó el pedido de un recurso preventivo de crisis -tal como establece la ley-. Asimismo, los trabajadores aseguran estar desbordados de trabajo y, según han difundido diferentes medios, el grupo Clarín en 2016 ha aumentado considerablemente la pauta oficial que recibe del Estado respecto de otros años. En realidad, de acuerdo a los trabajadores, se trata de un ataque a las condiciones laborales incluidas en el convenio colectivo de trabajo gráfico que conduciría a la precarización y flexibilización laboral.

En respuesta, los trabajadores tomaron las instalaciones de la planta. Nos solidarizamos con su lucha en defensa de los puestos de trabajo. Proponemos que el gobierno y el Estado intervengan a través del ministerio de Trabajo para que se retroceda en el cierre de la planta y, si efectivamente esto es producto de una crisis, proponemos que la empresa cumpla los pasos que dicta la ley en estos casos.

Al mismo tiempo, repudiamos el uso de la violencia a la hora de enfrentar conflictos sociales. Sucedió hace unos días en Chubut, donde hubo una serie de represiones inadmisibles, que causaron numerosos heridos, en el intento de desalojo de unos campos que reclama una comunidad mapuche (el Lof Cushamen); vuelve a repetirse ahora con la protesta en la planta gráfica AGR-Clarín.

 Declaramos que la represión y la violencia contra el reclamo laboral es el camino menos adecuado para encontrar una salida a este conflicto. Emprender una política de retroceso en los derechos laborales conquistados por los trabajadores, sería una medida a todas luces errónea, que acentuaría aún más la crisis económica y social que el país atraviesa, profundizando las desigualdades.

Primeras firmas: Roberto Gargarella, Daniel Link, Marcelo Figueras, Gabriela Cabezón Cámara, Antonio Santa Ana, Martin Kohan, Maristella Svampa, Diego Rojas, Beatriz Sarlo, Selva Almada, Gabriela Massuh, Adrian Gorelik, Enrique Viale, Carlos Altamirano, Lucrecia Martel, Julián López, Pablo Bergel, Juan Toklatian, Pablo Alabarces, Sergio Olguín, Olga Viglieca, Daniela Pasik, Ana Laura Pérez, Carola Martínez, Eduardo Blaustein, Gabriel Reches, Mempo Giardinelli, Natalia Porta López, María Inés Garibaldi, Ana Prieto, Sebastián Vargas, Pablo Vommaro, Horacio Tarcus, Gabriel Kessler, Diego Genoud, Emilio de Ipola, Marcelo Plana, Nicolas Tauber, Diana Dowek, Alfredo Saavedra, Natalia Gelós, Diana Kordon, Darío Lagos, Patricia Pintos…

16 ene. 2017

Post-Sarlo


En la entrevista que se le realizara desde la Revista Crisis a Beatriz Sarlo (ver posts más abajo), hay una pregunta potente pero mal direccionada, que Sarlo responde de modo bien orientado pero demasiado incompleto.

La pregunta se refiere a si la corrupción era “inherente” al modelo “progresista” (latinoamericano), que conocimos en los últimos años. Antes de decir algo al respecto, dejo asentado mi rechazo (fundado en otros textos) sobre la pretensión de llamar “progresista” o de “izquierda” a gobiernos que agravaron la concentración política y económica que debían cuestionar y revertir (ser de izquierda requiere más participación y decisión democráticas en política y economía, y no menos). Los que todavía se mantienen escépticos frente a este tipo de cuestionamientos harían bien en explicar las similitudes entre los resultados –buenos y malos, alentadores y angustiosos, de avanzada o retrógrados- producidos por gobiernos catalogados como “progresistas” (pongamos, la Argentina, Brasil y Venezuela) y otros habitualmente asociados con la derecha o la centro-derecha, en el mismo tiempo (pongamos, los de Perú, Colombia o en parte Chile).

Ahora bien, y para ir al tema que nos ocupa, referido al carácter “necesario” de la corrupción, me parece que ambas partes (entrevistadores y entrevistada) tienen aproximaciones finalmente débiles a la pregunta en cuestión: desde la Revista parecen interesados en “salvar” a gobiernos como el kirchnerista, a través de un enfoque sobre todo ideológico. Por eso les interesa preguntarse: no será que la corrupción era necesaria para “aceitar” o estabilizar las pretensiones de un gobierno de izquierda? Sarlo, en cambio, parece más interesada en “condenar” a gobiernos como el kirchnerista, y por eso empuja la lectura moralista, a pesar de la resistencia que pudo tener frente a dicha respuesta, en algún momento: Alfonsín no era como Kirchner, y por eso no necesitó alimentar (y alimentarse de) la corrupción desatada.

Entiendo que ni la lectura ideológica ni la moral sirven para mucho en estos casos, aunque ambos componentes formen parte de una respuesta más completa. Contra la primera lectura, habrá que recordar que ni la socialdemocracia alemana ni el socialismo escandinavo necesitaron de la híper-corrupción. Alguien dirá: “eso en Europa.” Pero ocurre que tampoco necesitó la corrupción el socialismo de Allende. Alguien dirá: “por eso duró tan poco” o la obviedad de “era otra época.” Pero es que no la necesitó tampoco el “progresismo uruguayo,” contemporáneo a los gobiernos de Kirchner, Lula o Chávez, y tanto o más estables que aquellos. Quiero decir: involucrarse en actos de mega-corrupción y máximo enriquecimiento personal no fue (ni es, ni puede ser) de ninguna manera una exigencia propia del desarrollar o estabilizar ciertas políticas, digamos así, “de avanzada.”

La respuesta basada en la moral personal padece de un problema obvio que también arrastra la respuesta ideológica anterior. Y es que -ambas- enfatizan la cuestión motivacional, más que estructural, de la vida pública. Ambas apuntan a que pensemos en las personas singulares, las más visibles, y no en la “estructura básica” de la sociedad, en sus bases institucionales, políticas y económicas.

Entiendo que la aproximación más completa al problema exige que pensemos, por un lado, en el marco de desigualdades económico-sociales dentro del cual han actuado, con el que han convivido aquellos gobiernos, y que también han desarrollado; y por el otro en la desigualdad política con la que ellos trabajaron y que también cultivaron, fortaleciendo la discrecionalidad –el Cesarismo- de la persona en el mando. Es dentro de ese esquema que la cuestión se torna más comprensible: en un marco institucional dentro del cual el pueblo no tiene la posibilidad efectiva de tomar decisiones en lo que más le importa, y ni siquiera la chance de controlar en algo a sus dirigentes (porque ellos se lo tornan imposible); dentro de un sistema definido por las desigualdades económicas y sociales, pero también políticas, en el que reina la discrecionalidad de los “pocos” en control del poder político y económico (pocas veces tan “pocos” como entonces), la corrupción encuentra condiciones óptimas para crecer. En ese tipo de contextos, la ecuación parece ser: ganancias extraordinarias-corrupción extraordinaria.

Para decirlo de modo aún más claro. Si hubo mega-corrupción, es porque en sistemas de discrecionalidad absoluta y poder concentrado, existe la posibilidad de rapiñar sin techo y sin controles las ganancias extraordinarias que eventualmente se generan. No es “la política de izquierdas” la que necesita de la híper-corrupción, sino los sistemas desiguales y discrecionales los que la tornan posible.

15 ene. 2017

Fernando Henrique

Me encuentro con dos ladrillos de alrededor de mil hojas cada uno, que son los "diarios" escritos por Fernando Henrique Cardoso de sus años como presidente. El material, que asombra y abruma, es el resultado de las grabaciones que él hiciera, semana a semana, durante ese tiempo, resumiendo y reflexionando sobre sus tiempos en el poder. Documentos increíbles, que dignifican a una figura que de otros modos me genera rechazo.

Represión a mapuches...o diálogo judicial. Otro mundo penal es posible (con pd)

Luego de la enloquecida represión a la comunidad mapuche en Chubut, ordenada por un juez federal (GO), el presidente del Supremo Tribunal de Chubut, Alejandro Panizzi, inducido por algunos buenos colegas también, dio muestra que hay otra forma de hacer justicia (penal), que tiene como primera herramienta el diálogo. Más allá de cómo se desarrolle éste (la experiencia puede desarrollarse bien o mal, entre otras cosas por la capacidad y disposición de los actores), la iniciativa resulta ya excepcional, y una nueva demostración de lo que venimos predicando (por ejemplo en Castigar al Prójimo), contra la ceguera de tantos colegas penalistas, que sólo entienden el mundo jurídico como dividido entre "penar o no penar", y en todo caso "qué cantidad de pena." Otro mundo penal es posible

https://www.pagina12.com.ar/14157-un-gesto-de-acercamiento-de-la-justicia-con-los-mapuches

"Pasadas las tres de la tarde, Panizzi se presentó ante la comunidad Pu Lof en nombre del tribunal que preside y afirmó que quería dar un mensaje hacia la justicia provincial, hacia los mapuches y hacia las víctimas de la violencia estatal. El magistrado explicó que la función de los órganos judiciales no es sólo investigar crímenes y garantizar derechos sino también gestionar situaciones y que la primera herramienta que tiene la justicia penal es el diálogo."

PD: Por este pequeño, importante primer paso, felicitaciones al presidente del Tribunal, al amigo E.Hualpa, a Silvi Ramírez, a algunos colegas del CELS 

13 ene. 2017

Sarlo y "la mala fe de los que fueron kirchneristas"/ "Es fundamental salir del análisis de los medios"

Muy lindo reportaje a Beatrice en la siempre recomendada Crisis
http://www.revistacrisis.com.ar/notas/ideologia-y-corrupcion

2 extractos nada más


“Vuelvo a un punto en el que no quiero conceder”, insiste Sarlo. “Hay una tradición en la izquierda que considera que todas las clases dominantes son corruptas, por la extracción de la plusvalía, por la apropiación de la tierra, o por lo que fuere. Y eso ha hecho que la izquierda no pueda tener un discurso racional y razonado sobre la corrupción. Ese es un déficit. Otra cosa es la mala conciencia y la mala fe de los que fueron kirchneristas, que no quieren hablar de esto porque no quieren llorar sobre la tumba de su hermano. Pero así como yo empiezo por decir ‘la izquierda no supo’, creo que ellos tienen que comenzar a decir ‘yo no supe’. ¿O es que sí sabían? ¿O leían la misma prensa pero decían ‘esto lo escribe Magnetto’?”.

Lo que el kirchnerismo dice es que por debajo del discurso de la corrupción hay una confrontación política que queda solapada.

—Conozco ese debate desde la época de la Unión Soviética, y la Unión Soviética fue algo bastante más grande que esta banda. ¡Lo que tardaron algunos partidos occidentales, menos el italiano, en criticar a la Unión Soviética! Hay que empezar con aquello de lo que uno fue responsable. Porque la política tiene una ética. Empecé por la deuda que tiene la izquierda porque siempre me pongo en la parrilla. Entonces, el kirchnerismo tiene que hacer esa revisión o sino tiene que salir de la política. Estoy hablando de todos los que apoyaron al kirchnerismo de buena fe, la juventud, los intelectuales. Del mismo modo que los marxistas impugnamos a Stalin y los que fuimos maoístas, con el corazón roto, reconocimos lo que hizo Mao, y nos hicimos cargo de nuestro apoyo a López Rega y a Isabel. La autocrítica no le cabe solo a los otros salvo que uno esté habitado por la mala conciencia, es decir que piense dos cosas al mismo tiempo.


....
 Como todavía pienso que es la política la que tiene la capacidad de acción, no veo otra solución posible. Para eso es fundamental salir del análisis de los medios. Salir de los bolsos, de Vicky Xipolitakis. Imágenes que funcionan como coartadas para no decir lo que hay que decir. 

10 ene. 2017

Brasil, las prisiones, el país

https://www.nytimes.com/2017/01/08/world/americas/brazil-prison-riots-michel-temer.html?_r=0

http://www.telesurtv.net/english/news/Incarceration-Crisis-1-Killed-Every-Day-in-Brazils-Prisons-20170105-0011.html

El modo en que tratamos a los privados de libertad -en la invisibilidad, autojustificados en la dureza, con motivaciones electoralistas y oportunistas, colgados del discurso vendible de la crueldad justificada, a partir de los pocos controles que preservamos en el área, de espaldas a todos, en el dulce nombre de las víctimas, en los modos en que es capaz de actuar el Estado cuando tiene un arma en la mano, en las formas en que el poder coercitivo trata a quienes no pueden defenderse- dice mucho de nosotros, de nuestras autoridades, de nuestra forma de organización política. La situación carcelaria en Brasil debe ser la peor de su historia (un muerto por día), y sin duda habla a los gritos de la vergonzosa vida (muerte) bajo el gobierno de Temer, quien haría bien en abandonar el poder por las suyas, junto con quienes lo rodean. Eso, antes de que lo retiren a golpes de puntapié.


Justicia social en el PAMI?

http://www.lanacion.com.ar/1974079-regazzoni-defendio-el-recorte-de-subsidios-en-el-pami-esto-es-justicia-social

De las muchas tensiones que genera el reservar el PAMI para los más pobres, una es la de ayudar a acentuar la fragmentación social propia de estos últimos años, poniéndole fin a uno de los remanentes con pretensiones de universalidad de nuestro sistema social. Cuando los ricos vean que ya no obtienen nada del sistema, van a desfinanciarlo, y a preguntarnos por qué ellos deben contribuir con un esquema que sólo usan los otros. El resultado es previsible: un sistema de prestación social cada vez más empobrecido e inatractivo, y los ricos enteramente por fuera del sistema, viviendo "por las suyas"¨, pero con lo nuestro: una sociedad cada vez más quebrada e insolidaria.

Bailando en la ESMA

La banalización de la ESMA que empezó años atrás con la cámpora, sigue hoy con demasiado personal imberbe. No son problemas que se reparan echando a una funcionaria o dos, ése es el tema
http://www.lanacion.com.ar/1974499-separan-a-una-funcionaria-de-la-secretaria-de-derechos-humanos-por-comportamiento-impropio-en-la-ex-esma

6 ene. 2017

7 chilenas


En este blog nos ocupamos del cine chileno en varias oportunidades. Hablamos del gran Patricio Guzmán y Allende, de Miguel Littin y El Chacal de Nahueltoro, de Raúl Ruiz y sus exiliados. También hablamos del aspirante Matías Bize y del buen Pablo Larraín.  

Como en estos días vi una serie de películas de por allá, que aún no había visto aunque no son todas actuales, me vuelvo a detener en el ascendiente cine chileno y en algunos nombres del vecindario. Andrés Wood es un buen conocido de la casa. Autor de la gran Machuca y la muy buena Violeta, vi en estos días Historias de fútbol, bastante más floja que las anteriores, y La buena vida, un film ligero pero en donde -como en Historias- el director vuelve a mostrar su gusto por las historias pequeñas, de gente común, y su capacidad para adentrarse en ellas. La búsqueda está bien.

Gloria, de Sebastián Lelio, es la mejor de las que vi en esta tirada. Una película excelente, que pone el foco en un personaje que pocos miran: una mujer en los 60, todavía peleando por vivir bien, en su independencia y con/contra su soledad. La película está brillantemente protagonizada por Paulina García, multipremiada por esta labor.

En Turistas, Alicia Scherson vuelve a mostrar que tiene un enorme talento. En la película se sigue la trayectoria de Carla, a quien su marido "abandona" luego de una pelea, en camino a sus vacaciones, y a quien ella decide dejar de buen ánimo, animándose a vacacionar y a explorar por las suyas. Muy buena.

Scherson también es una de las manos que aparece detrás del guión de la más ambiciosa El bosque de Karadima, sobre un caso real de abusos sexuales sobre menores, cometidos dentro del ámbito de la Iglesia, La película fue dirigida por Matías Lira, fue estupendamente protagonizada por Luis Gnecco, y se basa en un estremecedor caso real, de un poderoso e influyente sacerdote que cometiera gravísimos abusos sexuales entre 1980 y 2000. La película no difiere grandemente de las varias rodadas ya sobre temas similares, pero tampoco desentona de los buenos trabajos en el área.

Las cosas como son, de Fernando Lavanderos, gira -como Turistas- en torno a los vínculos entre un/a local y un/a noruego/a (curiosa similitud). A pesar de cierta sequedad y tosquedad, la película tiene su veta (auto)crítica sobre la sociedad chilena, que la dignifica.

De jueves a domingo, de Dominga Sotomayor, gira en torno a una familia que va resquebrajándose, y a la que se mira desde el punto de vista de una niña "en su asiento de atrás." La película tuvo una buena trayectoria en el exterior, aunque en lo personal le dediqué menos atención que a las anteriores. Le daremos una segunda oportunidad.

Nancy Fraser: Ni neoliberalismo progresista, ni populismo reaccionario

5 ene. 2017

Bajar la edad de imputabilidad?

Con Leo F., hace 7 años escribíamos esto en La Nación, hoy nosotros seguimos diciendo lo mismo, pero el poder también
http://www.lanacion.com.ar/1313897-la-edad-de-imputabilidad-penal

LA doctrina penal se encuentra dividida en muchos de los temas que aborda, pero casi todos los autores coinciden, al menos, en torno a algunos principios básicos. Todos aceptan que el derecho penal debe interferir lo menos posible en la autonomía personal y la vida social, y aceptan que debe actuar sólo en ausencia de otras soluciones menos lesivas. Se trata de ver al derecho penal como última ratio , es decir, como recurso que aparece recién cuando todos los demás instrumentos con que cuenta el Estado han fallado. Dicho acuerdo generalizado no es difícil de explicar, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos que implica la respuesta penal: privación de la libertad, estigma social, separación de la familia y de los seres queridos, y severas condiciones de detención.
Recurrentemente, el Estado vuelve la atención sobre las infracciones cometidas por adolescentes y jóvenes. Reaparecen entonces los reclamos por dar al problema una respuesta penal, una respuesta que comienza con la baja en la edad de imputabilidad. Frente a ello, ante todo, corresponde preguntarnos si estos planteos son consecuentes con el carácter de última ratio del derecho penal. ¿Hemos intentado, efectivamente, ya toda la diversidad de otras respuestas, menos intrusivas, más integradoras, mejor vinculadas con la contención y el afecto hacia las personas menores de edad? ¿Hemos hecho lo posible por garantizar, en primer lugar (y tal como estamos constitucionalmente comprometidos a hacerlo), la escolaridad, la salud, la nutrición, el ambiente sano, o la vivienda de los adolescentes y jóvenes? ¿O invocamos la respuesta penal desesperadamente, sin mayor reflexión detrás, y como modo de salir del paso de una coyuntura difícil?
Hacer estas preguntas necesarias no implica "atarle las manos" al Estado, ni negar su facultad de reaccionar frente a los crímenes. Tampoco requiere asumir que los jóvenes que delinquen carecen de discernimiento, o desconocen las consecuencias de lo que hacen. Ellos son responsables en la medida de sus capacidades y posibilidades, al igual que cualquiera de nosotros. Debemos reclamar al Estado que actúe con energía y rapidez, pero no de cualquier manera, con tal de calmar las ansiedades sociales naturalmente desatadas frente a un delito serio.
La delincuencia juvenil nos remite al problema de los menores desatendidos. Nos refiere a los jóvenes que el Estado no ha sabido educar en el compromiso con los demás y con su comunidad, y cuyos actos violentos no se sabe contener más que por vía de la segregación institucional. En efecto, y a pesar de la difusa información oficial, un reporte de Unicef, la Universidad de Tres de Febrero y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia indica que en 2007 se alojaba, como mínimo, a 1799 muchachos y jóvenes en relación con causas penales. Un tercio de los establecimientos donde permanecían eran gestionados por instituciones no especializadas, como policías y servicios penitenciarios provinciales. El 85% de los lugares era de régimen cerrado y en todos ellos se comprobaron dificultades para el pleno acceso a derechos. Por ejemplo, el 21% de los alojados ni siquiera tenía DNI. La rotación de la población juvenil, además, sugiere que semejante vivencia es experimentada por un universo de jóvenes mucho mayor. Y por cierto, un porcentaje importante de la población penal adulta -alrededor de 60 mil- pasó por una institución de menores durante su niñez o juventud.
Estas cifras muestran que ya existe un importante número de jóvenes en conflicto con la ley penal que son regularmente captados y privados de su libertad por las instituciones del Estado en condiciones muy cuestionables. No son pocos, y bajar la edad de imputabilidad autoriza a anticipar que podrían ser incluso más, y más jóvenes. La realidad del sistema penal juvenil, sin embargo, exige repensar primero qué respuestas estamos ofreciendo, antes de concluir que es necesario ampliarlas. En lugar de expandir el castigo, deberíamos extender el sistema de prevención y protección de derechos, reservando a la pena su lugar de último recurso. Y aun cuando algunas opiniones sostienen que bajar la edad de imputabilidad podría servir para llevar los reaseguros de un proceso judicial al tratamiento de la situación de los menores, no hay razón probada que avale que el aumento del castigo a los menores sea necesario o indispensable para la mejor protección de las víctimas y de los jóvenes infractores. Sencillamente, si la idea es asegurar garantías y derechos, habilitar la vía penal no es la herramienta más razonable, ni la más útil, ni mucho menos una vía indispensable.
Ya existen varias experiencias concretas alternativas al castigo que demuestran que se puede tratar al joven infractor como sujeto de derechos y responsable de sus actos, a través de intervenciones socialmente más beneficiosas que el esquema penal, y mucho menos problemáticas. La ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, de hecho, ha estimulado el empleo de algunas de esas alternativas, como los programas de acompañamiento a los jóvenes en sus familias o comunidades de origen, o la reducción de los regímenes cerrados, sin mayores inconvenientes. Renunciar a este camino y en cambio hacer principales responsables penales a adolescentes y jóvenes sólo oscurece los deberes del Estado y de los adultos frente al delito juvenil: se trata de una buena manera de proclamar a los gritos la solución de un problema, mientras se trabaja cotidianamente para reproducirlo y ahondarlo.

3 ene. 2017

El caso de Milagro Sala como oportunidad de ponernos a prueba



http://panamarevista.com/el-caso-de-milagro-sala-como-oportunidad-de-ponernos-a-prueba/


Una aproximación instrumental a los derechos

El “molesto” caso de Milagro Sala representa, entre tantas otras cosas, un buen test acerca de nuestra disposición a discutir de buena fe, en términos conscientemente críticos, antes que prejuiciados y burdamente partidarios. Hoy por hoy, sin embargo, lo que parece primar, por muy lejos, es la insistencia en las confrontaciones binarias que priman en nuestro país desde hace años. Volvemos entonces a la oscilación entre las presentaciones salvíficas y demoníacas de Milagro Sala; a la dicotomía entre la Tupac Amaru como comando heroico o ejército de enloquecidos. Dado que estamos frente a sucesos por demás complejos y cargados de matices, que requieren de una atención especial y cuidadosa, mi primera observación –y también mi primera sugerencia- al adentrarme en el tema será la de dejar de lado las presentaciones que muestren al caso en cuestión -un caso sobre todo difícil- como uno fundamentalmente plano.

Desechar las aproximaciones unidimensionales, así como también los enfoques binarios, no implica pensar que la cuestión deba ser examinada tomando “el camino del medio,” por decirlo de algún modo. Entre la tortura y la no-tortura, entre la violación y el respeto de los derechos, no corresponde optar por una posición “intermedia,” sino por una postura categórica: en principio, las violaciones de derechos no resultan aceptables, nunca. La aclaración es importante para este caso, pero también para todos los casos que representa este caso.

Rechazar el simplismo implica rechazar asimismo la idea según la cual hay una “contradicción principal” que opaca a todas las “secundarias,” que significa en criollo que hay que hacer como que no existe la persecución de minorías indígenas, si es que se trata de minorías opositoras; tolerar el “apriete” a jueces, porque la causa es demasiado importante; o tomarse a la ligera la muerte de un fiscal, porque no era “propio” (presenciamos en estos meses el caso extraordinario de fiscales que en lugar de poner todas sus energías para avanzar sin concesiones en sus investigaciones, se mostraron desesperados por clausurarlas, sin permitir siquiera que las causas que debían impulsar fueran abiertas a prueba). Necesitamos repudiar todos esos hechos, por las mismas razones que nos llevan a repudiar la prisión preventiva o la condena de Milagro Sala. Necesitamos repudiar esa mirada utilitarista, instrumental de las personas y sus derechos, que nos conduce a tomar a los sujetos como “meros medios”, y a pensar a la acción política con independencia de principios y valores.

La prisión preventiva

Sobre la prisión preventiva que se le impusiera a Milagro Sala hace más de un año habrá que decir, en primer lugar, que dicha medida en la Argentina se administra, comúnmente, de modo gravemente abusivo. Bastante más de la mitad de los presos que se alojan en las cárceles argentinas se encuentran hoy privados de libertad sin condena (en algunas provincias, incluyendo a la de Buenos Aires, ellos superan al 80 por ciento). Esto es decir, nuestros presos sufren desde hace años condiciones de encierro inhumanas, sin estar condenados todavía. Milagro Sala, como una mayoría de presos en la Argentina, fue privada de su libertad de modo apresurado e injustificado. Debemos aprender a concebir a la prisión preventiva como un recurso último, que debe reservarse para casos extremos, como el que se da cuando el Estado no puede, de otro modo, garantizar la continuidad del proceso. Resistir la cárcel y la prisión preventiva en situaciones como la que aquí se examinan, entonces, debe ser también un modo de resistir los modos en que se piensa y administra la privación de la libertad en la Argentina. Un modo de resistir la arbitrariedad, la superficialidad, la irresponsabilidad, la imperdonable falta de justicia y apego a derecho con que se dispensan años de cárcel en nuestro país. En todo caso, tiene sentido enfocar de modo particular la atención en el asunto que involucra a Sala, en razón de la visibilidad de su situación, y por tratarse de una dirigente social de envergadura (volveré sobre eso). Pero conviene no olvidarlo: la mayoría de los presos en la Argentina son también, en un sentido relevante, Milagro Sala.

Sobre el específico caso de la prisión preventiva Milagro Sala, organismos de derechos humanos, nacionales y extranjeros (incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch y al secretario general de la OEA), levantaron el tono de sus críticas contra el Estado argentino, frente a las múltiples irregularidades demostradas por el mismo, al hacer efectiva la detención de aquella (i.e., el inicio de causas judiciales diversas, al solo fin de sostener una decisión tomada de antemano: asegurar la privación de la libertad de Sala). La respuesta del Estado frente a tales críticas fue la de insistir en que Sala debía permanecer en la cárcel, pese a las deficiencias del proceso, dado el “riesgo procesal” de que la líder de Tupac Amaru pudiera “presionar a testigos.” El aserto oficial no vino a negar sino a ratificar la desorientación de su iniciativa: primero, si Milagro Sala es tan poderosa como se lo indica, habrá que concluir que su organización será capaz de presionar testigos con ella dentro o fuera de la cárcel; segundo, no es en absoluto cierto que el Estado sea incapaz de proteger por otros medios a los testigos del caso, y así mantener intactas las condiciones de un proceso justo; y tercero, tampoco es claro que no pueda reducirse la capacidad de presión eventual de Milagro Sala, a través de medidas que no incluyan a la privación de la libertad como alternativa privilegiada. En definitiva: en este caso, como en casi todos, la prisión preventiva no resultó en ningún momento justificada.

Milagro Sala condenada

La condena recibida por Milagro Sala es en sí misma injusta, y lo es también por lo que implica y lo que quiere sugerir a futuro: se trata de penas que pretenden ser aleccionadoras acerca de una forma de hacer política, a la que se pretende desalentar. La forma política en la que Sala y su agrupación se involucraron en todos estos años incluye la acción social y la actividad comunitaria; y asimismo modos de presión y protesta que incorporan métodos de acción directa. Importa muchísimo, por supuesto, determinar si esas actividades sociales y agonales trajeron consigo la comisión de delitos. Sin embargo, en todo caso, ello es algo que debe probarse y no presumirse, y todo indica que en este caso el poder político, tanto como el judicial, actuaron a partir de certezas que precedieron siempre a la necesidad de corroborar lo presumido. Con algún agregado importante, y es que en general, y muy en particular en contextos como el nuestro, no basta con decir que alguien cortó una calle o arrojó un huevo a un político para concluir que ese alguien violó algún derecho, transgredió la Constitución o cometió un delito.

Por supuesto, es incorrecto pensar -como muchos han llegado a pensar, en nuestros tiempos- que “la protesta social no puede ser un delito”, tanto como considerar que por regla general sí lo es. Ambas formas de pensar constituyen, sin embargo, el punto de partida de nuestras escasas discusiones públicas sobre la materia, caracterizadas como dijéramos por el apuro, la falta de sofisticación y el prejuicio. En principio, habrá que decir que ningún juez debería apresurarse a condenar, antes que proteger, una protesta social. Mucho más, en el marco de una radical crisis en el sistema de la representación política como la que sufrimos -crisis de representación que entre otras cosas significa que los representantes no responden ni son en esencia sensibles a los esperables reclamos populares que reciben. La justicia, sobre todo, incumple con la tarea que se espera de ella cuando los reclamos sociales que se invocan en la protesta se vinculan con un esquema constitucional que se ufana de la generosidad de los derechos sociales y económicos que consagra. Debiera ser claro: si el Estado violenta los derechos que se jacta de asegurar (pongamos, el derecho a la vivienda), y luego se tabica ojos y orejas para no atender los reclamos que le llegan por sus incumplimientos, quien agravia al derecho es él, y no los que se quejan de sus faltas. Cuando la justicia, entonces, identifica en el que se queja, y no en el Estado, a la fuente del problema, revierte y pone cabeza abajo el papel que constitucionalmente ella tiene asignado: si algo le da sentido al carácter no-electoral de la justicia (lo que es compatible con decir que la organización de la justicia debiera repensarse de modo completo), ello es (y debiera ser) su disposición contra-cíclica, esto es, decir su particular sensibilidad frente a los reclamos de quienes alegan que el Estado incumplió con algunas de sus obligaciones jurídicas prioritarias. Por eso no resulta aceptable que la justicia se apresure en condenar al que se queja -como en el caso de Milagro Sala- en lugar de salir urgida a averiguar las razones de tales reclamos, para determinar si son ciertas las alegaciones que señalan al Estado como violador de los derechos que está obligado a garantizarnos.

Por lo dicho también, resulta de especialísima gravedad la inhabilitación de tres años que se le impone a Sala, de ocupar cargos en asociaciones sociales. En lo que ella puede, la justicia debe alentar, antes que socavar, la posibilidad de que las personas se agrupen para protestar por los derechos que les corresponden, y que militantes políticos y dirigentes sociales se involucren en dicha tarea. Ello así, aún si fuera cierto que quienes lideran las protestas se han equivocado o excedido en el ejercicio de sus quejas: es tan importante la tarea que tales dirigentes realizan (más todavía -insisto- en un contexto de crisis de representación y dificultad para la acción colectiva) que la justicia debería ayudar a corregir o reparar las faltas del caso, si las hubiera, sin afectar de ningún modo la continuidad de la tarea indispensable que realizan los movimientos sociales, en el resguardo de derechos que nos corresponden a todos.

Aclaraciones necesarias

Lo dicho hasta aquí deja planteadas decenas de dudas que merecen ser despejadas. En lo que sigue, por razones de tiempo y espacio, sólo podré tratar ocuparme de algunas de ellas, de modo breve.

Primero, la presunción que se le exige a la justicia a favor y no en contra de quienes reclaman por derechos vinculados con su subsistencia, es una presunción prima facie, obviamente reversible (por ejemplo, si alguien reclama de modo violento en nombre de derechos de los que carece -i.e., obtener un privilegio).

Segundo, el reclamo por un derecho justo no autoriza ni ampara la violación de los derechos de otros. Pero decidir las situaciones de conflictos entre derechos, requiere que seamos especialmente cuidadosos con los detalles: por qué derechos reclaman quienes reclaman (derechos de subsistencia?); qué gravedad tiene la afectación de derechos que los que se quejan han generado con sus protestas (lesiones graves? Desorden en el tránsito? Suciedad en las calles?); qué alternativas genuinas y no formales tenían para canalizar sus reclamos? (publicar una solicitada? Dejar un carril libre? Peticionar a representantes que han denegado reiteradamente sus razonables demandas?); qué responsabilidad tienen el Estado u otros particulares en la generación de las violaciones de derechos por las que se reclama?

Tercero, en contextos de injusticia y desigualdad como el nuestro, el poder judicial no sólo merece ser especialmente sensible frente a los reclamos básicos de los más vulnerables, sino particularmente protectivo de sus iniciativas de queja: en principio, la justicia debe resguardar antes que desalentar la protesta, en tanto ella desempeña una tarea pública y colectivamente importante, que incluye la de proveer a los magistrados de las señales sociales de alerta, que ellos necesitan, frente a la posible violación de los derechos que les toca custodiar.

Cuarto, un reclamo que afecta temporalmente el derecho de otros, puede constituir, eventualmente, una falta justificada, excusable o atenuada, y la justicia no puede actuar bajo la presunción de que ello no es así, o como si dicha falta en los medios de protesta empleados fuera capaz de desplazar del centro del conflicto a la eventual violación de derechos cometida por el Estado. Como ya sugiriera, todo lo contrario pareció ocurrir en el caso de Milagro Sala, en donde lo accesorio terminó desplazando a lo principal, y en donde la protesta pasó de ser actividad especialmente protegida a actividad prioritariamente desalentada.

Quinto, las faltas serias cometidas por quienes se quejan, en el marco de una protesta justificada, merecen ser tratadas por separado, y no como si ellas invalidaran las razones que pueden justificar la protesta del caso (como una agresión durante una huelga no invalida la huelga ni dice nada contra sus razones). Asimismo, resulta una aberración propia de nuestro razonamiento simplista pensar que todas las faltas de quienes protestan merecen una respuesta en esencia idéntica -típicamente, en nuestro caso, la privación de la libertad. Ello, ante todo, porque la privación de la libertad debe ser un ultimísimo recurso, y no el “comodín” con el que respondemos frente a cualquier falta. Ello, además porque los casos que hoy reciben la misma respuesta son, en principio, demasiado diferentes entre sí –hay un mundo de distancia entre el asesinato de un enemigo, y el arrojarle huevos. Lo primero resulta inaceptable, mientras que lo segundo resulta poco significativo (en todo caso, susceptible de un reproche muy menor).

Sexto, el especial poder del que gozara Milagro Sala, en los años del kirchnerismo, ofrece razones especiales para prestar atención a los abusos y violaciones que pudieran haberse cometido en esos años: Sala condujo entonces a un grupo que contó con recursos extraordinarios (que permitieron hablar de un poder equivalente o superior al del gobernador de la Provincia), provenientes de modo directo del Estado central, y puso en marcha una práctica política que disputó el control monopólico estatal del aparato coactivo. Hay presunciones y denuncias que sugieren que en esos años se cometieron daños graves (incluyendo amenazas, usos de la fuerza, y aún la muerte de opositores), que deben ser investigados y eventualmente sancionados. El lugar ocupado por Sala durante el gobierno anterior fue el del poder, con dinero y armas, y resulta inaceptable que se minimicen o ridiculicen las acusaciones que se han hecho al respecto. Esas supuestas violaciones de derechos ocurridas en tales años deben, simplemente, investigarse, porque a todos nos interesa determinar si ellas fueron ciertas. Asumir esta actitud implica desembarazarse, otra vez, de los prejuicios mencionados al comienzo de este ensayo: asumir que la “contradicción principal” (Sala como cuestionadora de un modo injusto de ejercer el poder) desplaza, anula o torna insignificantes las preocupaciones que resulten de las “contradicciones secundarias” (Sala como líder de un grupo que ejercía la violencia contra sus opositores).

Séptimo, tanto la enemistad política manifestada por el gobierno de Jujuy hacia Sala, como el carácter de Sala de dirigente comunitaria, dan razones adicionales de peso a favor de una protección especial hacia la última: hay obvios motivos para pensar que la líder de la Tupac Amaru va a ser perseguida por el poder de turno: y por lo tanto hay motivos especiales, particularmente urgentes e intensos, para resguardarla frente a cualquier embate que pudiera sufrir de parte del actual oficialismo.

Octavo, los sesgos de que puede acusarse al aparato judicial de Jujuy son injustificables, como lo es el copamiento político de los poderes judiciales locales que se advierte en casi todas las provincias del país. Resulta ofensivo, en todo caso, que los mismos dirigentes políticos y periodistas que han sido directamente responsables, por su acción u omisión, de la colonización de la justicia en casi todo el país, en casi todos los niveles, en los últimos años, hablen hoy de la falta de independencia judicial en Jujuy, luego de una década de silencio. Resulta igualmente inaceptable que se hable hoy de una “ofensiva judicial” contra el gobierno anterior, sin tomar nota de que esa supuesta ofensiva está liderada por los jueces inidóneos nombrados por aquel gobierno, que hoy siguen desplegando las artimañas que hasta ayer eran festejadas o silenciadas.

En el marco de este tipo de complejas disputas, entonces, conviene preguntarse lo siguiente: Es que existe espacio, en la actualidad, para defender a Milagro Sala, criticar su prisión preventiva, objetar la inaceptable condena que se le ha impuesto, e impugnar al desempeño del poder público frente al caso, sin abdicar de principios, sin volver a las aproximaciones “instrumentales” sobre las personas y sus derechos? Necesitamos, de una vez por todas, repudiar la idea de que la injusticia o el sufrimiento de los demás se miden conforme al modo en que encajen, se ajusten o sirvan a la causa que más nos interesa.